El Gobierno de Javier Milei confirmó este jueves que enviará al Congreso el acuerdo comercial firmado con Estados Unidos, amparándose en lo establecido por la Constitución Nacional, luego de haber rubricado el tratado junto a la administración de Donald Trump. Sin embargo, el anuncio llega envuelto en fuertes cuestionamientos por la falta de reciprocidad, la escasa transparencia y el impacto potencial sobre la soberanía económica y productiva del país.
«El Presidente de la Nación confía en que los legisladores entiendan la responsabilidad que tienen por delante para estar a la altura de esta oportunidad sin precedentes», señaló el Ejecutivo en un escueto comunicado. La frase, lejos de disipar dudas, fue leída por sectores políticos y económicos como una presión directa sobre el Congreso para convalidar un acuerdo que no expone mayores beneficios para el país.
El acuerdo comercial con EE.UU., cuyo marco había sido anunciado en noviembre pasado, es presentado por el Gobierno como un hito de la gestión libertaria y como una consolidación de la «relación estratégica» con Washington. No obstante, distintos análisis advierten que se trata de un esquema profundamente desbalanceado, en el que Argentina asume la casi totalidad de los compromisos mientras que las concesiones estadounidenses resultan difusas, condicionadas o directamente inexistentes.
De acuerdo con el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, el Congreso tiene la facultad de aprobar o rechazar tratados internacionales. En ese marco, el envío del acuerdo al Parlamento abre un debate sensible no solo por su contenido económico, sino también por sus implicancias institucionales, ya que varios de los compromisos asumidos afectarían atribuciones propias del Poder Legislativo y de las provincias, titulares de los recursos naturales.
Si bien todavía no hay fecha definida para su tratamiento, se espera que el proyecto ingrese en la Cámara de Diputados en los próximos días, en un contexto legislativo cargado: este mismo jueves tomó estado parlamentario el acuerdo Mercosur–Unión Europea. El Gobierno anticipa que dará prioridad al entendimiento con Estados Unidos, al que considera una pieza central de su alineamiento internacional.
Un acuerdo con beneficios difusos y concesiones concretas
Entre los puntos más relevantes del tratado se destacan la reducción de aranceles para productos estadounidenses, la eliminación de barreras no arancelarias, la apertura del mercado agrícola argentino, la aceptación de normas sanitarias y técnicas de EE.UU., y el compromiso de facilitar el comercio digital y la transferencia de datos personales bajo jurisdicción norteamericana.
Sin embargo, los datos comerciales muestran que Argentina mantiene un superávit mínimo con Estados Unidos y que gran parte de sus exportaciones corresponden a productos primarios, mientras que las importaciones se concentran en sectores industriales sensibles como químicos, maquinaria, medicamentos y tecnología. En ese contexto, especialistas advierten que el acuerdo podría revertir rápidamente ese saldo y profundizar la dependencia externa.
También genera alarma la aceptación automática de certificaciones de organismos estadounidenses como la FDA, lo que implicaría un desplazamiento de los controles locales (ANMAT, SENASA, INAL) y una pérdida de soberanía regulatoria difícil de revertir a futuro. Algo similar ocurre con la apertura al ingreso de ganado bovino vivo, carnes, lácteos y aves de corral, con posibles impactos sobre la producción local y los precios internos.
Consideraciones clave a tener en cuenta
- Falta de reciprocidad: el acuerdo se presenta como bilateral, pero en los hechos impondría obligaciones casi exclusivamente a la Argentina, sin detallar beneficios equivalentes por parte de EE.UU.
- Riesgo para la industria nacional: la apertura irrestricta a bienes industriales estadounidenses amenaza sectores estratégicos como medicamentos, maquinaria, automotriz y tecnología.
- Pérdida de soberanía regulatoria: se priorizan normas y estándares de EE.UU. por sobre los nacionales y regionales (Mercosur).
- Impacto constitucional: el acuerdo avanza sobre atribuciones del Congreso y de las provincias, especialmente en materia aduanera, comercial y de recursos naturales.
- Minerales críticos y energía: se facilita el acceso estadounidense a recursos estratégicos como litio y uranio sin garantías de valor agregado local.
- Posible conflicto comercial: Argentina queda alineada a la estrategia de EE.UU. contra China, con posibles represalias y pérdida de mercados.
En este escenario, el debate parlamentario aparece como una instancia clave para determinar si el acuerdo representa una verdadera oportunidad de desarrollo o, como advierten numerosos analistas, una cesión sin precedentes de soberanía económica, productiva y política.
Con información de Ámbito financiero y un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA)
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