La empresa belga Jan de Nul se quedó con la licitación para operar la Hidrovía Paraná-Paraguay, en lo que el Gobierno nacional considera la privatización más importante de la gestión de Javier Milei. La concesión definirá quién controlará durante las próximas décadas el principal corredor fluvial por donde circula cerca del 80% de las exportaciones agroindustriales del país.
La adjudicación se resolvió tras la apertura de las ofertas económicas entre Jan de Nul y la firma belga DEME, las dos compañías que habían superado la evaluación técnica impulsada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. Según trascendió, Jan de Nul logró imponerse luego de obtener una mejor puntuación integral en el proceso licitatorio.
La Hidrovía, una vía estratégica para el comercio exterior
La llamada Vía Navegable Troncal conecta los puertos del río Paraná y del Río de la Plata con el océano Atlántico. Se trata de un corredor clave para la economía argentina y regional, ya que concentra gran parte de las exportaciones agrícolas e industriales del Mercosur.
El nuevo esquema de concesión contempla obras de dragado, balizamiento y mantenimiento por al menos 25 años. Además, prevé inversiones millonarias para profundizar el calado y mejorar la capacidad operativa del sistema portuario argentino. El negocio incluye ingresos anuales superiores a los 600 millones de dólares por peajes.
Desde el oficialismo sostienen que la iniciativa permitirá modernizar la infraestructura y reducir costos logísticos para las exportaciones. Sin embargo, sectores opositores y organismos de control cuestionaron distintos aspectos del proceso licitatorio.
Denuncias y cuestionamientos al proceso licitatorio
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) advirtió sobre presuntas irregularidades en la redacción de los pliegos y cuestionó la falta de estudios de impacto ambiental integrales. También señaló problemas vinculados a las cláusulas anticorrupción y a los mecanismos de evaluación de ofertas.
En paralelo, sectores de la oposición reclamaron suspender el proceso y exigieron mayores garantías de transparencia. El diputado Jorge Taiana presentó un proyecto para solicitar una nueva instancia de participación ciudadana y controles más estrictos sobre la concesión.
A pesar de las críticas, el Gobierno avanzó con la adjudicación y consolidó una de las principales apuestas de privatización y desregulación económica impulsadas por la administración libertaria.
