El Gobierno nacional atraviesa un nuevo foco de tensión institucional con la salida de Marco Lavagna del INDEC y la designación de Pedro Lines como nuevo director del organismo estadístico. El recambio, confirmado este lunes por el ministro de Economía Luis Caputo, expone las internas del oficialismo y reaviva las sospechas sobre la credibilidad de los datos de inflación en un momento clave para el relato económico de la gestión de Javier Milei.
Caputo admitió que el Gobierno decidió postergar la aplicación de la nueva fórmula de medición de la inflación, que estaba prevista para el 10 de febrero, y reconoció que esa decisión fue determinante en la renuncia de Marco Lavagna. Según el ministro, el ahora ex titular del INDEC pretendía implementar de inmediato el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), mientras que el Presidente Javier Milei y el equipo económico optaron por esperar a que el proceso de desinflación “esté totalmente consolidado”.
El argumento oficial apunta a evitar cuestionamientos políticos futuros. Caputo sostuvo que un cambio metodológico en pleno descenso inflacionario podría alimentar la crítica de que la baja de precios no respondió a las políticas del Gobierno sino a una modificación técnica del índice. Sin embargo, esa explicación convive con un escenario mucho más delicado: el propio Banco Central reconoció que, de haberse aplicado antes el nuevo IPC, la inflación de los últimos dos años habría sido más alta.
Ese reconocimiento, plasmado en el último Informe de Política Monetaria del BCRA, fue el detonante final de una crisis que venía gestándose dentro del INDEC. El documento admite que la nueva canasta de consumo otorga mayor peso a los servicios públicos —electricidad, gas, alquileres y expensas—, rubros que registraron fuertes aumentos tras la recomposición tarifaria iniciada en 2024. Con esos ponderadores actualizados, los índices oficiales habrían mostrado cifras sensiblemente superiores a las difundidas.
La renuncia de Lavagna se produjo además en un clima interno enrarecido, marcado por conflictos salariales, malestar entre los trabajadores del organismo y la salida previa de funcionarios clave. En agosto de 2025 habían dimitido Guillermo Manzano, director del IPC y uno de los arquitectos de la nueva metodología, y Georgina Giglio, responsable de la medición de inflación. A ese goteo se sumaron cuestionamientos técnicos por revisiones retroactivas de series estadísticas y por la difusión de datos de actividad económica y pobreza que diversos especialistas consideran sobrerrepresentados.
El caso pone en jaque uno de los pilares discursivos del Gobierno: la inflación como principal indicador de éxito del programa económico. Mientras Milei y Luis Caputo sostienen que el ajuste fiscal y el fin de la emisión garantizan una convergencia “inevitable” hacia niveles internacionales, la postergación del nuevo IPC y la salida de quienes lo diseñaron alimentan las sospechas de manipulación o, al menos, de conveniencia política en la administración de los datos.
La llegada de Pedro Lines al frente del INDEC abre ahora una etapa de incertidumbre. Con el índice actual prorrogado y el nuevo IPC en suspenso, el organismo queda en el centro de una disputa que excede lo técnico y se adentra de lleno en el terreno político. En un contexto de ajuste, pérdida de poder adquisitivo y conflictividad social, la credibilidad de las estadísticas oficiales vuelve a ser un frente sensible para un gobierno que hizo de la “verdad de los números” una bandera, pero que hoy enfrenta crecientes dudas sobre cómo y cuándo decide mostrarlos.
Con información de Página 12 y LPO.
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