El odio ya no se esconde, tampoco la violencia. Los últimos datos del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+ muestran un incremento del 70% en los ataques violentos contra personas lesbianas, gays, bisexuales y trans durante el primer semestre de 2025. Pero si bien alarmante, la cifra es hasta previsible si se la mira en el contexto político actual: un Presidente que en foros internacionales habla de “virus mentales”, que en Davos llama “cáncer” a la “ideología progresista” y que señala al colectivo LGBT+ como enemigo público.
Durante los primeros 6 meses del 2024, se habían contabilizado 60 casos, este año son 102. Las más afectadas son las mujeres trans, que representan un 70,6% de las víctimas. Les siguen varones gays (16,7%), lesbianas (6,9%), varones trans (4,9%) y personas no binarias (1%).
Violencia que mata y violencia que marca
Del total, el 16,7% fueron ataques que derivaron en la muerte de la víctima: asesinatos, suicidios o muertes por violencia estructural (una forma de violencia que mata a fuego lento, privando de derechos básicos como vivienda, trabajo y salud, y que recae con mayor fuerza sobre las personas trans). El restante 83,3% fueron casos de violencia física grave que no derivaron en la muerte, aunque muchas veces dejaron secuelas físicas y emocionales permanentes.
Dentro de las muertes, más de la mitad (52,9%) fueron de mujeres trans. El informe incluso recalca que “La violencia hacia la comunidad LGBT+ en Argentina está particularmente dirigida: son las mujeres trans quienes concentran la forma más brutal del odio y la discriminación estructural”.
Con respecto a las edades (en aquellos casos en los que se logró registrar este dato), se observa que la franja etaria más afectada fue la de personas de entre 20 y 29 años, que concentra el 45,16% de los casos. En segundo lugar, con el 19,35%, se encuentra la franja de 40 a 49 años. Le sigue el grupo de 30 a 39 años, con el 16,13%, mientras que las franjas de 10 a 19 años y 50 a 59 años representan cada una el 6,45%. Por último, se registraron casos en los grupos de 60 a 69 años y 70 a 79 años, ambos con el 3,23.
Un Estado que agrede y el discurso presidencial como chispa
Pero si hay un dato que desnuda la magnitud del problema es este: en el 64,7% de los casos el responsable de la violencia fue el propio Estado. La mayoría de ellos (52,9% del total general) cometidos por personal de fuerzas de seguridad en ejercicio de sus funciones. El resto, en dispositivos estatales no policiales que actuaron con violencia directa o por omisión. El mismo Observatorio admite que: “Lejos de brindar protección, el Estado se configura como uno de los principales agentes reproductores de violencia hacia la diversidad sexual”.
María Rachid, Presidenta de la Federación Argentina LGBT+, señaló la conexión entre estos números y la figura presidencial: «los discursos de odio y la profundización de la violencia en los discursos de odio hacia nuestra comunidad avalados y legitimados por los discursos de odio del Gobierno Nacional, específicamente del Presidente de la Nación». Rachid cuestionó que Milei «señaló a la comunidad LGBT como enemiga» y no dejó pasar el discurso en el foro económico de Davos, donde pidió «extirpar de la Tierra al movimiento woke» que lucha por los derechos de las mujeres, las diversidades y el medioambiente.
La conexión entre discursos y violencia también la advierte el Diputado Nacional Esteban Paulón: “Las fuerzas de seguridad están desatadas y piensan que está todo habilitado. Eso es un problema porque son las que tienen el monopolio del uso de la fuerza, son las que tienen las armas en la mano y si perciben que el colectivo LGBTIQ+ es un blanco específico del gobierno, ¿por qué no habrían de actuar incrementando la violencia hacia esos sectores?”. Cuando el mensaje proviene del jefe de Estado, se amplifica, se legitima y se naturaliza. Lo que era odio soterrado encuentra vía libre para expresarse, muchas veces, con violencia física.
El caso que expuso todo: el triple lesbicidio de Barracas
En mayo del 2024 Pamela Fabiana Cobbas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante fueron asesinadas por su vecino, Justo Barrientos, en un hotel familiar de Barracas. Las atacó porque junto a la única sobreviviente, Sofía Castro Riglos, eran dos parejas de lesbianas, a las que llamaba “engendros” y “tortas” por esta misma razón. La madrugada del ataque, arrojó una bomba molotov a la habitación donde dormían. Cuando algunas lograron salir envueltas en llamas, él las golpeó y empujó de nuevo hacia el fuego.
Las 4 mujeres compartían una habitación en condiciones de hacinamiento. Desde el colectivo Autoconvocades Lesbianes por Barracas lo describieron así: “No fue un hecho cualquiera. Fue un acto de odio hacia las lesbianas. El crimen ocurrió donde diariamente las identidades LGTBQI+ somos foco del aumento de la violencia”. Sin embargo, al ser consultado sobre el triple crimen, el vocero presidencial Manuel Adorni intentó diluirlo en un “todas las víctimas importan”. No mencionó el componente de odio, ni el hecho de que fueron asesinadas por su orientación sexual. Esa invisibilización, advierten especialistas, es otra forma de legitimar el problema.
La trampa de la invisibilización
Negar que un crimen es de odio es tan peligroso como el odio mismo. Diluir a un grupo perseguido en un genérico “todas las víctimas” borra las causas reales y evita la discusión social necesaria. Es lo que pasó con el triple lesbicidio de Barracas. También lo que sucede cuando, ante un ataque contra una persona LGBT+, en redes sociales se responde con casos como el de Lucio Dupuy, intentando equiparar víctimas con victimarios para justificar prejuicios.
Esta dinámica es funcional a gobiernos que necesitan chivos expiatorios para explicar problemas estructurales. Como recuerda el Observatorio, el porcentaje del PBI destinado a políticas de género es ínfimo, pero eso no impide que se demonice al feminismo y a la “agenda LGBT” como responsables de males económicos o sociales. El aumento del 70% en los crímenes de odio no es un dato aislado. Es el resultado de un clima social en el que desde el poder se demoniza, se recorta y se borra. Un clima donde el Estado no solo falla en proteger, sino que agrede. Y donde un discurso presidencial no se queda en palabras: baja a la calle, arma a los prejuicios y deja, cada vez más seguido, cuerpos sobre el asfalto.
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