En lo que va de 2025, Chaco ya suma ocho femicidios. No son solo cifras frías; son nombres, historias y familias quebradas. Son niñas, adolescentes y mujeres adultas asesinadas por razones de género, en su mayoría por hombres cercanos a ellas. Lo alarmante no es únicamente la reiteración de los crímenes, sino también la pasividad institucional frente a una tragedia que se repite, año tras año, sin que se adopten políticas públicas efectivas que estén a la altura de las circunstancias.
Desde la sanción de la Ley 26.791 en 2012, Chaco acumula al menos 124 femicidios, y los registros de 2025 ya igualan los del mismo período de años anteriores. Sin embargo, la gestión provincial de Leandro Zdero parece mirar hacia otro lado.
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Un gobierno ausente frente a la violencia machista
Ni discursos firmes, ni medidas de prevención, ni un acompañamiento real. Lo que reina es el silencio o, peor aún, la indiferencia. Mientras las organizaciones feministas y sociales sostienen el reclamo por políticas públicas, desde el Gobierno de Zdero no hay señales claras de una voluntad política para enfrentar esta problemática con decisión.
La falta de respuestas estructurales en Chaco se agrava en un contexto nacional marcado por el desmantelamiento de políticas de género impulsado por el Gobierno de Javier Milei. La reducción drástica del presupuesto para programas esenciales como el Plan ENIA, la línea 144 o la distribución de anticonceptivos, es replicada con una peligrosa naturalidad por varias provincias. En Chaco, esa naturalización se traduce en inacción.
Ni planes de prevención, ni políticas de acompañamiento sostenidas para mujeres en situación de violencia, ni recursos asignados a refugios o patrocinio legal gratuito. La gestión provincial tampoco garantiza estadísticas en tiempo real, dejando a las organizaciones sociales y medios locales la tarea de registrar cada muerte, cada alerta, cada ausencia.

Un Estado que llega tarde, o directamente no llega
Desde Ni Una Menos Chaco alertan con razón que «prevenir salva vidas, y es menos costoso que llegar tarde». Pero en esta provincia el Estado llega siempre tarde (cuando llega). La falta de una red de contención y de una estrategia interinstitucional coordinada deja a mujeres y disidencias completamente desprotegidas.
Las consecuencias son trágicas: niñas de 13 años asesinadas por vecinos, mujeres asesinadas por ex parejas, víctimas que habían denunciado y que no fueron escuchadas. Todo ocurre en un marco de impunidad y burocracia que revictimiza y expone aún más a quienes deberían estar protegidas.

¿Dónde está la decisión política?
El problema no es la falta de diagnósticos. La sociedad chaqueña ya identificó las fallas. El problema es la falta de decisión política. Leandro Zdero asumió el compromiso de gobernar una provincia con graves índices de violencia de género. Pero hasta ahora no ha mostrado capacidad, ni voluntad, ni convicción para abordar este drama.
No hay áreas de género fortalecidas, no hay líneas de acción pública masiva, no hay campañas de sensibilización, ni articulación con el sistema judicial. Lo que hay es una inercia peligrosa, donde la vida de las mujeres parece no ser una prioridad. Y mientras tanto, los femicidios siguen. El dolor también.

¿Emergencia nacional y provincial?
Desde organizaciones como MuMaLá se plantea declarar la emergencia por violencia de género. El pedido es urgente, necesario y debería ser escuchado también por las autoridades chaqueñas. Declarar la emergencia implica asignar recursos, fortalecer programas, capacitar a las fuerzas de seguridad y al Poder Judicial, articular con municipios y organizaciones. Implica reconocer que hay una guerra silenciosa contra las mujeres y que el Estado no puede seguir actuando como espectador.
La consigna «Vivas nos queremos» no puede seguir siendo solo un grito de la calle. Debiera traducirse en acción, en políticas públicas, en presupuesto, en compromiso institucional. En Chaco, ocho mujeres fueron asesinadas en lo que va del año. Y la única respuesta del Gobierno provincial ha sido el silencio.
Mientras no haya una respuesta integral, mientras no se comprenda que la violencia de género es una problemática estructural y no un hecho aislado, las estadísticas seguirán creciendo y las víctimas seguirán sumándose a una lista que debería escandalizarnos a todos. Porque no hay libertad ni justicia posible en una provincia donde ser mujer sigue siendo una amenaza.
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