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Sábado 12 de julio de 2025
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El ajuste también sangra: menstruar cuesta más de $100.000 al año

Mientras los productos de gestión menstrual aumentaron más de 6.000% en siete años, el gobierno eliminó el programa MenstruAR y otras políticas clave. Menstruar en Argentina hoy es una carga económica que golpea con fuerza a mujeres y personas menstruantes en situación de vulnerabilidad.

Mientras los productos de gestión menstrual aumentaron más de 6.000% en siete años, el gobierno eliminó el programa MenstruAR y otras políticas clave. Menstruar en Argentina hoy es una carga económica que golpea con fuerza a mujeres y personas menstruantes en situación de vulnerabilidad.

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En la Argentina de 2025, menstruar es un privilegio. Con una inflación que sigue en aumento y las políticas de cuidado siendo arrasadas por el Gobierno de Javier Milei, gestionar la menstruación de forma digna y segura se convirtió en otro derecho perdido. Según el último informe del colectivo EcoFeminita, menstruar cuesta en promedio entre $78.000 y $100.000 al año por persona, dependiendo del producto utilizado. Y eso sin contar analgésicos, ropa interior absorbente o copas menstruales, que aunque más sustentables, requieren un gasto inicial elevado.

En marzo de este año, EcoFeminita publicó la quinta edición del informe “¿Cuánto cuesta menstruar?”, realizado en el marco de la campaña #MenstruAcción. El cálculo se basa en un análisis de más de 60.000 precios de tampones y toallitas recolectados en todas las provincias a través de un scraper automático en la plataforma Precios Claros. Los datos promedios son:

  • Toallitas: $273,97 por unidad, con un gasto anual de $78.355,77
  • Tampones: $351,61 por unidad, con un gasto anual de $100.561,52

Los cálculos se basan en un promedio de 13 ciclos menstruales al año y 22 productos por ciclo. La metodología además pondera el promedio provincial de precios según el porcentaje de personas menstruantes estimado a partir de los datos del INDEC.

Una carga invisible, pero real

Casi en simultaneidad con la publicación de estos datos, el Presidente Javier Milei eliminó el programa MenstruAR, una política pública creada para garantizar el acceso gratuito a productos de gestión menstrual en sectores vulnerables. La medida fue presentada por el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, como una muestra de eficiencia: “Eliminamos 13 programas ideológicos creados por el kirchnerismo, entre ellos el insólito MenstruAR”, escribió en sus redes.

Para millones de personas, este programa significaba salud y dignidad, pero para La Libertad Avanza es “un gasto innecesario”. “Menstruar no es ideología, es una función fisiológica que no se puede postergar”, responde la Concejala salteña Malvina Gareca, quien recientemente presentó un informe que ubica el gasto mensual en productos de gestión menstrual en $11.773, es decir, un 10% de la Canasta Básica Alimentaria de una persona adulta.

Y esto es solamente si contamos a una sola persona que menstrua según el promedio. En hogares donde menstrúan 2 personas, el gasto asciende a más de $280.000 al año, una cifra que compite con servicios esenciales como la electricidad, el gas o la comida.

Tampón y copa menstrual, dos elementos utilizados para gestionar la menstruación.

La inflación también sangra

Desde la primera estimación realizada por EcoFeminita en 2019, la canasta básica menstrual aumentó un 6.383%, muy por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, a la inflación general se suma el hecho de que estos productos pagan 21% de IVA, el mismo que grava un producto suntuario o de lujo. “Ese impuesto penaliza una necesidad biológica”, sostiene Gareca, quien impulsa desde hace años la eliminación del IVA a los productos de gestión menstrual.

Aunque iniciativas legislativas en ese sentido han sido presentadas, ninguna logró avanzar en el Congreso Nacional. Y en el contexto actual, con un Gobierno Nacional que eliminó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y que niega la existencia misma de las desigualdades de género, las chances de que se impulse una política fiscal con perspectiva menstrual son prácticamente inexistentes.

El Estado ausente

En la Argentina, cerca del 40% de la población vive bajo la línea de pobreza. El acceso a productos de higiene menstrual no es uniforme y, según estudios de la Defensoría del Pueblo (2020) y UNICEF (2021), entre el 10% y el 47% de las personas menstruantes dejaron de asistir al trabajo, la escuela o actividades sociales por no poder costear los insumos. La menstruación, entonces, se convierte en una barrera más que profundiza la exclusión.

Frente a la ausencia del Estado nacional, algunos municipios intentan tomar la posta. En la ciudad de Salta, por ejemplo, rige desde 2022 la Ordenanza 15.993, que creó el Programa Municipal de Gestión Menstrual. Este prevé la entrega gratuita de productos en escuelas, comedores, hospitales y centros comunitarios. “No alcanza, pero marca un camino”, resume Gareca.

La concejala también propone la creación de un observatorio municipal de precios y acceso a la canasta básica menstrual, campañas educativas y la promoción de productos reutilizables como la copa menstrual, aunque reconoce que solo el 12% de las personas menstruantes en el país la utilizan. El principal obstáculo es económico, pero también hay resistencias culturales, falta de información y problemas de infraestructura, como el acceso a baños limpios, agua potable o privacidad para el uso y mantenimiento de estos dispositivos.

El Gobierno Nacional eliminó el programa MenstruAR.

La motosierra contra los derechos

Las decisiones del gobierno de Milei en materia de género no se limitan a la eliminación de MenstruAR. En su gestión se desmantelaron al menos 13 programas públicos con enfoque de género, muchos de los cuales cumplían funciones centrales en la atención de desigualdades estructurales. La motosierra libertaria, celebrada como símbolo de “libertad” y eficiencia, también se llevó puesta políticas fundamentales para millones de mujeres y personas LGBTIQ+.

La falta de una política menstrual integral no es una omisión, es una decisión política por parte del Gobierno Nacional. El acceso a productos de gestión menstrual no forma parte de las prioridades del gobierno, pero tampoco la salud sexual, los derechos reproductivos o cualquier tipo de intento de igualar la brecha de género.

Menstruar no debe ser un privilegio

La gestión menstrual es una cuestión de derechos humanos. Así lo reconocen organismos internacionales como la ONU, que recomiendan a los Estados adoptar medidas para garantizar el acceso universal a insumos seguros, asequibles y sustentables. En Argentina, sin embargo, menstruar se volvió otro de los tantos lujos que la población no puede permitirse.

En palabras de Gareca: “el Estado no puede correrse del deber de garantizar el acceso a derechos básicos. Menstruar no debe ser un privilegio. La gestión menstrual debe reconocerse como un derecho humano que garantice equidad, salud y dignidad”.

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