La función pública exige transparencia, coherencia y responsabilidad ante la ciudadanía. Sin embargo, la administración de Atilio Basualdo al frente de la Intendencia de Las Lomitas acumuló una serie de episodios que generan dudas legítimas sobre su manejo administrativo y sus alianzas políticas.
Si bien es cierto que la infraestructura de la ciudad contó con obras públicas que mejoraron la infraestructura y calidad de vida, desde el peronismo local, fuerza a la que Basualdo pertenecía antes de alinearse con Javier Milei, se indicó que esto fue gracias a fondos provinciales e iniciativas del Gobernador Gildo Insfrán, mientras que la gestión local presenta varias irregularidades.
El actual Intendente ha sido señalado en diversos cuestionamientos hacia su figura que lo ponen en la mira. De cara a los próximos comicios se presentará por el partido La Libertad Avanza como candidato a Convencional Constituyente a nivel provincial. Por su parte, en Las Lomitas sus concejales estarán alineados también al partido vinculado a Javier Milei y hasta el momento con fondos nacionales no se hizo ninguna obra.
Vínculos con prófugos y violencia institucional
Uno de los hechos más graves es su asociación pública con Amancio Tapiceno, prófugo de la Justicia, acusado de atropellar a 10 policías durante una protesta de una comunidad aborigen sobre la Ruta 28. La fotografía de Basualdo junto a este individuo, difundida durante una asamblea de comunidades originarias el 25 de mayo, no fue debidamente aclarada. Lo más preocupante es que, según investigaciones periodísticas, Tapiceno sería empleado municipal, lo que sugiere una posible protección institucional. ¿Por qué un funcionario público mantiene vínculos con alguien acusado de un ataque contra las fuerzas de seguridad?
Denuncias por corrupción y malversación de fondos
Pero este no es el único escándalo que rodea a Basualdo. En los últimos años, su gestión ha sido señalada por:
- Presuntas irregularidades en licitaciones: Organizaciones vecinales y concejales opositores han denunciado sobreprecios en obras públicas y adjudicaciones directas a empresas allegadas al oficialismo.
- Desvío de subsidios: En 2022, se investigó el destino de fondos nacionales destinados a asistencia social, que habrían sido utilizados con fines políticos.
- Abandono de obras clave: Proyectos como el acueducto de Las Lomitas, vital para el acceso al agua potable, llevan años de demoras sin justificación clara.
Represión a protestas sociales y persecución política
Además, su administración ha sido acusada de reprimir manifestaciones, especialmente aquellas vinculadas a reclamos indígenas y campesinos. En 2023, organizaciones de derechos humanos denunciaron que la municipalidad retiró asistencia alimentaria a familias críticas con la gestión local, usando la ayuda social como herramienta de presión.
¿Un candidato confiable para La Libertad Avanza?
Ahora, Basualdo se proyecta como candidato a Convencional Constituyente por La Libertad Avanza, desde donde promete «transparencia y renovación política», pero las denuncias contradicen su discurso de renovación política y siembran dudas sobre su idoneidad.
Otro de los casos más resonantes es la presunta usurpación de una vivienda del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) en el barrio Eva Perón. Vecinos denuncian que Atilio Basualdo y su hijo Pablo (Presidente del HCD) habrían «tomado» una casa destinada a una ex empleada de su empresa de cable para cederla a un «amigo especial de la familia», quien además sería candidato a Concejal por su espacio político.
El silencio oficial: ¿estrategia?
Ante estas acusaciones, la administración de Basualdo ha mantenido un llamativo silencio. No ha habido comunicados oficiales que aborden las denuncias específicas, ni tampoco conferencias de prensa para responder a las preguntas de la ciudadanía y los medios. Esta falta de transparencia agrava aún más la situación y alimenta la desconfianza.
En un contexto electoral donde la credibilidad de los candidatos resulta fundamental, corresponde preguntarse si estas situaciones no ameritan una profunda reflexión por parte de todos los actores políticos involucrados. La función pública exige no sólo capacidad de gestión, sino también integridad moral y voluntad de rendir cuentas. Estos valores parecen estar en juego en el actual escenario político de Las Lomitas.
Finalmente, corresponde a los organismos de control, a la justicia y, en última instancia, a los ciudadanos en las urnas, determinar el peso real de estas denuncias y decidir qué tipo de representación merecen. Lo que está claro es que el silencio y la opacidad nunca son buenos consejeros para quienes aspiran a liderar las instituciones públicas.
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