Sobre las mesas de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Representantes se acumulan proyectos que, de convertirse en ley, cambiarían de manera profunda la forma en que los misioneros eligen a sus gobernantes: una nueva boleta, menos listas internas, un calendario más previsible y exigencias de integridad para los candidatos.
Una boleta, más orden en el cuarto oscuro
El cambio más visible para el ciudadano de a pie llegaría con la Boleta Única por Agrupación Política. El proyecto reemplaza el sistema actual, donde el cuarto oscuro puede llenarse de decenas de papeletas correspondientes a distintas listas internas de un mismo espacio político, por un único instrumento de votación por agrupación.
La boleta tendría 30 centímetros de ancho por 25 de alto, impresión a color con fotografías de los candidatos y estaría dividida en dos secciones claramente diferenciadas. La parte superior concentraría los cargos provinciales — gobernador, vicegobernador y diputados —, mientras que la inferior organizaría en columnas los candidatos municipales de cada sublema: intendente, viceintendente, concejales y, donde corresponda, defensor del pueblo. El elector marcaría en un casillero su opción municipal, y ese mismo gesto lo vincularía automáticamente con la lista provincial del mismo espacio político.
El diseño busca reducir la confusión, agilizar el voto y garantizar igualdad visual entre todas las fuerzas en competencia. También se proyecta una reducción significativa en los costos de impresión y logística, al eliminar la multiplicidad de boletas separadas que hoy caracterizan a los comicios bajo el sistema de lemas.
Cuatro sublemas como techo
Ligada directamente al rediseño de la boleta, la reforma fija en cuatro el número máximo de sublemas que cada lema podrá inscribir por municipio. La medida apunta a ordenar una oferta electoral que, en algunos distritos, llegó a fragmentarse en un número difícil de procesar para el votante común.
Los impulsores del proyecto sostienen que el límite no recorta la participación política sino que la racionaliza: cuatro expresiones internas por espacio siguen representando una diversidad razonable, pero evitan la dispersión que complica tanto la logística de los comicios como la comprensión del electorado. La restricción también facilita el trabajo de fiscalización y reduce el riesgo de confusión entre boletas similares dentro de un mismo lema.
Un calendario más claro
La reforma también toca la organización temporal de los comicios. El proyecto establece que las elecciones provinciales y municipales deberán realizarse entre el 31 de enero y el 31 de mayo del año electoral, con una convocatoria publicada en el Boletín Oficial con al menos 90 días de anticipación. Los municipios tendrán diez días para adherirse a esa convocatoria una vez vencido el plazo oficial.
Además, se incorpora la posibilidad de que Misiones sincronice sus elecciones con convocatorias nacionales cuando el calendario federal caiga fuera del período provincial previsto, habilitando así comicios concurrentes. También se abre la puerta a que consultas populares, plebiscitos y referéndums coincidan con las elecciones de autoridades provinciales, algo que hoy no está expresamente regulado.
Ficha Limpia: el debate más espinoso
El capítulo más controvertido del paquete legislativo es, sin dudas, la Ficha Limpia. Dos proyectos conviven en comisión con enfoques distintos y el desafío es encontrar un texto común. El del diputado Adrián Núñez, de La Libertad Avanza, propone inhabilitar a personas con condenas confirmadas en segunda instancia por delitos graves — corrupción, abuso sexual, narcotráfico, entre otros —, con fuerte énfasis en respetar el principio de inocencia y los estándares de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La propuesta de Encuentro Misionero va más lejos: además de las condenas penales firmes, incorpora causales vinculadas a deudas alimentarias, infracciones graves de tránsito, antecedentes contravencionales y la obligatoriedad de presentar un certificado toxicológico con cuatro muestras biológicas al momento de inscribir candidaturas.
El debate sobre la Ficha Limpia también tiene nombres propios y tensiones que van más allá de lo técnico. Ramón Amarilla, diputado provincial que llegó a la Cámara tras haber sido detenido por su participación en las protestas de 2024, fue uno de los primeros en cuestionar públicamente el alcance del proyecto oficialista.
En declaraciones a distintos medios, Amarilla sostuvo que la iniciativa funcionaría, en los hechos, como una proscripción encubierta dirigida a su eventual candidatura futura, dado que su situación judicial podría encuadrar en algunas de las causales de inhabilitación previstas en el texto de Encuentro Misionero.
La misma lectura se extiende a otros dirigentes opositores con causas abiertas por los hechos de 2024, entre ellos Mónica Gurina, también judicializada en ese contexto. Desde esos sectores, la preocupación no pasa tanto por el espíritu de la ley sino por su aplicación: si las causales de inhabilitación pueden activarse antes de una condena firme, el Tribunal Electoral podría quedar en posición de vetar candidaturas sin que exista todavía una sentencia definitiva.
Es, precisamente, la objeción que también levantó la diputada Analía Labandoczka desde el PRO: que una norma con esos alcances deja abierta la puerta a usos discrecionales. La pregunta que sobrevuela el debate, y que ningún legislador termina de responder con claridad, es quién garantiza que la Ficha Limpia sea una herramienta de transparencia y no de selección política.
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