En plena crisis económica y mientras implementa el ajuste más severo de las últimas décadas, el gobierno de Javier Milei oficializó un convenio bilateral con Israel que garantiza el acceso de ciudadanos israelíes al sistema de seguridad social argentino. La medida, publicada en el Boletín Oficial el 12 de junio, entra en vigencia en un momento crítico: jubilaciones congeladas, salarios estatales licuados por la inflación y hospitales públicos al borde del colapso por falta de presupuesto.
El acuerdo, firmado el 7 de febrero de 2024 pero reglamentado recién ahora, establece términos específicos para el acceso a beneficios sociales. Según el texto oficial, cualquier ciudadano israelí con residencia legal en Argentina podrá acceder a jubilaciones ordinarias, pensiones por invalidez, asignaciones por maternidad, prestaciones por discapacidad y otras prestaciones contributivas del sistema previsional nacional.
El convenio no especifica límites temporales ni restricciones sobre el número de beneficiarios potenciales, aunque si especifica que para acceder al sistema previsional debe de haber aportado durante 144 meses a alguno de los dos sistemas previsionales. El documento tampoco especifica un monto sino que deja abierto a que los montos sean acordados bilateralmente entre ambas entidades competentes (el ANSES en el caso argentino y el Instituto Nacional de Seguros de Israel).
Esto significa que si, por ejemplo, ciudadanos israelíes en edad de jubilación decidieran radicarse a argentina para escapar del conflicto bélico, el estado argentino deberá garantizarles una jubilación equivalente a los aportes que realizaron al sistema previsional israelí. Esto genera interrogantes sobre los criterios de acceso y el impacto fiscal de la medida.
La reglamentación indica que el tratado rige desde el 1° de mayo de 2024, aunque su aplicación concreta comenzó con la formalización del 12 de junio de 2025. El convenio contempla reciprocidad: los argentinos residentes en Israel también podrán acceder al sistema de seguridad social de ese país, aunque las condiciones específicas de esta contraprestación no han sido detalladas públicamente.
Un timing controversial
La formalización del convenio no podría ser más contradictoria. Mientras el gobierno justifica recortes con el argumento de que «no hay plata«, simultáneamente habilita nuevas erogaciones para ciudadanos extranjeros. Esta decisión llega en momentos en que el poder adquisitivo de los jubilados argentinos ha caído estrepitosamente desde diciembre de 2023, cuando Milei vetó la ley que otorgaba aumentos automáticos a los haberes previsionales.
El convenio también contempla pensiones por discapacidad o lesiones, en un momento en que el gobierno también aplica ajustes a las personas con discapacidad en Argentina. Muchos colectivos denunciaron demoras y bajas en las pensiones, así como atrasos en los sueldos y prestaciones para profesionales que atienden a personas con discapacidad.
El contraste es aún más llamativo considerando el contexto sanitario. Hospitales de referencia como el Garrahan denuncian desfinanciamiento crítico, mientras el gobierno elimina programas de medicamentos para enfermos crónicos y terminales. La crueldad del ajuste ha llegado al extremo de suspender paliativos para pacientes oncológicos en fase terminal, condenándolos a un sufrimiento innecesario.
Indignación social y cuestionamientos políticos
La publicación del acuerdo desató una ola de indignación en redes sociales. «El gobierno congela jubilaciones, veta aumentos y vacía hospitales, pero otorga asignaciones sociales a ciudadanos de otro país«, resumió un usuario en X, expresando el malestar generalizado. La medida evidencia una doble vara en la gestión del gasto público: austeridad extrema para los argentinos, beneficios para ciudadanos de países afines ideológicamente.
Esta contradicción pone en evidencia que el ajuste no responde a criterios técnicos de equilibrio fiscal, sino a decisiones políticas e ideológicas. El gobierno libertario que promete achicamiento del Estado y eliminación de privilegios, administra selectivamente los recursos públicos según sus preferencias geopolíticas.
Esto es increíble! lo que se trae Milei de Israel es que vamos a subsidiar a los israelitas que vengan a vivir a nuestro país, a partir de hoy entran en vigencia las ASIGNACIONES SOCIALES especiales!!! 🤬🤬 Mientras nuestros jubilados se mueren de hambre pic.twitter.com/O1nBiOLove
— Soledad Gimenez (@gisoleok) June 12, 2025
Riesgos geopolíticos de un alineamiento extremo
Más allá de la controversia interna, el convenio forma parte de un acercamiento estratégico más amplio con Israel que conlleva riesgos significativos para Argentina. Durante su reciente visita a Tel Aviv, Milei ratificó el traslado de la embajada argentina a Jerusalén Occidental para 2026 y declaró a Israel «nuestro socio estratégico más importante junto a Estados Unidos».
Este posicionamiento extremo ocurre en un momento de máxima tensión regional. El conflicto entre Israel e Irán ha escalado peligrosamente, con ataques directos entre ambos países que amenazan con desestabilizar todo Medio Oriente. Un enfrentamiento bélico de mayor escala podría involucrar a potencias mundiales y generar consecuencias económicas globales devastadoras.
Argentina, tradicionalmente neutral en conflictos ajenos, se encuentra ahora expuesta a represalias diplomáticas y económicas. El alineamiento incondicional con Israel puede afectar las relaciones comerciales con países árabes y musulmanes, importantes socios comerciales regionales. Además, posiciona al país como objetivo potencial en caso de escalada del terrorismo internacional, como ya ocurrió en la década de los 90.
Consecuencias para la política interna
El convenio también refuerza las tensiones sociales internas. En un país donde el 60% de los niños vive en la pobreza y el sistema de salud y educación pública están al borde del colapso, destinar recursos a ciudadanos extranjeros alimenta la sensación de injusticia y abandono.
La medida contradice el discurso electoral de Milei, quien prometió defender a los jubilados y terminar con los privilegios. Los más de cuatro millones de pasivos que lo votaron se encuentran ahora con jubilaciones congeladas mientras el gobierno habilita beneficios previsionales para extranjeros sin especificar cuántos serían los beneficiarios ni el costo fiscal de la medida.
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