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Sábado 20 de julio de 2024
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El RIGI y todas las concesiones que dio el Gobierno para aprobar la Ley Bases

El gobierno logró la aprobación del proyecto Ley Bases en el senado. Sin embargo, debió conceder a las oposiciones una serie de modificaciones que la obligan a volver a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.

El gobierno logró la aprobación del proyecto Ley Bases en el senado. Sin embargo, debió conceder a las oposiciones una serie de modificaciones que la obligan a volver a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.

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A seis meses de gestión el gobierno de Javier Milei se anotó lo que, depende de a quién se pregunte, podría ser su victoria más grande o la prueba de que sus convicciones son moldeables a pesar de su declamatoria épica. Si bien el proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” fue aprobado en el Senado, aunque como resultado sufrió una serie de modificaciones que el gobierno debió conceder.

El proyecto que ingresó al congreso ya se trataba de una reducción de los 660 artículos que el gobierno había presentado en febrero. En aquel momento, el gobierno se había negado a realizar las modificaciones que proponía la Cámara de Senadores y, como resultado, el proyecto volvió a foja cero.

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Esta vez, el gobierno presentó un nuevo proyecto con 232 artículos, dejando 428 afuera, y a pesar de haber sido aprobado como vino en la Cámara de Diputados, aún así debió negociar modificaciones con las oposiciones para que sea aprobada en el Senado, razón por la cuál deberá volver a Diputados para su sanción definitiva.

Facultades delegadas

Un artículo clave de la Ley Bases para el gobierno es la declaración de emergencia pública en 11 materias para ceder al poder ejecutivo facultades extraordinarias en esas 11 materias durante todo el mandato, que incluían economía, educación, energía, salud, etc. De esta manera, el presidente podría gobernar por decreto durante este periodo y realizar a discrecionalidad cambios en el Estado que, de otra forma, habrían tenido que ser aprobadas por el congreso, como por ejemplo el cierre de institutos nacionales autárquicos.

En su primera presentación, la Ley Bases contemplaba 11 materias en las que el presidente podría gestionar como si fuese ejecutivo y legislativo a la vez y se las brindaba durante sus cuatro años de mandato. En esa primera discusión, los senadores ya habían bajado el periodo de concesión de facultades extraordinarias a dos años y esta vez solo dejaron 4 de las once materias, declarando la emergencia pública solo en las áreas “administrativa, económica, financiera y energética.

Además, se incluyó en la Ley un compromiso de que, a pesar de tener estas facultades, el gobierno no intervendría ni disolvería 15 organismos públicos como ser el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Además, deberá garantizar el presupuesto a entidades dedicadas a la Ciencia y Técnica.

Privatizaciones 

En principio, la Ley Bases ponía a 40 empresas estatales “sujetas a privatización”, dando la facultad al gobierno de vender empresas estratégicas como Aerolíneas Argentinas S.A., Energía Argentina S.A., Radio y Televisión Argentina S.E, Correo Oficial de la República Argentina S.A., etc.

Para aprobar la Ley, el gobierno debió ceder a su intención de privatizar la mayoría de estas empresas, quedando del proyecto original solamente dos: Intercargo y Energía Argentina S.A. (Enarsa). La primera presta servicios en aeropuertos a las líneas aéreas y la segunda se encarga de la exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos así como su transporte y comercialización.

Además, se incluyó que el proceso de traspaso a manos privadas deberá ser examinado por la Auditoría General de la Nación (AGN) e intervenido por una Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

Moratoria

En el proyecto de Ley Bases el gobierno propuso la derogación de la moratoria anticipada, que permite que muchas personas en edad jubilatoria, pero sin haber realizado los aportes suficientes, puedan jubilarse y realizar los aportes con estas jubilaciones.

La derogación de esta política habría perjudicado a muchos trabajadores que llegaban a la edad sin los aportes necesarios, particularmente a las mujeres, que según estudios, debido a los trabajos de cuidado que les lleva a interrumpir sus carreras profesionales y la precarización, solo el 10% llega a la edad jubilatoria completando los 30 años de aporte.

Esto lo remarcaron muchos senadores de la oposición durante los debates de comisiones y el gobierno debió ceder y eliminar el artículo de la derogación, manteniendo la posibilidad de moratoria.

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La derogación de la moratoria habría perjudicado a miles de argentinos en edad jubilatoria.

RIGI

Probablemente el capítulo que llevó más discusión fue el que se refería al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. Durante el debate de comisiones, varios representantes del sector industrial se refirieron a este artículo argumentando que sería destructivo para el sector, ya que ofrecía concesiones impositivas muy generosas para empresas extranjeras a la hora de importar haciendo que las pymes argentinas compitan en condiciones muy desfavorables.

Finalmente, el gobierno cedió en algunos puntos, entre los que se encuentran la limitación de los sectores en los que las inversiones deban aplicarse para entrar en el régimen, que son la “foresto industria, infraestructura, minería, energía y tecnología

Además de esto, se incluyó un artículo en el que las empresas extranjeras tendrán un compromiso de destinar el 20% del monto de la inversión en proveedores locales, aunque aclara que esto será siempre y cuando “la oferta se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad”. 

Además, se limita la obligación de liquidar en el mercado de cambios las divisas que ingreses por exportación de productos del proyecto, que será de un 20% luego de dos años de iniciada la inversión, 40% después de tres años y 100% después de cuatro años. A pesar de esto, algunos senadores discuten que el régimen no incluye sanciones para las empresas que no cumplan con estas limitaciones.

Blanqueo de capitales

Otro de los capítulos más polémicos era el referido al blanqueo de capitales. Si bien muchos gobiernos impulsan algún tipo de blanqueo al principio de su gestión para hacerse de dólares que podrían haberse evadido en los gobiernos anteriores, se discutía que el sistema planteado en la Ley Bases se trata del más generoso en la historia, con muy poco control y consecuencias para los empresarios que habían evadido al fisco.

Esto puede incentivar a una mayor ovación, ya que quienes evadieron son recompensados con la posibilidad de blanquear sus capitales pagando incluso menos que quienes regularmente pagaron impuestos. Tampoco se contempla consecuencias como la prohibición de grupos empresariales que fueron beneficiados con blanqueos anteriores ni la limitación de entrar en blanqueos posteriores, por lo que no existe incentivo alguno de regularizarse después de este blanqueo.

Finalmente, las únicas modificaciones que se introdujeron son un aumento a 10 años para funcionarios de adherir al blanqueo y la prohibición de que puedan incluirse hermanos de primero y segundo grado de funcionarios públicos.

Además, se prohíbe el blanqueo de criptomonedas y se establece que los inmuebles a nombre de una sociedad podrán blanquearse solo si estaban declarados por la sociedad.

 

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