El Gobierno provincial anunció una serie de medidas para garantizar mayor transparencia en la constitución y funcionamiento de organizaciones sociales, fundaciones y cooperativas con personería jurídica que constituyan la economía social, solidaria y popular de la provincia.
“Es necesario tener un marco regulatorio para fortalecer la capacidad de fiscalización del Estado y garantizar transparencia en el funcionamiento de estas organizaciones”, señaló Capitanich tras presentar el Decreto 1.821, donde se detallan cada una de las medidas a implementar.
Además, el primer mandatario destacó que “el otorgamiento de personería, autorizaciones y fiscalización vigente, debe complementarse con otras medidas previas a la concesión y permanentes durante el funcionamiento de las entidades, que atañen también a las y los integrantes, garantizando el control patrimonial personal, antecedentes penales y publicidad de los actos”.
De esta manera, el Gobierno pretende evitar que existan personas que usen a las organizaciones como pantalla para el acrecentamiento patrimonial individual, explotando a los trabajadores.
Puntos claves del decreto
En el primer punto, el decreto anunciado impulsa una serie de modificaciones en el régimen, exige a las personas físicas que constituyan y/o sean miembros de asociaciones civiles, fundaciones o cooperativas de trabajos la presentación de los siguientes certificados:
1 Certificado único de personas violentas
2 Certificado del registro de deudores alimentarios
3 Certificado del tribunal de cuentas
4 Declaración jurada patrimonial
En segundo lugar, el decreto establece la actualización de los datos de las asociaciones civiles, fundaciones y mutuales con domicilios jurisdiccionales en la provincia del Chaco a través de la inspección general de personas jurídicas.
La actualización será obligatoria de forma digital y al mismo tendrán acceso el público “para el conocimiento e información de la ciudadanía”, explicó.
“Cualquier ciudadano a partir de esta norma puede saber qué hace tal función, quiénes son sus integrantes a los efectos de garantizar un control popular, social y ciudadano. De legitimar un régimen de transparencia con mayor participación”, aclaró.
Otro punto del decreto especifica autorizar al organismo de control a disponer la suspensión y pérdida de la concesión de la personería jurídica otorgada a quienes incumplan con las obligaciones y responsabilidades impuestas.
En esta sintonía, sobre un cuarto punto del escrito, Jorge Capitanich explicó: “Pretendemos crear una unidad de recepción y seguimientos de los reclamos, quejas o denuncias que refieren irregularidades que pueden constituir ilícitos penales y o administrativos de socios y/o terceros y/o beneficiarios de una entidad civil”.
Por último, el quinto punto hace referencia a las vías habilitadas para realizar la denuncia. “Los ciudadanos podrán efectuar denuncias para informar retenciones indebidas de planes sociales, venta ilegal de bienes del Estado y/o desvíos de fondos de subsidios a través de las comisarías existentes, también de la línea pública 0800-888-9222 o por internet mediante Tu Gobierno Digital”, detalló.
Así como como las y los candidatos a un cargo público tenemos que cumplir con todos esos requisitos, los miembros de las organizaciones sociales también lo tienen que hacer. Eso significa equidad de trato.
— Jorge Capitanich (@jmcapitanich) July 10, 2023
Para cerrar la conferencia de prensa el gobernador hizo referencia nuevamente a la necesidad de estos requisitos y afirmó: “Así como cuando nos presentamos como candidatos a ejercer un cargo público tenemos que cumplir todos estos requisitos, bueno los miembros de las organizaciones sociales también lo tienen que hacer“.
“Esto significa equidad de trato, igualdad de condiciones y eso significa escuchar los reclamos de nuestro pueblo, que lo hacen en cada uno de los rincones. Nos pedían esto, aquí está una herramienta para brindar una solución“, cerró.
Denuncias y reclamos
En cuarto lugar, se creará un organismo de recepción y seguimiento de reclamos y denuncias de hechos que refieren irregularidades que podrían constituir ilícitos penales y administrativos, de socios, terceros y/o beneficiarios de una entidad civil. En esos casos, se arbitrarán las medidas judiciales y administrativas que correspondan para contribuir a la seguridad jurídica y a la protección de las personas.
Así, la ciudadanía podrá efectuar denuncias para informar retenciones indebidas de planes sociales, venta ilegal de bienes del estado y/o desvío de fondos de subsidios a través de las comisarías existentes, pero también mediante la línea pública, gratuita y confidencial 0800 888 9222, por internet mediante TU GOBIERNO DIGITAL o en forma presencial a través del Centro de Gestión de la Secretaría General de Gobernación.
Por otro lado, Capitanich comentó que se elevó el monto mínimo que debe acreditar una organización para evitar una proliferación de las mismas, que impida un control eficaz por parte del Estado.
Fuente: Chaco por día / Diario Chaco.
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