Desde finales de la década de los 70 y principios de los 80, cuando Colombia vio nacer dentro de sus fronteras a algunos de los carteles de drogas más importantes de la historia, la lucha contra el narcotráfico se convirtió en la principal prioridad del país.
Además de la política de seguridad, ha marcado su rol en la geopolítica mundial: al inscribirse dentro de la “guerra contra las drogas” del período de Ronald Reagan en Estados Unidos, permaneció como uno de los principales aliados latinoamericanos del país del norte.
La prohibición y la criminalización han sido los pilares de la política antidrogas durante los últimos 40 años. Pero a pesar de las capturas y extradiciones, de las miles de vidas perdidas y personas encarcelada, Colombia sigue siendo el país con más hectáreas de plantación de coca y el mayor productor de cocaína a nivel mundial.
Es por esto que el gobierno de Gustavo Petro planea dar un giro radical a la política contra el narcotráfico que se viene ejecutando en el país. Para el nuevo Presidente, la “guerra contra la droga ha fracasado”, y se comprometió a aplicar una nueva metodología que podría finalmente reducir la producción de coca en el país.
Sustitución de cultivos
Además de la persecución del crimen organizado, desde la década de los 80′ Colombia aplica políticas de erradicación forzada de cultivos ilegales, que tienen por objetivo reducir la cantidad de hectáreas de plantaciones de coca en el país.
En la práctica, esto significa que, tras identificar una plantación y recibir la orden para erradicarla, un grupo de policías entra en un campo de coca para destruirlo a mano o con la ayuda del glifosato.
Pero a pesar de aplicar esta política durante cuatro décadas, Colombia nunca ha dejado de ser el país con más hectáreas dedicadas a la plantación de coca. El único logro de esta metodología ha sido el paulatino aumento de la importación de glifosato a Colombia desde los Estados Unidos.
El problema es que el campesino que planta coca, aunque esencial en la cadena productiva que alimenta al narcotráfico, es el eslabón más débil de la misma. Cuando se destruye su plantación sin darle alguna alternativa productiva, lo único que se logra es empobrecerlo aún más, aumentando su dependencia a las redes de narcotráfico.
Es por eso que, dentro de los Acuerdos de Paz firmados por el gobierno de Juan Manuel Santos en el 2016 junto a las FARC se estableció las bases de un programa de sustitución de cultivos que provea a los campesinos de distintas alternativas productivas para dejar de plantar coca y le proporcione seguridad en casos de amenazas por parte del narcotráfico.
El Acuerdo de Paz fue la primera vez que se trató la necesidad de reducir los cultivos ilícitos como eje para garantizar la paz en Colombia. Con éste programa se planeaba reducir los focos de conflicto en la población rural. Muchos de los activistas asesinados en Colombia durante los últimos años fueron justamente promotores de éste programa que pone en verdadero riesgo las bases del negocio de los narcotraficantes.
El entonces presidente Juan Manuel Santos fue aún más lejos y prohibió, junto a la Corte Constitucional, el uso del glifosato. Sin embargo, Ivan Duque decidió dar marcha atrás a estas medidas y volver a la erradicación forzada y la importación de glifosato.
Antes de dejar su mandato, y a pesar de no obtener la autorización de la corte, ya había firmado un contrato por casi tres millones de dólares para comprar miles de litros de glifosato. De haberse ejecutado, habría sido el gasto más grande que haya hecho el país para comprar éste herbicida.
Retorno de la violencia
El retorno de esta política marcó también el retorno de la violencia. Mientras que las cifras de personas afectadas por la guerra entre facciones había disminuido un 90% desde que empezaron las negociaciones por el acuerdo en el 2012, la cifra en el 2018 volvió a pasar las 100 víctimas. El número de homicidios, que venía disminuyendo diez puntos por año, volvió a aumentar hasta sobrepasar los 3500.
El nuevo presidente, Gustavo Petro, ha dejado en claro más de una vez que no pretende continuar con esta política. “La guerra contra las drogas ha fracasado. Han aumentado los consumos mortales, de drogas suaves han pasado a las más duras, se ha producido un genocidio en mi continente y en mi país, han condenado a las cárceles a millones de personas“, señaló en su discurso ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a mediados de septiembre.
La propuesta de Petro parece tener el apoyo de los Estados Unidos, quienes durante mucho tiempo han presionado a Colombia para la aplicación de políticas de mano dura y persecución a las personas que plantan coca.
“Disminuir el consumo de drogas no necesita de guerras ni de armas, necesita que todos construyamos una mejor sociedad, una sociedad más solidaria y afectuosa”: Presidente @petrogustavo en la Asamblea General de la @UN. #ColombiaEnLaONU 🇨🇴🇺🇳#UNGA @ONU_es pic.twitter.com/h6kIuoRVQl
— Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) September 20, 2022
En una reunión la semana pasada junto a Antony Blinken, Secretario de Estado de Joe Biden, Gustavo Petro diferenció entre el “proletariado del narcotráfico”, refiriéndose a las personas más vulnerables por la violencia y muchas veces obligadas a trabajar al servicio de los carteles criminales, y el “capital del narcotráfico”, que dirigen estructuras ilegales desde ciudades como Bogotá, Miami y Nueva York.
Petro enfatizó su intención de aplicar una política integral que deje de perseguir a los primeros y enfocarse en perseguir a los segundos, para lo cuál pidió a Estados Unidos en la aplicación de una reforma agraria que cree una barrera agrícola que impida el avance de la coca y el fortalecimiento de los servicios de inteligencia para la vigilancia del narcotráfico.
Tras la reunión, Blinken declaró que en Estados Unidos respaldarían “vivamente el enfoque holístico que está adoptando el presidente Petro a través de la justicia, el desarrollo, la protección ambiental, la reducción de la oferta y la demanda”
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