El 19 de abril de 1991 se produjo un fatídico caso que, gracias al esfuerzo de las familias y organizaciones involucradas, instaló el tema de una vez en la agenda mediática y pública: la lucha contra la violencia policial e institucional y las detenciones arbitrarias en Argentina.
Walter Bulacio, con 17 años, se encontraba con otros chicos fuera del estadio de Obras Sanitarias intentando entrar para ver a Los Redonditos de Ricota, cuando una razia de la Policía lo detuvo sin motivo y lo trasladó a la comisaría 35ª, que estaba a cargo del comisario Miguel Ángel Espósito. Allí fue golpeado hasta dejarlo inconsciente para morir cinco días después en el Hospital.
El caso llegó en el 2003 hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos que responsabilizó al Estado y en su sentencia limitó el privilegio policial de pedir identificación y realizar detenciones arbitrarias. Además de no cumplir este fallo y continuar con las detenciones arbitrarias dentro del territorio nacional, el Tribunal Superior de la ciudad de Buenos Aires lo revocó en enero del 2016.
El presente
Para la abogada María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), en diálogo con NEA HOY, desde ese momento hasta hoy la violencia policial no solo no ha disminuido, sino que se ha recrudecido con cada crisis que vivió el país: “Hace 19 años que el Estado Argentino viola esa sentencia sosteniendo y profundizando esas detenciones arbitrarias”
La CORREPI es una organización de Derechos Humanos que lucha contra las políticas represivas del Estado, caracterizándola como formas de control social de las clases trabajadoras. En todos sus años acompañando los distintos casos de violencia policial, Verdú observa cómo estas prácticas de razias y detenciones arbitrarias se encuentran atravesadas por el clasismo y patriarcalismo de la institución, cayendo con mayor saña sobre las poblaciones más vulnerables.
“Más de la mitad de las personas muertas en una comisaría no estaban presas acusadas de un delito, sino que, como Walter, habían sido víctimas de alguna de estas modalidades de detenciones arbitrarias: averiguación de antecedentes, detenciones para identificar, arrestos preventivos contravencionales, razias, detenciones al voleo en marchas y manifestaciones”, concluye Verdú.
Una muerte cada 17 horas: estar en un calabozo y el gatillo fácil, las principales causas de asesinato a manos del estado
El viernes 17 presentamos, en Plaza de Mayo nuevamente, nuestro Informe de la Situación Represiva Nacional 2021 y la actualización de nuestro Archivo. pic.twitter.com/CAQXjuGWJ7
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La abogada observa que a pesar del trabajo que se viene realizando para visibilizar la problemática, “el gatillo fácil sigue a la orden del día, las muertes en lugares de detención son cosa cotidiana, las detenciones arbitrarias no se han modificado, más bien se han profundizado. Hoy tenemos un promedio de una muerte cada 17 horas por alguna de estas distintas modalidades”.
La invisibilización de la violencia policial
Para Verdú, “las dos características básicas que hace que la represión estatal se fortalezca y avance son la invisibilización y la naturalización”. Sobre la invisibilización, vincula específicamente a los medios y la selectividad y discrecionalidad con la que se reproducen los casos de violencia policial.
“Solamente te enteras a través de los medios de comunicación de casos muy específicos, de personas que para ellos puede parecerles presentable entre comillas, o personas que por alguna razón están vinculadas a algún ámbito o espacio que les permite romper con ese muro de invisibilización”, explica.
Se refiere, por ejemplo, al caso de Lucas Gonzales, el jugador de Barracas Central que fue acribillado por la Policía al salir del club. Los efectivos intentaron encubrir el hecho como un enfrentamiento entre grupos narcos de la zona, pero gracias al contacto que tiene el club con periodistas deportivos de trayectoria, la familia pudo acceder a los medios y se pudo desarticular en poco tiempo el relato de la policía.
De haber sido distinto, si Lucas no jugara en ese club y en cambio hubiese sido acribillado como muchos otros pibes de barrio saliendo de un negocio de celulares o una pizzería, Verdú piensa que la historia sería muy distinta. “Todos los días ocurren casos como ese, pero son pibes que no tienen quien llame a un periodista a mano o donde las familias tardan muchísimo en lograr encontrar la forma de organizarse y visibilizar”, concluye.
La naturalización de la violencia
“Cuando vos tenés convencida a un porcentaje importantísimo de la población que es absolutamente normal que un policía pueda detener a cualquiera en cualquier momento o lugar porque le ve pinta de sospechoso a su criterio”, explica, “entonces es muy difícil romper con esta idea de que no existe represión estatal en el país”.
Del 19 al 26 de abril, SEMANA CONTRA LAS DETENCIONES ARBITRARIAS
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Según la letrada, esta naturalización atraviesa incluso a quienes más padecen la violencia policial, las clases más postergadas y las juventudes de los barrios periféricos, que muchas veces ni siquiera ven el sentido de denunciar los casos que sufren “porque suponen que no hay nada que se pueda hacer contra semejante poder”.
“Pero lo cierto es que también hemos logrado instalar el debate del gatillo fácil, de las muertes en lugares de detención, de los femicidios de uniforme, de las desapariciones en democracia, e incluso de cuestiones muchísimo más vinculadas al control social y por ende muchísimo más legitimadas como lo son las detenciones arbitrarias”, reflexiona Verdú, “si no no estaríamos hablando ahora”.
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