En conferencia de prensa, organizaciones de personas de pueblos indígenas qom y wichí expusieron sus preocupaciones respecto a las violencias y femicidios que sufren las niñas, adolescentes y mujeres de las etnias del Chaco y Salta. El evento se desarrolló en la Casa Provincial por la Memoria en Resistencia.
Desde allí Octorina Zamora, de Salta, acompañó a Ariel Fabián, de la Guardia Comunitaria Wichí, familiares de Jorgelina Reinoso y Dominga Arias -ambas víctimas de femicidio- quienes pidieron a la sociedad y a los medios de comunicación apoyo para lograr un cambio profundo en la percepción del Poder Judicial respecto a las comunidades indígenas.
“Los delitos como femicidios y abusos a nuestras mujeres indígenas son crímenes de odio, racismo y machismo que el Estado debe condenar. Somos seres humanos, no somos animales. No vamos a permitir más que nos violen, maten y nos tiren”, aseguró Octorina en diálogo con NEA HOY.
Conflicto social en el Sauzalito
La conferencia se da en el marco de un conflicto social ocurrido la semana pasada en la localidad de El Sauzalito, donde la comunidad wichí fue denunciada por mantener a la Jueza de Paz Sandra Pérez encerrada dentro del Juzgado. En una visita realizada por autoridades del Gobierno provincial y del Ministerio Público Fiscal, se confirmó que sí hubo una manifestación pero la Jueza nunca estuvo privada de su libertad.
La comunidad wichí demanda el esclarecimiento de los femicidios de Jorgelina Reinoso, asesinada el pasado 22 de marzo en El Sauzalito y de Dominga Arias, asesinada en febrero del 2021, ambas de 16 años. La comunidad aclaró que solo piden que se haga Justicia y demandan una solución pacífica a los conflictos que la atraviesan.
Ante el reclamo, los funcionarios provinciales presentes conformaron un equipo interdisciplinario que coordinará tareas con los fiscales a cargo de la investigación de los femicidios. Además, el Estado se constituyó como querellante en la causa de Jorgelina Reinoso y se les brindó información sobre los alcances de la Ley Brisa -para otorgar una asistencia económica al hijo de Jorgelina- y otras ayudas urgentes del Estado para estas situaciones.
Por la reforma judicial
Tanto en el encuentro de los funcionarios del Gobierno provincial como en la conferencia de prensa, la comunidad se comprometió a mantener el diálogo con los poderes Ejecutivo y Judicial con el objetivo de lograr una Justicia que esté al servicio de las comunidades e incluyan la perspectiva indígena en los procesos judiciales.
La provincia del Chaco, tras el caso LNP -violación grupal a una niña indígena en El Espinillo-, fue obligada por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas a incorporar interpretes indígenas al Poder Judicial con el objetivo de que las comunidades originarias tengan representación y voz en los procesos judiciales.
Sin embargo, muchas veces las causas por violencia de género, abusos y femicidios contra mujeres indígenas no avanzan. Tal es el caso del crimen de Dominga Arias, que no tiene aún detenidos ni sospechosos.
Mi nombre es Dominga Arias, soy wichi y tengo 16 años.
Salimos con mi hermana de 13 años y una amiga a divertirnos por el monte, cerca del río por una invitación.
Allí, un grupo de hombres intenta violarnos, mi hermanita logra escapar y corre a avisar a mi madre.. Hilo— Bea ✌️ (@BeaDixit) February 14, 2021
“Exigimos tener representantes dentro de la Justicia, no un intérprete sino ser parte de los procesos judiciales, ya que la Justicia es blanca, juzga e investiga sin hacernos partícipes. Para juzgarnos siempre caen con todo el peso, cuando somos nosotros los que necesitamos justicia, no dan respuestas”, afirmó Ariel Fabian.
En esa misma línea, Octorina Zamora detalló que el martes, en el marco del inicio del juicio por la Masacre de Napalpí, pudieron reunirse con la Secretaria de Mujeres de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta y la Secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Silvana Pérez.
“ES MUY IMPORTANTE PODER TENER UN ESPACIO CON PRESENCIA DE MUJERES INDÍGENAS, SOLO NOSOTRAS SABEMOS EL SUFRIMIENTO QUE TENEMOS”, OCTORINA ZAMORA
En la oportunidad, propusieron un Comité de Emergencia contra la violencia hacia niñas, adolescentes y mujeres indígenas y un Fondo Nacional para que se realice una investigación prolija y profunda. “Los femicidios indígenas no solo son en Chaco o Salta, ocurren en Formosa, Misiones y otras provincias del Norte; tiene que haber un fondo nacional”, aseguró Octorina.
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