A lo largo de su historia, Bolivia estuvo atravesada por varios procesos de naciocionalización de hidrocarburos: en 1937, 1969 y, tras un proceso neoliberal y con la llegada de Evo Morales, el último gran impulso al desarrollo energético a partir de 2006 que lo catapultaría como un modelo de soberanía en toda la región.
Pero llegar a este resultado no fue un camino sencillo. De hecho, la historia comienza en 1989, en un contexto en el que el país entraba, al igual que Argentina y otros países de Latinoamérica, a un periodo neoliberal en el que seguiría las directrices del Consenso de Washington para aplicar un ajuste estructural en su economía y la población para reducir el déficit fiscal.
Fue así que, ante la dificultad de pagar la deuda externa contraída con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, se impondría una serie de recortes a empresas públicas con el objetivo de posteriormente ser entregadas a corporaciones privadas.
Privatización del sector energético en Bolivia
El proceso se concretó en 1993, cuando el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, entregaría los sectores estratégicos a manos de empresas privadas como ENRON y dividiendo los derechos de explotación y exploración entre Petrobras, British Gas, ANDINA entre otros.
Como hoy, 1994, Víctor Hugo Cárdenas firmó el decreto 23908 que entregó nuestro gasoducto a ENRON, sin que esta invierta un solo dólar, dentro de la mal llamada capitalización. Así, los neoliberales permitieron estafa de ENRON al Estado y aumentaron la pobreza de los bolivianos. pic.twitter.com/lgVoSZq5ay
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) December 8, 2018
Con el argumento de impulsar las actividades extractivas, se impusieron reformas que reducían la tributación del Estado boliviano sobre nuevos yacimientos a solo 18%, pero si bien se mantuvo sobre los viejos yacimientos la tributación del 50% como estipulaba el sistema anterior, muchos yacimientos fueron recategorizados como “nuevos” a fin de aplicarles la nueva fiscalidad.
Impactos negativos de las privatizaciones
Se estima que el costo resultante de la privatización en el país fue de U$S3.2 mil millones, equivalente al 64% de la deuda boliviana. Esto significó que por cada dólar que ingresó por los impuestos y regalías desde 1996 al 2002, el Estado dejó de percibir otros dos.
Además, con la Ley de Hidrocarburos el Estado perdió control del mecanismo de regulación y fijación de precios internos, dejando con ello el referente de los costos de producción. Como resultado, a pesar de exportar gas a Brasil y Argentina a través de modernos y costosos gasoductos, gran parte del pueblo boliviano no podía permitirse una conexión a gas.
La situación alcanzó un extremo al anunciarse un proyecto de exportación de gas a Estados Unidos bajo unas condiciones completamente desfavorables. Se proyectaba una exportación diaria de 36 millones de metros cúbicos de gas al mercado norteamericano a través del consorcio Pacific LNG (British Gas, British Petroleum y Repsol/YPF), pero por cada dólar entregado al Estado boliviano, en consorcio obtendría 24.
Un factor adicional que acumulaba la indignación fue que el gas extraído en Bolivia sería trasportado hasta el puerto chileno de Patillos, en donde se instalaría la planta para licuarlo y trasportarlo en barcos metaneros hasta Estados Unidos.
El principio del fin: el rechazo al modelo y las masivas movilizaciones
A finales de septiembre y principios de octubre de 2003, masivas movilizaciones impulsadas por la Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y el Movimiento Indígena Pachakuti, se pronunciaron en rechazo a que el gas fuera dado a EE.UU. a través de puertos chilenos.
El entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada decidió enviar a militares y policías para reprimir a los manifestantes, provocando un total de 67 muertos y 400 heridos. Al final de las manifestaciones, el pueblo comenzó a pedir además la dimisión del jefe de Estado por entregar los recursos naturales al Gobierno estadounidense. El 17 de Octubre, Gonzalo Sánchez de Lozada decide huir del país dejando su renuncia en el congreso.
En el Día de la Dignidad Nacional en #Bolivia rindo homenaje a los hermanos que perdieron la vida y a los centenares de heridos que defendieron, en la Guerra del Gas de 2003, los recursos naturales de todas y todos los bolivianos.
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) October 17, 2020
El camino a la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia
Tras la huida de Sánchez de Lozada, asumió el vicepresidente Carlos Mesa, quien emitió un decreto de amnistía a los movimientos sociales involucrados en la revuelta. Un año después propuso una asamblea constituyente para convocar un Referendum consultivo sobre el gas natural.
Las opciones del referendum fueron dos: permitir una mayor recaudación de impuesto y regalías por parte del Estado a las empresas transnacionales o estatizarlas completamente. Cerca de un 70% de la población votó por la estatización, aprobando además un 50% de regalías sobre la explotación.
En diciembre del 2005, el entonces candidato Evo Morales, quien prometía la estatización de los hidrocarburos y la asamblea constituyente, se consagró presidente con el 54% de los votos, el único mandatario en la historia del país en obtener la mayoría absoluta.
Al 50% de regalías se agregó un 18% a la exportación a partir de la estatización. De recaudar un 18% del precio en la década del 90, Bolivia pasó a recaudar un 82% de los ingresos por exportación.
El impacto en la economía
A pesar de los pronósticos de que el incremento de las regalías desincentivaría la explotación de los yacimientos, y a contramano de los preconceptos que se tenía en los noventa sobre la eficiencia de las compañías estatales, del 2006 al 2014 la inversión y explotación de gas en Bolivia creció a tal punto que se transformó en el motor de su economía y sus políticas redistributivas.
De acuerdo a los datos del Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020, las inversiones hidrocarburíferas alcanzaron en los primeros ocho años un promedio anual de 1.020 millones de dólares, un incremento del 175% con respecto al promedio del 2001-2005.
Beneficios para la población: soberanía y mayor consumo
Además, el recupero de la soberanía sobre los costos internos tuvo como resultado la masificación del consumo del gas natural en el mercado interno y permitió que desde el Estado se garantizara el acceso a la población. En 2006, el consumo doméstico se encontraba alrededor de 4,3 millones de metros cúbicos por día, para el 2018, se había expandido en más de 13 millones de m3.
A través del control estatal en la extracción de sus propios recursos, Bolivia pudo no solo garantizar su acceso a la población, sino que además le permitió mejorar su actividad comercial e industrial, reformando su sistema público de transporte alrededor el Gas natural Vehicular (GNV) o generando energía termoeléctrica mediante el Gas Licuado de Petróleo (GLP).
Al nacionalizar los hidrocarburos, Bolivia se libró de esa maldición, esos “cien años de soledad” que azota al continente desde la posguerra y que continúa aún en muchos países. El ciclo en el que un país endeudado por culpa de su élite, se ve obligado a aplicar las políticas de ajuste y reducción del estado diseñadas por sus acreedores que después aprovecharán la crisis para explotar sus recursos a tasas reducidas.
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