Contraer una deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a diferencia de otras que suelen abordarse como cuestiones técnicas que preocupan más a los expertos financieros, siempre tienen un abordaje político y de interés público, y es mayormente por las condiciones con las que se negocia el pago de la misma.
El organismo mira muy de cerca las proyecciones y planes económicos de los países deudores y la alineación que considera necesaria para un mayor flujo de capitales privados. Exigencias como reducciones en emisión monetaria, brecha cambiaria o presupuesto para lograr un déficit fiscal, pueden condicionar la política nacional de un país deudor, temeroso de sufrir aún mayores consecuencias de no acceder al pago de su deuda con el FMI.
Durante la década de los ochenta, varios países de Latinoamérica unieron fuerzas para juntos poder negociar mejores condiciones para el pago de la deuda.
El club de los deudores
Entrando en la década de los ochenta, Latinoamérica reunía a algunos de los países con mayor deuda externa en el planeta. Por un lado, ante el aumento del precio del petróleo en los 70’, los capitales de los países árabes depositaron sus ganancias en el sistema bancario norteamericano, generando un excedente de liquidez.
Por otro lado, muchos países latinoamericanos eran gobiernos dictatoriales y de derecha ansiosos por financiar guerras contra supuestos enemigos internos y aplicar las nuevas políticas neoliberales, lo que pudieron hacer gracias los pocos recaudos que se tomaban los bancos a la hora de emitir las deudas.
Cuando las tasas de interés comenzaron a subir desde la crisis del 79, las deudas se volvieron impagables para estos países, que comenzaban a transicionar hacia nuevas democracias. Así como en Argentina hoy se discute la ilegitimidad de la deuda con el FMI, en esos momentos comenzó de debatirse sobre las responsabilidades conjuntas entre deudores y acreedor.
México fue uno de los primeros países en proponer la necesidad de discutir entre los deudores la necesidad de imponer condiciones conjuntamente y así tener más fuerza a la hora de las negociaciones con el fondo. La convención en Quito de 1984 fue el puntapié inicial para estas discusiones.
Tras las reuniones en Quito, se presentaron nuevos aumentos en las tasas de interés, lo que incentivó la propuesta de realizar acciones unilaterales para renegociar la deuda. El 19 de mayo de 1984, los presidentes de Argentina, Brasil, Colombia y México emitieron una declaración conjunta.
“Comprobamos que los sucesivos aumentos de las tasas de interés, la perspectiva de que se registren nuevas alzas y la proliferación e intensidad de las medidas proteccionistas han creado un panorama sombrío para nuestros países y para el conjunto de la región”, manifestaba la declaración.
En el texto, los cuatro países manifestaban preocupación porque las aspiraciones de desarrollo y progreso de las tendencias democráticas y seguridad económica se veían afectadas por hechos ajenos al control de los gobiernos, exigiendo esfuerzos concentrados de la comunidad internacional para convenir acciones y medidas de cooperación que permitan resolver el problema.
Esta posición despertó reacciones en todo el mundo. Tanto en la prensa europea como en la norteamericana surgió el nombre de “club de deudores” y especulaban sobre el peligro que significaría para el sistema financiero internacional la unidad de los países deudores para imponer acciones y soluciones a los bancos.
Dos semanas después, los presidentes de Ecuador, Perú y Venezuela se unirían a los cuatro países del primer comunicado, declarando conjuntamente “la necesidad urgente de adoptar acciones concertadas es evidente, sobre todo, en materia de endeudamiento. No es posible pensar que los problemas pueden resolverse sólo a través del contacto con los bancos o con la participación aislada de los organismos financieros internacionales”.
Los textos del 15 de mayo y de 5 de junio de 1984 sentaron las bases para la reunión que, un poco más de dos semanas después de esta última fecha, habría de celebrarse en Cartagena, con participación de los cancilleres y ministros responsables del área financiera de once países latinoamericanos, los siete mencionados, más Uruguay, Chile, República Dominicana y Bolivia.
Las repercusiones de Cartagena
El pronunciamiento en el Consenso de Cartagena, que entre otras cosas reconocía la necesidad de un diálogo sobre las evidentes consecuencias políticas que generaban la deuda, tuvo un efecto casi inmediato. Apuró en el ámbito internacional los trámites para que cada país pudiese reestructurar las mismas y evitar de esta manera la posibilidad de iniciar negociaciones conjuntas.
El FMI y el @BancoMundial llaman a todos los acreedores bilaterales oficiales a suspender los pagos de la deuda de los países más pobres del mundo (AIF) que soliciten período de gracia. Lea la declaración conjunta: https://t.co/LgzhdVwyVa
— FMI (@FMInoticias) March 25, 2020
A partir del segundo semestre de 1984, varios países latinoamericanos llevaron adelante una segunda serie de procesos de restructuración, con la promesa de alivianar la carga de la deuda en relación a lo planteado en Cartagena.
La unión de los países deudores nunca se concretó en la práctica, sin embargo, la sola amenaza de que los distintos países en deuda con el FMI pudiesen unir esfuerzos para negociar conjuntamente mejores condiciones de reestructuración fue suficiente para torcer el brazo de la comunidad financiera internacional, brindando individualmente mejores condiciones para evitar lo que podría haber sido un peligroso antecedente de unidad.
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