El anuncio del Gobierno nacional de destinar $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES para reactivar el crédito hipotecario generó expectativas, pero también interrogantes. NEA HOY dialogó sobre la medida con Ruben Serruya, licenciado en Economía (UNNE) y coordinador de la Tecnicatura Superior en Administración Económico Financiera de la UEGP N° 157 "Foro Social del Nea".
Serruya reconoció la lógica de la iniciativa: los bancos "tienen dificultades para conseguir fondos suficientemente largos para prestar a 15, 20 o 30 años", por lo que el Estado les ofrece financiamiento de mayor plazo. "En la lógica económica tiene sentido", sostuvo, aunque aclaró: "El problema no es querer reactivar el crédito. El problema es cómo hacerlo".
¿Qué se hace con el FGS?
El primer punto que puso sobre la mesa es la naturaleza del fondo. Recordó que el FGS "no es simplemente una caja de libre disponibilidad del Estado", sino un patrimonio previsional cuyas inversiones deben regirse por seguridad y rentabilidad. Para el economista, la discusión no pasa por si el fondo puede invertir en la economía real, sino por si la operación guarda una relación adecuada entre rentabilidad, riesgo, liquidez y plazo.
Ahí marcó una tensión central: el FGS presta indirectamente a los bancos por uno a cinco años, mientras que las hipotecas otorgadas tendrán un mínimo de 15 años. Aunque el Gobierno sostiene que el riesgo crediticio de las familias queda en los bancos, Serruya matizó: "Eso es cierto en cuanto al riesgo directo del crédito hipotecario. Pero no significa que el FGS esté completamente aislado del riesgo financiero", ya que su contraparte inmediata es el banco que recibe el depósito.
Una escala acotada frente al déficit habitacional
Con los $2 billones anunciados, el Gobierno estima generar entre 17.000 y 18.000 créditos, cifra que Serruya consideró "poca frente a la magnitud del déficit habitacional argentino". Advirtió sobre el riesgo de presentar la medida como una solución estructural, cuando en rigor se trata de "un programa de financiamiento, no una política habitacional integral".
Sobre el acceso, retomó el ejemplo oficial: para una vivienda de unos US$106.667, financiando el 75% a UVA + 7% a 25 años, la cuota inicial rondaría los $865.000, con un ingreso familiar neto requerido cercano a los $3,46 millones mensuales. "El crédito está destinado a facilitar el acceso a la vivienda, pero el requisito de ingreso puede dejar afuera justamente a una parte importante de los trabajadores que tienen mayores dificultades para acceder a ella", planteó.
El regreso de la UVA, el punto que más preocupa
Consultado sobre la actualización, Serruya explicó que la deuda y la cuota se ajustan por UVA, atada a la inflación. El programa fija un límite a la tasa real —UVA + 7,5%—, pero no al crecimiento nominal de la deuda por inflación, algo que se agrava "en un contexto donde los salarios permanecen congelados y la inflación se acelera". Por eso, insistió, la pregunta relevante no es si se puede pagar la primera cuota, sino "qué porcentaje de mi salario voy a destinar a la cuota dentro de cinco, diez o quince años".
Caputo versus Procrear: dos lógicas distintas
Al comparar el esquema actual con Procrear, Serruya señaló que la diferencia central está en qué riesgo asume el Estado. Hoy el FGS aporta fondeo mientras los bancos seleccionan clientes y cargan con el riesgo crediticio. Procrear, en cambio, fue una política de vivienda más amplia, con créditos, lotes y desarrollos urbanísticos, y utilizó en varias líneas el Coeficiente Casa Propia, que incorporaba la evolución salarial. "La diferencia no es solamente quién pone la plata, sino qué variable se utiliza para proteger al deudor", resumió.
Sin embargo, evitó idealizar el esquema anterior: recordó que Procrear "tampoco era gratis". La comparación válida, dijo, no es cuál programa fue "bueno" o "malo", sino "qué modelo distribuye mejor los riesgos entre el Estado, los bancos y las familias".
¿A quién se subsidia realmente?
El punto que Serruya definió como más crítico es el uso del ahorro previsional para abaratar el fondeo bancario. El esquema fija que los bancos capten depósitos del FGS a UVA + 2,5% a un año o UVA + 4,5% a cinco años, y presten para hipotecas a una tasa máxima de UVA + 7,5%, lo que genera un margen que "merece ser transparentado, sobre todo para saber a quién estamos subsidiando".
Enumeró cinco riesgos posibles para el FGS: de rentabilidad, si el rendimiento es inferior al de alternativas comparables; de concentración de cartera; de liquidez, al comprometer recursos a plazo; de contraparte bancaria; y de política pública, ante la posibilidad de que un fondo previsional termine resolviendo problemas coyunturales del mercado financiero.
Para cerrar, Serruya fue claro: "Argentina necesita crédito hipotecario, y necesita mucho más del que tiene". Pero advirtió que no alcanza con anunciar los fondos y celebrar el regreso de las hipotecas: "Hay que preguntarse quién puede acceder, cuánto terminará pagando, qué ocurre con la cuota cuando suben los precios, y quién absorbe los riesgos cuando las condiciones económicas cambian", concluyó.
ADEMÁS EN NEA HOY:
El crédito en dólares que propone Caputo: más financiamiento, pero ¿quién asume el riesgo?
Tras el fracaso de la Ley de Inocencia Fiscal, Caputo sale a buscar los dólares «debajo del colchón»
