Desde agosto, más de 900.000 personas en todo el país dejarán de percibir los $78.000 mensuales del programa Volver al Trabajo, el sucesor del extinto Potenciar Trabajo. En la región del Nordeste argentino, la medida repercutirá sobre unas 116.000 personas que, hasta ahora, sostenían buena parte de su economía doméstica con ese ingreso. La decisión llega tras un fallo de la Cámara Federal de San Martín que revocó la medida cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano a continuar con los pagos, y se da en un escenario de desocupación creciente y de fuerte precarización laboral en el interior del país.
La resolución, firmada por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, dejó sin efecto una orden previa del Juzgado Federal de Campana que había dispuesto sostener el programa hasta tanto existiera una política alternativa con un nivel de protección equivalente. Para los camaristas, mantener el beneficio por la vía de una cautelar equivalía a adelantar el resultado de un juicio que todavía no tiene sentencia definitiva, y remarcaron que el Poder Ejecutivo conserva la facultad de modificar o dar de baja programas sociales que fueron creados con un plazo determinado.
De la contraprestación social a la desaparición del ingreso
Volver al Trabajo no nació como una simple ayuda económica: fue el resultado de una larga transformación de las políticas de asistencia a los sectores populares. Durante años, buena parte de esos titulares sostuvo, a cambio del ingreso, tareas comunitarias organizadas por cooperativas y movimientos sociales: barrido y mantenimiento de espacios públicos, pintura de escuelas, huertas comunitarias, y sobre todo la administración de comedores y merenderos que, en muchos barrios del NEA, funcionan como la principal red de contención alimentaria frente al avance de la pobreza.
Ese esquema de contraprestación fue el que el Gobierno de Javier Milei empezó a desarmar de manera progresiva. Primero eliminó la exigencia de asistir a la cooperativa o cumplir tareas territoriales, lo que debilitó el vínculo entre las organizaciones sociales y sus bases. Después, mediante el Decreto 198/2024, transformó el Potenciar Trabajo en Volver al Trabajo, un programa pensado para durar apenas 24 meses y orientado a la capacitación laboral. Finalmente, congeló el monto de la prestación en noviembre de 2023 y nunca volvió a actualizarlo, lo que implicó, según organizaciones vinculadas a la economía popular, una pérdida de poder adquisitivo cercana al 74% frente a la inflación acumulada.
Ese congelamiento fue, en los hechos, la antesala del cierre. Con un beneficio cada vez más licuado y sin la obligación de sostener las tareas comunitarias que antes le daban sentido social al programa, el terreno quedó preparado para el paso siguiente: directamente discontinuar la transferencia de dinero. En su reemplazo, el Ministerio de Capital Humano avanza con Formando Capital Humano, un esquema de vouchers de capacitación que ya no llega a la cuenta de cada beneficiario, sino que financia directamente a empresas y centros de formación. Cabe destacar que desde la implementación de esta dinámica desde Capital Humano, la cantidad de beneficiarios que pudieron conseguir un trabajo alcanza apenas el 1.3%.
Qué pasa en el NEA
La región nordeste, una de las que históricamente concentra mayores niveles de informalidad laboral y pobreza estructural, es también una de las más expuestas al recorte. Los cerca de 116.000 titulares del programa en Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones venían utilizando ese ingreso fijo para sostener gastos básicos —alimentos, medicamentos, transporte— en un contexto donde el trabajo registrado sigue siendo escaso. Organizaciones sociales de la región advierten que la desaparición del ingreso, sumada al recorte de fondos para comedores y merenderos, puede profundizar la crisis alimentaria en barrios populares del interior.
La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) fue una de las voces más críticas tras conocerse el fallo. Su secretaria general adjunta, Dina Sánchez, advirtió que desde agosto miles de trabajadores perderán «su único ingreso fijo«. Por su parte, la organización presentó una apelación ante la Corte Suprema de Justicia para que revise la decisión de la Cámara, aunque hasta que exista una resolución del máximo tribunal el Ministerio de Capital Humano no prevé realizar ningún depósito.
Mientras tanto, el plan de lucha continúa. Tras la jornada de protesta del 22 de julio, que incluyó incidentes en Avellaneda, las organizaciones sociales, la CGT y las dos CTA convocaron a una nueva movilización para el 6 y 7 de agosto, coincidiendo con el Día de San Cayetano. Bajo la consigna histórica de «Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo», se reclamará la continuidad de Volver al Trabajo y la restitución del Salario Social Complementario, además de manifestarse contra el recorte a comedores comunitarios y la paralización de obras de urbanización en barrios populares.
Para las organizaciones de la economía popular, lo que está en juego no es solo un ingreso mensual, sino el último eslabón de un modelo que durante casi tres décadas combinó asistencia económica con trabajo comunitario. Su desaparición, sostienen, deja a cientos de miles de familias —muchas de ellas en el NEA— sin la principal herramienta que tenían para sostenerse en medio de la crisis del empleo formal.
ADEMÁS EN NEA HOY:
Pettovello reasignó más de $8.000 millones que eran para alimentos y nunca explicó el destino
Remendar con hilo roto: asistir a víctimas de violencia cuando el Estado lleva la contraria
Donde el Estado no llega, llega el transa: salud mental y consumo en los barrios de Posadas
