El 22 de julio, distintas organizaciones sociales acompañaron la ronda de jubilados en el Congreso. Pero la jornada estuvo marcada por una noticia que la dirigente de la UTEP, Patricia Duarte, calificó como “muy preocupante para el sector de la economía popular”: la Cámara Federal de San Martín dejó sin efecto la medida cautelar conseguida en abril, que garantizaba la continuidad del pago del salario social complementario, conocido como programa Volver al Trabajo.
La Cámara hizo lugar a la presentación del Gobierno nacional. La consecuencia directa, explicó Duarte, es que desde agosto más de 900.000 familias en todo el país dejarán de cobrar el programa. “Eso nos lleva a una situación de mucha preocupación y de mucha complejidad, porque en un momento donde efectivamente cada vez alcanza menos la plata, cada vez ingresa menos plata en las familias argentinas”, planteó.
Según precisó, son 930.000 los trabajadores de la economía popular que percibían el programa en todo el país. En Chaco, la cifra alcanza a 45.000 personas.
Un salario congelado desde 2023
Duarte remarcó que la afectación no es solo la pérdida del ingreso. El salario social complementario quedó congelado en 78.000 pesos desde diciembre de 2023 y fue desenganchado del salario mínimo, vital y móvil. “Antes, cuando aumentaba el mínimo vital y móvil, aumentaba el salario social”, explicó. Cuando el Gobierno decidió eliminarlo en abril, las organizaciones lograron una cautelar judicial “porque obviamente esa quita afecta directamente la posibilidad de acceder a derechos básicos como la alimentación en esas más de 900.000 familias”.
El impacto económico en Chaco
Para la dirigente, el golpe repercute en todo el entramado económico. En Chaco, los 45.000 titulares del programa representan más de 3.000 millones de pesos que dejarán de ingresar por mes a la provincia. “Esa plata en realidad en donde la gasta el trabajador, la gasta en su circuito económico: compran en el almacén del barrio, compran en la verdulería del barrio”, detalló.
Duarte insistió en que, aunque la cifra pueda parecer baja, el salario social cumplía una función concreta. “Uno dirá ‘bueno, son 78 mil pesos’, pero 78 mil pesos alcanzaban quizás para comprar la garrafa, para cargar la SUBE, para hacer alguna changa”, explicó.
“Hay un avance del crimen organizado”
Uno de los ejes centrales de la entrevista fue la advertencia sobre el vacío que puede dejar el Estado en los barrios. “Uno puede recorrer la zona sur de la Ciudad de Resistencia y el retiro del Estado es la complejidad de que avanza toda la red de criminalidad en el territorio”, afirmó. Según explicó, ese avance se expresa en préstamos informales que endeudan a las familias.
Sin diálogo con el Gobierno
Consultada sobre una respuesta oficial, Duarte fue categórica: “El Gobierno nacional no solamente no habla con nosotros, no habla con ningún sector”. También cuestionó el esquema de formalización laboral impulsado por Nación y señaló que, de las 900.000 personas alcanzadas por la medida, solo unas 1.500 se inscribieron en las capacitaciones ofrecidas.
La dirigente cuestionó además el diagnóstico económico oficial: “Hay familias enteras que hace más de un año que buscan empleo formal y no se encuentran, porque no hay una reactivación de la economía en la Argentina”. Habló, en cambio, de “un industricidio, una destrucción de las industrias y una destrucción de las pymes”.
Duarte confirmó que las organizaciones apelaron el fallo de la Cámara Federal de San Martín y que la Corte Suprema deberá resolver el planteo. Mientras tanto, adelantó que continuarán con el reclamo y participarán de una nueva jornada de movilización prevista para el 7 de agosto.
Fuente: Chaco Día por Día
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