En una esquina del barrio San Lorenzo, en Posadas, funciona Vientos de Libertad. Este Centro de Acompañamiento Comunitario — que funciona desde el 2001 y fue habilitado por SEDRONAR como CAT— trabaja con personas en situación de consumo problemático, muchas de ellas también en situación de calle. Hoy, ese trabajo se sostiene a pulmón, con cada vez menos recursos y más demanda.
«Cuando un pibe llega acá, el consumo es el número diez de sus problemas«, explica uno de los referentes del espacio. «Antes de eso hay quilombos en la familia, hay situación de calle, hay deterioro. Nosotros acompañamos todo eso, no solamente el proceso de deshabituación«.
Ese abordaje integral —que el equipo define como «político-terapéutico»— los diferencia de la oferta institucional disponible en la provincia. Mientras el sistema público ofrece turnos ambulatorios que pueden demorar entre dos y tres meses, Vientos garantiza presencia diaria: coordinadores, talleristas, psicólogo y trabajadora social los lunes y miércoles, apoyo escolar los martes y merienda comunitaria tres veces por semana abierta a todo el barrio. «Si no viene el psicólogo, va a estar el coordinador, la referencia, alguien para compartir un mate con ese pibe», dicen.
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Hoy atienden entre 35 y 40 personas por mes. De ellas, alrededor de 30 atraviesan situaciones de consumo activo y cerca de 20 están en situación de calle. El perfil que llega es el de personas de barrios populares que no acceden —o no pueden acceder— a los servicios del centro de la ciudad.
El desmantelamiento que nadie ve
Durante años, el funcionamiento del espacio fue posible gracias a una combinación de programas nacionales: el Potenciar Trabajo —antes llamado Salario Social Complementario—, los Potenciar Proyectos y los fondos de SEDRONAR destinados a la red de Centros de Acompañamiento Comunitario. Esa arquitectura de apoyo hoy está en ruinas.
El Potenciar Trabajo permitía que compañeros del barrio desarrollaran tareas en el centro —cocina, limpieza, administración, talleres deportivos— como contraprestación. Con el congelamiento del programa y su posterior eliminación, muchos dejaron de poder costearse el pasaje para llegar. «Se tuvieron que reinventar dentro de su propio barrio para no pagar el colectivo», recuerdan en el espacio. El último mes que cobraron fue hace pocas semanas. Fueron 78.000 pesos, una cifra que ya de por sí no alcanzaba para nada.
Los Potenciar Proyectos, por su parte, habían financiado iniciativas como el taller de serigrafía, que llegó a articularse con cooperativas textiles del barrio. Hoy tienen todas las herramientas, pero no pueden pagar al docente que lo dicte ni sostener la producción. «Antes podíamos rentar a un profesor por un período para que diera las clases. Hoy ni soñando«, afirman.
A eso se suma el congelamiento del presupuesto de la red nacional de CAC —conquistado en 2014 para pagar a los profesionales que trabajan en el espacio. Ese fondo existe, pero cada vez alcanza menos.
Sin frescos, sin medicamentos, sin DNI
La situación se traduce en detalles concretos que, sumados, describen un cuadro urgente. La caja chica que antes permitía comprar verduras o reponer una garrafa hoy se destina exclusivamente a papel, tinta y artículos de limpieza. Los alimentos que garantizan —polenta, fideos, arroz— llegan a través de la campaña nacional Ni Un Pibe con Hambre, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, que abastece 44 espacios en toda la provincia cada dos meses.
El acceso a medicamentos también se complicó. Para internar a una persona, el sistema público exige estudios clínicos cuyos informes pueden tardar más de un mes en entregarse. Sin informe, no hay lista de espera. Sin turno, no hay psiquiatra. El circuito se vuelve un laberinto para alguien que ya está al límite.
Para peor, muchos de los pibes que llegan a Vientos no tienen DNI: lo perdieron, lo dejaron en manos de un prestamista, o la policía se los retuvo y no se los devolvió para, en palabras de una de las referentes, divertirse “jorobándole la vida a ese pibe que ya está atravesado por veinte mil problemáticas. La tramitación gratuita que antes existía desapareció. Sin DNI no hay atención médica formal.
El transa que el Estado dejó entrar
En el barrio, la ausencia del Estado tiene nombre y apellido. Como una profecía macabra del neoliberalismo, cuando Milei que quería eliminar al Estado para que de los problemas se ocupen los privados, en los barrios donde no hay plata ese privado termina siendo el transa.
«Acá cada dos casitas tenemos un transa«, admiten, “y no solo vende sustancias: también presta dinero, cubre la olla cuando no llega el sueldo, financia imprevistos. Vecinas que retiran leche en el barrial probablemente ya le dejaron su tarjeta a alguien a cambio de un préstamo”.
Así, el narcomenudeo se mete en esos huecos que deja la indiferencia del gobierno. El equipo exige, semana a semana en reuniones con los ministerios de Salud, de desarrollo o secretaría de adicciones de la provincia, algún reconocimiento formal como trabajadores de la salud comunitaria. Por ahora, no obtuvieron respuesta. Mientras tanto, siguen abriendo las puertas de lunes a viernes. Con menos gente, menos recursos y una crisis que arroja cada vez más pibes al consumo.
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