La segunda revisión del programa del Gobierno nacional por parte del FMI dejó al descubierto la hoja de ruta que el organismo multilateral exige al país para 2026. Bajo el objetivo de «salvaguardar el ancla fiscal», el Fondo impulsa un paquete de medidas que busca obtener recursos para cumplir con una meta de superávit primario de $16,34 billones, que van a tener que pagar los abuelos, trabajadores y ciudadanía en general, mientras se benefician grupos exportadores.
Uno de los puntos centrales es la reforma previsional: detrás de la calificación del sistema como «fiscalmente insostenible», el FMI propone una reforma que impacta sobre quienes no cuentan con los años de aportes requeridos, eliminando las moratorias para que quienes adeuden montos no tengan la posibilidad de completar lo que deben. De esta manera, eliminará una medida que le quitará al trabajador que no haya tenido un trabajo en blanco toda su vida laboral la posibilidad de una jubilación y deba conformarse con una PUAM, que será menos dinero.
En ese sentido, el organismo también plantea desvincular la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) y la pensión básica del sistema contributivo (SIPA), financiándolas únicamente con impuestos generales. Esto implicaría que estos beneficios dejen de contar con una actualización automática y queden sujetos a la recaudación disponible la cual está cayendo constamentente por la paralización de la actividad económica. De cumplirse esto la PUAM, que actualmente es de $322.654, tendrá menores aumentos a los recibidos.
El FMI también presiona para acelerar la reducción de subsidios energéticos, sugiriendo un ajuste de $0,82 billones para 2026. El esquema acordado contempla que solo un grupo reducido de hogares elegibles mantenga una bonificación del 50% sobre un bloque básico de consumo. Cualquier excedente por encima de ese límite se facturaría a tarifa plena, mientras que el subsidio de transición del 25% se reduciría gradualmente durante el año. Esto implicaría un aumento progresivo del costo de los servicios para hogares de ingresos medios y bajos.
La obra pública, ya afectada por la paralización de numerosos proyectos, enfrentaría un nuevo recorte de $1,17 billones, equivalente al 0,10% del PBI. El plan también contempla la concesión de más de 9.000 kilómetros de rutas distribuidas en 14 provincias, trasladando el financiamiento del mantenimiento vial a esquemas basados en peajes y tarifas privadas. En suma, circular por el país será más caro.
Asimismo, plantea un esquema impositivo aún mas desigual: los de mayor poder adquisitivo pagarán menos impuestos y los que tienen menor capacidad monetaria pagarán más. Eso se evidencia, por un lado, con la reforma tributaria impulsada por el FMI que propone reducir gradualmente las retenciones a las exportaciones, mientras plantea que al menos el 20% de los trabajadores formales vuelva a quedar alcanzado por el Impuesto a las Ganancias.
Por otra parte, el organismo considera que el Monotributo tiene una carga tributaria reducida y propone incrementar sus tasas y aportes para acercarlos al régimen general. La medida apunta a incrementar la recaudación en un equivalente al 1% del PBI, mediante mayores aportes de trabajadores independientes y pequeños contribuyentes.
En definitiva, las «recomendaciones» del FMI consolidan un esquema económico que prioriza el cumplimiento de las metas fiscales mediante ajustes sobre jubilaciones, subsidios, infraestructura y carga tributaria, trasladando buena parte del esfuerzo a los sectores medios y populares.
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