La llegada de una nueva ola de frío polar volvió a dejar en evidencia una de las principales preocupaciones de los hogares argentinos: el costo de mantener la calefacción encendida. En un contexto de temperaturas bajo cero en gran parte del país, las boletas de luz y gas registran incrementos que, según distintos informes especializados, superaron ampliamente la inflación acumulada desde la asunción del presidente Javier Milei.
Mientras el Gobierno nacional sostiene que la recomposición tarifaria se realiza de manera gradual para reducir el peso de los subsidios estatales, diversos estudios advierten que el impacto sobre los ingresos familiares es cada vez mayor, especialmente entre los sectores de menores recursos.
Tarifas muy por encima de la inflación
De acuerdo con el último reporte elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la UBA y el Conicet, las tarifas eléctricas acumulan un incremento del 494% desde diciembre de 2023, mientras que el servicio de gas registra una suba del 2.073% en el mismo período.
En contraste, la inflación acumulada ronda el 311,9%, una diferencia que refleja que el costo de los servicios públicos avanzó a un ritmo considerablemente superior al del índice general de precios.
El escenario resulta todavía más complejo para quienes perdieron los subsidios energéticos durante el proceso de reordenamiento del esquema tarifario impulsado por el Gobierno nacional. Millones de usuarios pasaron a pagar valores cercanos a la tarifa plena, incluso en numerosos casos de hogares con ingresos limitados.
El invierno agrava el impacto en las familias
La combinación entre el aumento de las tarifas y el mayor consumo propio del invierno genera un efecto directo sobre el presupuesto familiar. Según el informe del IIEP, el peso conjunto de las facturas de luz y gas pasó de representar alrededor del 1% del salario promedio a fines de 2023 a 3,7% en junio de 2026.
Sin embargo, ese promedio esconde diferencias importantes. En los hogares con menores ingresos, la incidencia de las tarifas resulta considerablemente más elevada. Para una familia cuyos ingresos equivalen a dos salarios mínimos, las facturas de electricidad y gas pueden representar alrededor del 8,2% de sus ingresos, mientras que en los hogares de mayores recursos el peso ronda el 2%.
Desde la Casa Rosada sostienen que la política energética busca corregir años de atraso tarifario y reducir el gasto público destinado a subsidios. No obstante, los incrementos acumulados durante los últimos dos años y medio muestran una aceleración significativa durante 2026, particularmente en el servicio de gas, donde las subas mensuales llegaron a superar el 20% en algunos períodos.
El problema adquiere mayor dimensión si se considera que una parte importante de la población argentina continúa sin acceso al gas natural por redes. Según datos del Indec correspondientes al segundo semestre de 2025, alrededor del 35% de los hogares del país no dispone de ese servicio.
La situación es todavía más crítica entre los sectores vulnerables:
- El 70% de los hogares indigentes no tiene conexión a la red de gas.
- El 58,5% de los hogares pobres no indigentes también depende de alternativas como la garrafa.
- Entre los hogares no pobres, esa proporción desciende al 31%.
Para estas familias, la calefacción depende casi exclusivamente del gas envasado.
Garrafas: un beneficio reducido y precios mucho más altos
La eliminación del antiguo Programa Hogar y su reemplazo por un esquema de reintegros también generó cuestionamientos. Tras la liberalización del mercado del gas envasado, el precio de una garrafa de 10 kilos pasó de valores cercanos a los $3.500 a fines de 2023 a ubicarse actualmente entre $30.000 y $35.000, según los valores de referencia del mercado.
Aunque el nuevo sistema contempla un reintegro para quienes cumplen determinados requisitos, el monto cubre apenas una parte del precio final, muy lejos del nivel de cobertura que ofrecía el programa anterior. Además, organizaciones sociales y especialistas señalan que las nuevas condiciones de inscripción redujeron considerablemente el número de beneficiarios, dejando a miles de familias sin asistencia en un contexto de fuerte aumento del costo energético..
Mientras el Gobierno considera que los usuarios deben afrontar progresivamente el costo real de la energía, distintos economistas y especialistas en políticas públicas advierten que el ritmo de los aumentos, sumado a la reducción de subsidios, profundiza las dificultades de los sectores más vulnerables para afrontar un gasto indispensable durante los meses de bajas temperaturas.
Con una nueva ola polar instalada sobre gran parte del país, la discusión deja de ser exclusivamente económica para transformarse también en un problema social: para miles de familias argentinas, calefaccionarse dejó de ser únicamente una necesidad y pasó a convertirse en un desafío cada vez más difícil de afrontar.
Fuente: Tiempo Argentino
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