En un contexto de crisis energética, el Gobierno confirmó que las tarifas de electricidad y gas aumentarán todos los meses por encima de la inflación. La definición se conoció junto con la postergación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la salida de Marco Lavagna de la conducción del Indec, decisiones que generaron cuestionamientos entre economistas y analistas.
El Ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la medida al señalar que modificar la metodología del IPC en esta etapa podría alimentar sospechas políticas sobre una «inflación artificialmente más baja», justo cuando el proceso de desinflación todavía no está consolidado y persisten correcciones de precios relativos. En ese marco, fue explícito al afirmar que, tras la fuerte recomposición tarifaria de 2024, los aumentos mensuales deberán ser «un poquito» superiores a la inflación.
Según estimaciones de la consultora Invecq, los usuarios residenciales pagan actualmente el 76% del costo de la energía eléctrica, el 61% del gas natural y apenas el 32% del transporte, mientras que el servicio de agua ya alcanzó una cobertura plena del 100%. Ese rezago explica, en parte, la decisión de profundizar el sendero de aumentos.
La postergación del nuevo IPC, que incorporaría ponderadores actualizados de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/18 y daría mayor peso a los servicios, fue criticada por distintos economistas. Santiago Bulat, director de Invecq, señaló que la mayor diferencia entre ambos índices se registró en 2024, mientras que en 2025 la brecha fue menor a un punto porcentual. Aun así, advirtió que con la metodología actual todavía restan cerca de cuatro puntos de impacto directo por tarifas en un año.
La desaceleración de la inflación es el principal activo del Gobierno. Tras el pico del 211,4% en 2023, el IPC cerró 2025 con una suba acumulada del 31,5%, el registro más bajo en ocho años. No obstante, el dato de diciembre —2,8%— encendió señales de alerta, al marcar la variación mensual más alta desde abril y consolidar varios meses consecutivos de aceleración. Para enero, las estimaciones privadas oscilaron entre 2,5% y 2,7%.
Desde febrero, la Secretaría de Energía dispuso aumentos promedio del 3,59% en electricidad en el AMBA y del 16,86% en gas a nivel nacional. Las subas responden a la aplicación de la Revisión Quinquenal Tarifaria, ajustes automáticos por fórmula, cambios en el esquema de subsidios y la implementación de un precio del gas unificado durante todo el año.
El nuevo Subsidio Energético Focalizado elimina la segmentación por niveles de ingresos y establece solo dos categorías: usuarios con subsidio y sin subsidio. El umbral de acceso baja de 3,5 a 3 canastas básicas, lo que implicará que miles de familias de ingresos medios pierdan la bonificación. Las estimaciones privadas indican que el impacto alcanzará a cientos de una gran cantidad de usuarios.
Para los sectores de menores ingresos, las subas serán significativas: consultoras privadas proyectan aumentos reales de hasta 20% en electricidad y 23% en gas frente a las boletas de 2025, aunque con atenuantes estacionales.
El dilema es claro. Mientras el Presupuesto 2026 proyecta una inflación anual del 10,1%, otras estimaciones, como el REM del Banco Central, prevén un 22,5%. En ese escenario, el ajuste tarifario por encima del IPC tensiona el relato oficial, aun cuando el Gobierno insiste en que la actualización de precios relativos es clave para sostener el equilibrio fiscal y consolidar la baja de la inflación.
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