En un sesión extensa y con fuertes discusiones, el oficialismo logró la media sanción para el Súper RIGI, la versión recargada del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones sancionado en 2024. Esta vez, los beneficios apuntan a desarrollos inexistentes en el país como inteligencia artificial, data centers y semiconductores, una entrega de soberanía a la medida de Silicon Valley. La nueva legislación beneficiará a los monopolios tecnológicos, otorgando una estabilidad fiscal, cambiaria y jurídica por treinta años, sin retenciones y libre disponibilidad de divisas.
La ley, hecha a medida de Peter Thiel el magnate norteamericano dueño de Palantir, consagra un blindaje normativo sin precedentes a los capitales transnacionales, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado y la autonomía de las provincias.
La discusión sobre el Súper RIGI llegó cerca de las cinco de la tarde, tras la aprobación del pago a dos fondos buitres que litigan en contra de la Argentina desde 2001. El encargado de presentar el proyecto fue el diputado libertario Bertie Benegas Lynch. “¿Quién puede estar en contra de esto?”, se preguntó.
“Son incentivos fiscales, cambiarios, aduaneros y seguridad jurídica. Son cuatro conceptos que los países civilizados ya incorporaron y por eso les va como les va”, dijo. Se trata de “ser amigable con las inversiones”, remató. Llamó la atención la escasa preparación del oficialismo y sus aliados respecto a cuestiones clave y geoestratégicas como inteligencia artificial, data centers y cadenas de valor en medio de la revolución informacional actual.
El proyecto garantiza a los tecno-ricos un “derecho adquirido, asimilable al de propiedad”, que no puede ser alterado por normas posteriores. Tal como expresa el artículo 24, habilita arbitrajes internacionales y al CIADI para resolver conflictos entre empresas y el Estado. Es decir, coloca tribunales internacionales por encima de la justicia local. Por esto mismo, la diputada Adriana Serquis, expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, lo calificó como “anticonstitucional”. Además, de ir en contra de otro mandato de la Carta Magna que llama a “garantizar el ambiente para el futuro”. El proyecto no impone ningún tipo de condicionamiento al uso de la energía y el agua, explicó la diputada.
El diputado Juan Marino de Unión por la Patria explicó que “no es un proyecto aislado, sino que forma parte de un paquete legislativo junto con el proyecto de inviolabilidad de la tierra, la Ley de Glaciares y junto con el proyecto de reforma a la Ley de Sociedades, con el cual quieren instaurar las sociedades automatizadas”. “Con este Super RIGI transforman a la Argentina en una economía de enclave donde monopolios tecnológicos extranjeros saquean nuestros recursos naturales sin generar puestos de trabajo y se apropian del país para desarrollar el laboratorio de su tentativa tecnofascista”.
Fue Maximiliano Ferraro quien advirtió sobre el riesgo de una “plutocracia” derivada de normas como el Súper RIGI. “No cuestionamos la necesidad de invertir que pueda tener la Argentina, cuestionamos la idea de que el futuro de nuestro país se constituya sobre un régimen de privilegios para unos pocos mientras millones de argentinos quedan afuera de la ecuación”, dijo.
Para Miguel Pichetto, “el Gobierno aún no ofrece la confianza necesaria para este tipo de inversiones”. El diputado de Encuentro Federal cuestionó la ley porque “las iniciativas que este proyecto dice beneficiar ya estaban planificadas, por lo que el Súper RIGI no es una buena ley. Además, estamos otorgando demasiadas ventajas —como la jurisdicción extranjera— a negocios que iban a dar rédito por sí mismos”. A la hora de votar lo hizo en contra.
Sobre los beneficios impositivos extraordinarios que el proyecto garantiza a los tecno- ricos, como por ejemplo una alícuota reducida del 15 por ciento en ganancias en lugar del rango de entre 25 y 35 por ciento que pagan el resto de las actividades, Diego Giuliano señaló que “es legislar en el lugar equivocado” e indicó que la iniciativa “compromete 8 presidencias y 16 períodos legislativos”. Lo calificó como “un paraíso fiscal en medio del infierno que viven hoy las PyMES”. En efecto, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) estima que el RIGI generará un costo fiscal para el Estado de al menos 1.069 millones anuales de dólares y que la mayor pérdida de recaudación impactará entre 2029 y 2033, en el próximo mandato presidencial.
Fuente: Página 12
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