La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso presentado por el Gobierno nacional y dejó firme la medida cautelar que ordena aplicar parte de la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión mantiene vigente la actualización salarial para docentes y no docentes universitarios y la recomposición de programas estudiantiles.
El fallo fue firmado este 25 de junio de 2026 por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, en el marco de una causa impulsada por universidades nacionales y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) contra el Estado nacional.
La decisión de la Corte y su impacto inmediato
La Corte Suprema resolvió declarar inadmisible el recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo debido a que no existe una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión. Como consecuencia, quedó firme la medida cautelar que obliga al Estado a cumplir con parte de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.
La resolución no constituye una definición definitiva sobre la constitucionalidad de la norma ni sobre el conflicto de fondo. Sin embargo, mantiene vigente la orden judicial que exige la actualización salarial del personal docente y no docente y la recomposición de programas destinados a estudiantes universitarios.
Se trata de un nuevo capítulo en la disputa entre el Gobierno nacional y el sistema universitario público, que desde 2024 viene reclamando mayores recursos para afrontar el funcionamiento institucional y recomponer los ingresos afectados por la inflación.
Qué artículos de la ley deben cumplirse
La medida cautelar alcanza específicamente a los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que establecen mecanismos de actualización para los salarios universitarios y para distintos programas de asistencia al estudiantado.
La orden judicial dispone que el Gobierno avance con la recomposición salarial del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, además de garantizar la actualización de programas estudiantiles vinculados al acceso y permanencia en la educación superior.
No obstante, la cautelar no incluye otros aspectos contemplados por la ley, como la recomposición presupuestaria integral de las universidades para 2024 y 2025 ni diversas partidas destinadas al fortalecimiento institucional. Esos puntos continúan sujetos al debate judicial de fondo.
Un conflicto atravesado por reclamos y movilizaciones
La discusión sobre el financiamiento universitario se convirtió en uno de los principales focos de tensión entre el Gobierno nacional y la comunidad educativa. Durante los últimos meses se realizaron marchas federales, clases públicas y medidas de fuerza en distintas ciudades del país para exigir el cumplimiento de la ley.
Autoridades universitarias y organizaciones gremiales denunciaron una fuerte pérdida del poder adquisitivo de los salarios y una reducción de los recursos destinados al sistema universitario. Desde el Ejecutivo, en cambio, insistieron en la necesidad de preservar las metas fiscales y revisar los mecanismos de financiamiento.
Aunque la decisión de la Corte representa un respaldo a la vigencia de la medida cautelar, el expediente principal todavía no está resuelto. La Justicia deberá determinar si el Decreto 759/2025 es compatible con la Constitución y si el Estado puede condicionar la aplicación de una ley aprobada por el Congreso.
Mientras tanto, el Gobierno deberá mantener el cumplimiento de los artículos alcanzados por la cautelar. El desenlace definitivo del caso podría tener un impacto significativo sobre el financiamiento de las universidades públicas y sobre la relación entre los poderes del Estado en materia presupuestaria.
Fuente: Página 12
ADEMÁS EN NEA HOY:
Récord de cierres en la era Milei: las pymes, las principales víctimas del ajuste económico
ANSES: estas son las fechas de julio para jubilados con DNI entre 0 y 9
