El Gobierno nacional dejó trascender que firmará un decreto para extender las sesiones extraordinarias del Congreso hasta el 28 de febrero e incorporar el tratamiento de una nueva Ley de Financiamiento Universitario. La iniciativa apunta a modificar la norma sancionada en 2024 por ambas cámaras y ratificada tras el veto presidencial.
La decisión se produce luego de que el Ejecutivo presentara un recurso de amparo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal para frenar la implementación de la ley vigente. En diciembre pasado, la Justicia había ordenado su cumplimiento “inmediato”, tras considerar que el veto del presidente Javier Milei había sido revertido por el Congreso.
Un conflicto abierto con el Congreso y la Justicia
La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso en 2024 con el objetivo de actualizar partidas presupuestarias y recomponer salarios en el sistema universitario nacional. Aunque el Presidente la vetó, el Parlamento insistió con la norma, anuló el veto y obligó al Ejecutivo a promulgarla.
Sin embargo, el Gobierno optó por judicializar la aplicación de la ley y, según trascendió, ahora buscará modificar su contenido a través de un nuevo proyecto. Desde la Casa Rosada argumentan que la intención es “hacerla implementable”, en referencia al impacto fiscal que implicaría su puesta en marcha en los términos actuales.
El decreto que ampliará el temario de las sesiones extraordinarias será publicado en el Boletín Oficial y también formalizará el plazo necesario para el tratamiento legislativo, en cumplimiento del requisito reglamentario de al menos diez días para la emisión de dictamen.
Rechazo docente y advertencias de paro
Desde la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) manifestaron un fuerte rechazo a la intención de modificar la ley. Laura Carboni, secretaria general del gremio, sostuvo que al no aplicar la norma vigente el Gobierno “niega cada mes un aumento del 50% a la docencia de las universidades nacionales”.
Según denunciaron, docentes, no docentes y estudiantes ya se pronunciaron mediante petitorios, paros y movilizaciones en defensa de la ley aprobada por el Congreso. También cuestionaron posibles negociaciones entre el Gobierno y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para introducir cambios sin consulta amplia a la comunidad académica.
El malestar en el sector se profundiza en un contexto de deterioro salarial. De acuerdo con estimaciones de autoridades universitarias, cerca de 10.000 docentes habrían renunciado a sus cargos durante 2025 debido a los bajos ingresos. Además, los gremios señalan que los aumentos otorgados por el Ejecutivo quedaron por debajo de la inflación mensual, lo que continúa erosionando el poder adquisitivo.
Universidades públicas en tensión
La nueva ofensiva del Gobierno sobre la Ley de Financiamiento Universitario reabre un conflicto que atraviesa al sistema universitario desde comienzos de 2024. Con el inicio de las sesiones ordinarias previsto para el 1° de marzo, el debate legislativo promete escalar y podría derivar en nuevas medidas de fuerza en todo el país.
El eje de la disputa gira en torno al financiamiento de las universidades públicas, la autonomía universitaria y el cumplimiento de las decisiones del Congreso y la Justicia. Mientras el Ejecutivo insiste en revisar la norma por razones fiscales, los gremios y sectores académicos reclaman su aplicación plena e inmediata.
Con información de Tiempo Argentino.
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