Diputados y referentes de distintos espacios advierten que los proyectos impulsados por el oficialismo —desde la limitación de sublemas hasta los requisitos para ser candidato— podrían vulnerar garantías constitucionales y funcionar como una herramienta de proscripción contra dirigentes opositores.
Mientras la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Representantes avanza con el paquete de reformas electorales que incluye la Boleta Única por Agrupación Política, el límite de cuatro sublemas por lema y los distintos proyectos de «Ficha Limpia», un arco de voces opositoras viene marcando reparos cada vez más fuertes sobre el contenido y los objetivos reales de estas iniciativas.
Desde Unidad Popular Misiones, el espacio difundió un comunicado en el que cuestiona la motivación de fondo de estos proyectos. Según su planteo, las iniciativas buscarían fabricar causales de inhabilitación pensando en las elecciones de 2027, en un contexto donde, afirman, no existe en la provincia ninguna condena firme por hechos de corrupción.
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El texto sostiene que la justicia provincial estaría subordinada a un poder político con más de dos décadas de continuidad, y menciona el caso del docente Juan Carlos Soto como ejemplo de una causa que consideran armada. También señalan que dos de sus afiliados, Mónica Gurina y Leandro Sánchez, fueron judicializados, lo que para el espacio evidencia una intención de exclusión política antes que un interés genuino por la transparencia.
El diputado Cristian Castro, del Partido Agrario y Social, ofreció una mirada más matizada. Si bien se manifestó a favor de eliminar directamente la ley de lemas —tal como se hizo en la Carta Orgánica de San Javier— consideró que el límite de cuatro sublemas por municipio es un avance insuficiente frente al «abuso tremendo» que, según describió, llegó a registrarse en algunos distritos con hasta una docena de listas internas por partido. Castro también se mostró favorable a limitar la reelección indefinida en los municipios, proponiendo un tope de dos mandatos consecutivos para favorecer la alternancia y el control de gestión.
En cuanto a Ficha Limpia, Castro fue claro en diferenciar su postura del proyecto presentado por el oficialismo. Calificó la iniciativa renovadora como probablemente inconstitucional por incorporar exigencias que consideró desproporcionadas, como infracciones de tránsito o deudas municipales extendidas a cada candidato de una lista, desde el primer titular hasta el último suplente.
A su entender, eso complicaría severamente la conformación de listas partidarias en lugar de mejorar la calidad institucional. El legislador remarcó que su espacio apoya una Ficha Limpia «consensuada», distinta de la versión que impulsa la renovación, y confirmó reuniones con otros bloques —incluido el de Ramón Amarilla— para explorar la construcción de un interbloque de cara a las elecciones del año próximo.
El propio Ramón Amarilla, diputado de Por La Vida y los Valores, fue uno de los críticos más frontales. Cuestionó de fondo el sistema de lemas, al que responsabilizó de desvirtuar la voluntad de los votantes —citó el caso de Oberá, donde un candidato a defensor del pueblo resultó beneficiado por la acumulación de votos ajena a su postulación directa—.
Sobre Ficha Limpia, Amarilla remarcó que no se opone al espíritu de la norma, pero rechazó que infracciones de tránsito o deudas alimentarias puedan funcionar como causales de inhabilitación, y advirtió que bastaría con que un fiscal utilice cualquier causa para pedir una elevación a juicio para dejar a un candidato fuera de competencia, sin sentencia firme de por medio. El diputado vinculó esa arquitectura legal con su propia situación judicial, derivada de su participación en las protestas de 2024, y sostuvo que la norma terminaría funcionando como un mecanismo de exclusión para él y para otros dirigentes opositores.
Por su parte, German Palavecino, ex candidato a diputado nacional por el partido FE, centró sus críticas en la dimensión constitucional de ambas reformas. Argumentó que el sistema de lemas contradice el artículo 163 de la Constitución provincial, que establece la elección directa de intendentes y concejales, y consideró que ni la propuesta vigente ni la reforma que reduce a cuatro los sublemas resuelven ese problema de fondo.
Palavecino también advirtió sobre el impacto económico de la nueva boleta única por agrupación: según sus cálculos, los partidos pequeños verían multiplicado por nueve o doce el costo de impresión, al tener que afrontar la totalidad de las categorías en una sola pieza, a diferencia del sistema anterior, donde podían imprimir boletas por categoría.
Sobre Ficha Limpia, Palavecino fue tajante al calificar el proyecto oficialista como una colisión directa con garantías constitucionales, en particular la presunción de inocencia. Sostuvo que ningún avance contra la corrupción puede construirse vulnerando derechos de raigambre constitucional, y cuestionó que organismos del propio Estado —encargados de llevar registros de multas o deudas— puedan luego decidir de manera discrecional sobre la habilitación de un candidato.
Con la discusión todavía abierta en comisión y siete proyectos de reforma electoral más cuatro de Ficha Limpia en danza, el desafío para la Legislatura misionera será encontrar un texto que concilie las demandas de transparencia con las garantías constitucionales que la oposición insiste en poner en primer plano.
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