El Congreso nacional aprobó este miércoles el proyecto que autoriza el pago de USD 171 millones a dos grupos de acreedores holdouts vinculados al default de 2001. La votación se resolvió con 139 votos a favor y 97 en contra, lo que permitió avanzar con la validación del acuerdo negociado por el Poder Ejecutivo.
La medida se trató en el tramo final del plazo establecido con los fondos demandantes, que vencía a fines de junio. Con esta decisión, el Estado busca cerrar los últimos litigios abiertos por la reestructuración de deuda.
El resultado legislativo habilita la ejecución del acuerdo y deja firme el esquema de cancelación de los bonos involucrados en el conflicto judicial.
Cómo es el acuerdo con los acreedores
El convenio aprobado establece el pago de USD 67 millones a Bainbridge Ltd. y USD 104 millones al fondo Attestor Value Master Fund LP, lo que suma el total de USD 171 millones.
El mecanismo de pago se basa en el sistema internacional de “Entrega contra Pago” (DVP). Este esquema exige que los fondos se liberen al mismo tiempo que se cancelan los títulos de deuda, lo que evita riesgos de incumplimiento entre las partes.
El acuerdo también contempla una quita superior al 30% sobre los montos originalmente reclamados, según los términos negociados entre el Estado argentino y los acreedores.
Detalles del acuerdo y agenda económica
El convenio aprobado establece el pago de USD 67 millones a Bainbridge Ltd. y USD 104 millones a Attestor Value Master Fund LP, lo que totaliza los USD 171 millones.
El esquema se instrumenta mediante el sistema de “Entrega contra Pago” (DVP), que asegura la cancelación simultánea de los títulos de deuda.
El acuerdo contempla una quita superior al 30% sobre los montos originalmente reclamados por los fondos en litigio.
En paralelo, en el Congreso también se encuentra en debate el Super RIGI, una iniciativa vinculada al régimen de incentivos para grandes inversiones, que forma parte de la agenda económica del oficialismo.
Contexto del litigio y alcance político
El conflicto se origina en el default de la deuda argentina de 2001, uno de los episodios más prolongados de litigios internacionales contra el país. Los holdouts habían mantenido demandas activas en tribunales extranjeros durante más de dos décadas.
Desde el Gobierno se sostiene que este acuerdo permite cerrar un frente judicial que aún generaba costos legales y restricciones financieras. Además, se destaca que se trata de los últimos acreedores de relevancia con sentencias firmes pendientes.
El debate parlamentario también expuso posiciones divididas sobre el impacto fiscal y político de la decisión, aunque finalmente primó la aprobación del texto enviado por el Poder Ejecutivo.
Fuente: INFOBAE, CLARÍN
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