Hay una pregunta que los gobiernos del mundo están empezando a hacerse, aunque pocos se animan a responderla en voz alta: ¿qué pasa cuando una empresa no tiene ningún humano adentro? Argentina se adelantó. A principios de junio, el presidente Javier Milei y su ministro Federico Sturzenegger publicaron una columna en el Financial Times anunciando un proyecto de reforma de la Ley de Sociedades que permitiría la creación de entidades gestionadas íntegramente por agentes de inteligencia artificial, sin empleados, sin directivos y, eventualmente, sin accionistas humanos. La propuesta cruzó fronteras de inmediato y convirtió a Buenos Aires en el centro inesperado de uno de los debates jurídicos más importantes del siglo.
La reacción no tardó. Yuval Noah Harari, el historiador israelí autor de Sapiens, respondió en el mismo diario con una advertencia directa: otorgarle personalidad jurídica a la inteligencia artificial equivale a entregarle una llave maestra a entidades que no pueden ir presas, no sienten miedo y no le rinden cuentas a nadie.
Eligió una metáfora elocuente: Argentina aspira a ser una nueva Ámsterdam, próspera y vanguardista, pero corre el riesgo de construir una nueva Batavia, la ciudad que la Compañía Holandesa de las Indias Orientales arrasó en 1619 para levantar su imperio colonial. El debate, sin embargo, excede largamente el cruce entre dos figuras públicas en un diario británico.
El problema de la responsabilidad
En el corazón de la discusión está una pregunta que el derecho aún no ha sabido responder con claridad: cuando una máquina causa un daño, ¿quién responde? La historia ofrece una advertencia concreta. A fines de los años ochenta, una máquina de radioterapia llamada Therac-25 irradió a varios pacientes con dosis mil veces superiores a las prescritas, causando muertes y lesiones graves. Nunca se supo exactamente quién había programado el fallo ni qué ingeniero había firmado el control de calidad: la empresa se declaró en quiebra y el caso se cerró sin condenas penales.
Hoy la escala del problema es incomparablemente mayor. Un agente de inteligencia artificial puede ejecutar miles de decisiones por día en decenas de mercados simultáneos, y si una empresa sin ningún humano detrás comercializa un producto defectuoso o gestiona mal los fondos de miles de clientes, la pregunta sobre quién responde se vuelve no solo jurídica sino también moral.
Los modelos de inteligencia artificial funcionan como cajas negras, lo que hace técnicamente muy difícil para una víctima común demostrar por qué el sistema tomó una decisión errónea. A diferencia de un ejecutivo humano, un CEO algorítmico no teme a la cárcel ni tiene libertad que perder, lo que elimina uno de los principales mecanismos de disuasión que conoce el derecho.
La economía que se concentra
El impacto económico de estas estructuras tampoco es neutro. Cuando una empresa reemplaza trabajadores por sistemas autónomos, el valor generado no desaparece, pero la porción que va al trabajo se reduce drásticamente. El Nobel de Economía Daron Acemoglu ha señalado que las sociedades eligen activamente qué tecnología desarrollar y qué premiar fiscalmente, y que hoy esa cancha está inclinada contra el trabajo, con impuestos al salario que no tienen contrapartida sobre los beneficios algorítmicos.
En Argentina, el contexto agrava el riesgo de manera particular. El país combina alta precariedad laboral preexistente, bajo poder de negociación de los trabajadores en sectores nuevos y dificultades históricas para gravar ingresos digitales. Sin un marco tributario específico, una sociedad de inteligencia artificial podría terminar pagando impuestos donde menos se le exige, con domicilio nominal en el país y sustancia económica en otra parte, privando al Estado de recursos justo cuando más los necesitaría para atender el impacto social de la automatización.
El riesgo que nadie menciona
Hay una dimensión que el debate público ha dejado casi completamente de lado: la soberanía tecnológica. Las empresas autónomas que Argentina quiere habilitar deberían funcionar sobre modelos de inteligencia artificial controlados en su mayoría por compañías estadounidenses.
Acá @fedesturze 🤖
👉Una empresa para cuidar ancianos con robots en Dinamarca va a poder registrarse en Argentina.
👉Será manejada por IAs (casi personas), sin ningún humano.
👉Como no sabemos qué hará la IA, la responsabilidad será limitada.
👉Toto les cobrará un impuesto bajo. pic.twitter.com/JlsK33YO5k— Maximiliano Firtman (@maxifirtman) June 15, 2026
Recientemente, restricciones de exportación impuestas por Washington cortaron el acceso a algunos modelos avanzados para clientes de todo el mundo, de un día para el otro y sin negociación posible. Si un ecosistema entero de entidades autónomas depende de infraestructura que otro país puede apagar con un decreto, la autonomía que promete la ley se convierte en una dependencia con otro nombre.
La arquitectura que falta
Anticiparse a la tecnología tiene valor real, y los marcos legales suelen llegar tarde. Pero anticiparse bien es diferente de hacerlo a ciegas. Especialistas han propuesto una arquitectura más robusta que la del proyecto actual: seguros obligatorios proporcionales al riesgo, registros auditables de las decisiones relevantes, mecanismos de interrupción automática ante situaciones críticas y directorios humanos con poder de veto sobre las decisiones algorítmicas más sensibles.
No se trata de frenar la innovación sino de garantizar que, cuando algo salga mal, haya alguien capaz de responder. Un algoritmo no puede presentarse ante un juez ni reparar el daño que causó. Automatizar procesos es una cosa; disolver la responsabilidad humana detrás de una pantalla de código es otra muy distinta, y esa distinción es la que las leyes del siglo veintiuno todavía tienen que aprender a trazar.
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