No vino solo a comprar un campo. Peter Thiel, multimillonario tecnológico, cofundador de PayPal y creador de Palantir —una de las empresas de análisis de datos más poderosas del planeta—, aterrizó en Buenos Aires el 12 de abril a bordo de su jet privado y se instaló con su familia en una mansión de Barrio Parque valuada en alrededor de doce millones de dólares. Podría quedarse hasta dos meses. El tiempo suficiente para cerrar, o al menos sentar las bases de, un acuerdo que cambiaría radicalmente la forma en que el Estado argentino gestiona la información de sus ciudadanos.
Inteligencia automatizada
La visita de Thiel no puede leerse por fuera de ese contexto. El cofundador de Palantir llegó al país el 12 de abril, se instaló en una mansión de Barrio Parque y comenzó a reunirse con los hombres más influyentes del gobierno. El eje central de esas conversaciones, según fuentes cercanas a las negociaciones, es que Palantir actúe como soporte técnico de la Comunidad de Inteligencia Nacional creada por el decreto 941/25, unificando las bases de datos de organismos como la SIDE, el Renaper, ARCA, la Aduana y Migraciones, entre otros.
Es decir, toda la información disponible sobre cada argentino, concentrada en una plataforma privada de origen estadounidense, financiada inicialmente por la CIA y con contratos activos con el Pentágono, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional. La soberanía informativa del país, en manos de una corporación extranjera.
Lo que haría Palantir con esa información no es especulación: ya lo demostró en otros países. En Estados Unidos, su herramienta ImmigrationOS permite rastrear personas en tiempo real combinando registros judiciales, datos migratorios y movimientos en redes sociales. En el Reino Unido fue usada para identificar y detener a ciudadanos por opiniones publicadas en internet. En Alemania, tres estados la implementaron en sus fuerzas policiales hasta que organizaciones de derechos civiles lograron impugnarla judicialmente, argumentando que vulneraba el derecho constitucional a la privacidad.
Amnistía Internacional advirtió formalmente que el sistema construye un aparato de vigilancia masiva que afecta los derechos humanos. Y no solo eso, en Estados Unidos se detectó que se utilizó para deportar migrantes que no tenían causas o que ya contaban con visado. Ese es el modelo que el gobierno argentino está evaluando importar, sin debate legislativo, sin audiencias públicas y sin que la ciudadanía haya sido informada con claridad.
Caputo fortalecido
La interna del propio oficialismo revela cuánto está en juego. A fines de 2024, Patricia Bullrich intentó cerrar un primer contrato con Palantir a través de la Agencia de Migraciones, con Diego Valenzuela como figura de enlace. El intento fue bloqueado no por razones éticas ni constitucionales, sino porque Karina Milei y su entorno detectaron que Bullrich y su pareja, Guillermo Yanco, habían diseñado el negocio a su medida, excluyendo al círculo presidencial de los beneficios. Valenzuela terminó sin el cargo prometido y Bullrich sin su caja política.
Lo de Peter Thiel es terrible y que se instale en la Argentina es aún peor.
Hay que buscar que es Palantir.
Va en contra de la República, la democracia y las libertades. Es pentágono puro, es el eje del mal.— Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) April 23, 2026
El negocio con Palantir no cayó por inconveniente: cayó por codicia mal repartida. Ahora ese mismo negocio regresó, esta vez canalizándose a través de Santiago Caputo, quien emergió de la visita de Thiel como el interlocutor más valorado por el magnate y como el gran beneficiario interno de este episodio, en su silenciosa guerra de posicionamiento frente a Karina Milei.
Un sistema como Palantir integrado a la SIDE significaría que el Estado podría monitorear en tiempo real los movimientos, comunicaciones y vínculos sociales de cualquier ciudadano sin necesidad de orden judicial, algo que el propio decreto 941/25 ya habilita en términos formales. Significaría también que esa información quedaría alojada, al menos parcialmente, en servidores administrados por una empresa privada extranjera, sin que ninguna ley argentina garantice qué uso puede hacerse de ella ni bajo qué condiciones podría ser cedida a terceros, incluidos organismos de inteligencia de otro país.
El especialista Ariel Garbarz lo sintetizó con precisión: la plataforma «es tan aplicable a una contienda electoral como a un conflicto bélico«, lo que abre la puerta a un uso de los datos públicos con fines de manipulación política que recuerda directamente al escándalo de Cambridge Analytica, empresa también vinculada al universo de inversiones de Thiel.
El 23 de abril, día en que Thiel fue recibido por Milei en la Casa Rosada, el gobierno hizo algo que no tiene antecedentes en la historia reciente: expulsó a todos los periodistas acreditados del edificio, eliminó sus registros biométricos y cerró la sala de prensa indefinidamente. No hubo explicación oficial. Un funcionario incluso le pidió a un periodista presente que borrara las fotos de su celular.
La escena condensa con brutalidad simbólica lo que está ocurriendo: las decisiones que más afectan a los argentinos se toman cada vez más lejos de cualquier mirada pública, en reuniones sin actas, con empresarios que no responden ante ningún electorado y en nombre de una eficiencia que, traducida al lenguaje llano, significa menos derechos y más control. El Congreso mira, la oposición advierte y el gobierno avanza. Por decreto, como siempre.
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