La decisión del Gobierno de Javier Milei de avanzar en un acuerdo estratégico con la Cuarta Flota de Estados Unidos encendió fuertes cuestionamientos políticos, militares y diplomáticos. La firma de una carta de intención entre la Armada Argentina y el Comando Sur norteamericano habilita cooperación tecnológica, entrenamiento y apoyo operativo en el Mar Argentino, pero sectores de la oposición y especialistas advierten que detrás del discurso de «seguridad regional» se esconde una cesión de soberanía sobre recursos estratégicos.
El convenio, difundido por la Embajada estadounidense pero sin detalles oficiales del Gobierno argentino, contempla la puesta en marcha de un Programa de Protección de Bienes Comunes Globales durante los próximos cinco años. La definición generó alarma inmediata: considerar al Atlántico Sur y a la Zona Económica Exclusiva argentina como «bienes comunes globales» implica relativizar el control soberano sobre uno de los territorios más sensibles para el futuro económico y geopolítico del país.
La carta fue firmada por el jefe de la Armada, Juan Carlos Romay, y el comandante de la Cuarta Flota, Carlos Sardiello. El acuerdo incluye transferencia tecnológica, provisión de equipamiento y mecanismos de cooperación frente a las llamadas «amenazas marítimas», una categoría amplia que Estados Unidos utiliza para justificar su creciente presencia militar en América Latina.
El trasfondo geopolítico: frenar a China y asegurar recursos
El avance norteamericano sobre el Atlántico Sur no es casual. Estados Unidos considera estratégica la región por sus reservas energéticas, recursos pesqueros y potencial minero, además de la posición privilegiada hacia la Antártida. En paralelo, Washington busca desplazar la influencia china en Sudamérica y reforzar un esquema regional de alianzas militares.
En ese contexto se inscribe la incorporación de Argentina al denominado «Escudo para las Américas», una coalición impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump bajo el argumento del combate al narcotráfico y las amenazas transnacionales.
Para distintos analistas, el acuerdo firmado por la Armada representa un nuevo paso en el alineamiento automático de la administración de Javier Milei con Washington. La relación quedó expuesta meses atrás con la visita del mandatario argentino al portaaviones USS Nimitz y las reiteradas muestras de cercanía con el Comando Sur. El embajador estadounidense Peter Lamelas incluso celebró públicamente que ambos países atraviesan «una nueva era» de «alineación estratégica profunda».
Críticas por posible cesión de soberanía
Uno de los puntos más cuestionados es que el acuerdo podría habilitar intercambio de información sensible y una mayor injerencia extranjera sobre tareas de vigilancia marítima que corresponden al Estado argentino. El exministro de Defensa Agustín Rossi advirtió que cualquier entendimiento de estas características debería pasar obligatoriamente por el Congreso Nacional si implica operaciones conjuntas en el Mar Argentino.
En la misma línea, el también exministro de Defensa Jorge Taiana sostuvo que el concepto de «bienes comunes globales» debilita la posición soberana argentina sobre la plataforma continental y la Zona Económica Exclusiva. «La defensa de la soberanía no puede quedar condicionada por acuerdos que terminan habilitando mayores niveles de injerencia extranjera», planteó.
El acuerdo llega en medio de un fuerte ajuste presupuestario sobre las Fuerzas Armadas. Aunque el Gobierno insiste con la necesidad de modernizar la defensa, distintos sectores denuncian que la administración libertaria avanza en una dependencia cada vez mayor de Estados Unidos mientras reduce capacidades propias.
Según trascendió, Washington proveerá dos aeronaves Beechcraft King Air 360ER y equipamiento de vigilancia aérea para patrullaje marítimo. Sin embargo, fuentes militares remarcan que el problema principal sigue siendo la falta de buques y recursos operativos. Desde el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas, el excombatiente Ernesto Alonso fue especialmente crítico con la política exterior del Gobierno y denunció «un plan sistemático de entrega» de los intereses nacionales.
El debate vuelve a colocar en el centro una discusión histórica de la Argentina: cómo proteger los recursos estratégicos del Atlántico Sur sin resignar autonomía política ni control soberano en un escenario internacional atravesado por la disputa entre Estados Unidos y China.
Fuente: Página 12
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