La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la denominada “Ley Hojarasca”, uno de los proyectos impulsados por el gobierno de Javier Milei en el marco de su política de desregulación estatal y reducción del aparato público. La iniciativa consiguió 138 votos afirmativos, 96 negativos y 9 abstenciones, en una sesión atravesada por fuertes cruces entre oficialismo y oposición.
El oficialismo avanza con su agenda de desregulación y ajuste estatal
Desde el Gobierno nacional sostienen que la ley busca eliminar normas “innecesarias” o “desactualizadas” para simplificar trámites y reducir regulaciones. Sin embargo, distintos bloques opositores advirtieron que detrás del discurso de modernización también se avanza sobre herramientas legales vinculadas a la protección de derechos, controles estatales y políticas públicas construidas durante décadas.
El proyecto contempla la derogación de cerca de 70 leyes que el oficialismo considera obsoletas. Legisladores críticos remarcaron que varias de esas normativas todavía tienen impacto en áreas sensibles como el desarrollo productivo, la regulación económica y la defensa de consumidores.
En ese contexto, cuestionaron que el Gobierno priorice el ajuste administrativo mientras continúan los problemas vinculados a la caída del consumo, el empleo y la actividad industrial.
La sesión también estuvo marcada por un fuerte clima de tensión política. Mientras La Libertad Avanza avanzaba con la aprobación del proyecto, sectores opositores intentaban tratar pedidos de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por distintos temas vinculados a la gestión nacional.
Zonas Frías: el debate que preocupa a provincias y usuarios
Tras la aprobación de la “Ley Hojarasca”, la Cámara baja continuó con el tratamiento de las modificaciones al régimen de Zonas Frías, el sistema que subsidia parte de las tarifas de gas para millones de usuarios en regiones de bajas temperaturas.
La propuesta impulsada por el Gobierno busca reducir el alcance de los subsidios y concentrar los beneficios únicamente en sectores considerados vulnerables o en zonas de frío extremo. Según el oficialismo, el esquema actual genera un gasto fiscal elevado y presenta distorsiones que deben corregirse para avanzar hacia el equilibrio de las cuentas públicas.
De acuerdo con estimaciones oficiales, los cambios permitirían un ahorro superior a los 272 mil millones de pesos. No obstante, gobernadores, intendentes y legisladores provinciales advirtieron que la medida podría traducirse en fuertes aumentos en las boletas de gas, especialmente en provincias que fueron incorporadas al régimen en los últimos años.
Desde bloques patagónicos y representantes del interior señalaron que el recorte podría provocar incrementos de entre el 40% y el 60% en las facturas residenciales. También cuestionaron que el Gobierno analice el tema únicamente desde una lógica fiscal, sin contemplar las diferencias climáticas y económicas que existen entre las distintas regiones del país.
El ajuste energético y el impacto sobre los hogares
La discusión sobre Zonas Frías volvió a exponer las diferencias en torno al modelo económico que impulsa la administración nacional. Mientras el oficialismo insiste en avanzar con la reducción del gasto público y la eliminación de subsidios, desde la oposición advierten que el ajuste termina trasladándose directamente a los hogares.
Referentes opositores señalaron que la quita de beneficios afectaría especialmente a sectores medios, jubilados y trabajadores que dependen del gas para calefaccionarse durante el invierno. En varias provincias, además, remarcaron que el aumento de tarifas llega en un contexto de salarios deteriorados y pérdida del poder adquisitivo.
También hubo críticas hacia el criterio utilizado para redefinir quiénes conservarán los subsidios. Legisladores del interior sostuvieron que muchas familias podrían quedar excluidas pese a atravesar dificultades económicas, debido a requisitos considerados restrictivos o alejados de la realidad social de las provincias.
Mientras tanto, el oficialismo busca consolidar una nueva etapa de reformas económicas y regulatorias impulsadas desde la Casa Rosada. Aunque el Gobierno defiende estas medidas como parte del camino hacia el equilibrio fiscal, crecen los cuestionamientos por el impacto social que podrían generar en amplios sectores de la población.
