Bolivia atraviesa uno de sus momentos más convulsos en años. Desde hace más de tres semanas, manifestantes cortan rutas, bloquean accesos a La Paz y se enfrentan con las fuerzas de seguridad en una espiral de violencia que ya dejó edificios públicos destruidos, vehículos incendiados y una capital prácticamente aislada del resto del territorio nacional.
El detonante formal fue la promulgación de la Ley 1720, que habilitaba la conversión de pequeñas tierras campesinas en propiedades medianas susceptibles de ser usadas como garantía bancaria. Para las comunidades originarias y los pequeños agricultores, la norma era lisa y llanamente una puerta abierta al despojo. Aunque el presidente Rodrigo Paz Pereira la abrogó semanas después, el daño político ya estaba hecho: la medida había sellado una percepción que venía creciendo desde el primer día de gobierno, la de un mandatario que governa para los poderosos y da la espalda a quienes lo votaron.
Un estallido con varias capas
La crisis no tiene un único rostro. Por un lado, la Central Obrera Boliviana (COB) y los mineros estatales encabezan reclamos genuinos: aumento salarial frente a una inflación que, según proyecciones del FMI, podría superar el 20% anual, y solución al problema del combustible adulterado que dañó cientos de miles de vehículos en todo el país. Por otro, los seguidores del expresidente Evo Morales —atrincherado en el Chapare para esquivar una orden de captura por causas judiciales— se sumaron con una «marcha por la vida» que llegó a La Paz y agudizó la tensión en las calles.
Enfrentamientos entre policías y manifestantes en Bolivia por los bloqueos
Las protestas en Bolivia, iniciadas por reclamos salariales y el aumento del precio de los combustibles, escalaron en los últimos días hasta convertirse en una crisis nacional. Policías y militares… pic.twitter.com/Eijgi6W9Ic
— DW Español (@dw_espanol) May 17, 2026
Analistas bolivianos advierten que esta superposición de movilizaciones tiene sus riesgos. La protesta sindical legítima corre el riesgo de quedar contaminada por la agenda política del exmandatario, lo que le da al gobierno de Paz un argumento para deslegitimar el conjunto del reclamo popular.
El oficialismo no dudó en usarlo. El canciller Fernando Aramayo calificó como «absurdo» hablar de renuncia y acusó a los sectores movilizados de estar financiados por el narcotráfico. A su vez, el Departamento de Estado norteamericano respaldó públicamente a Paz y denunció un «intento de desestabilización«. La respuesta de ocho países de la región, entre ellos Argentina y Paraguay, fue una declaración conjunta de «profunda preocupación» que rechaza cualquier acción contra el orden democrático.
Paz gobernó para los ricos, dice la calle
Más allá de las acusaciones cruzadas, el fondo del conflicto es económico y social. Bolivia enfrenta su segundo año consecutivo de contracción del PIB, con una caída estimada del 3,3% para 2026, la mayor de toda Sudamérica según el FMI. La nueva burguesía aymara que había emergido durante los años del boom, acostumbrada a vivir sin inflación, hoy siente el deterioro en el bolsillo y lo traduce en furia en las calles.
«Ahora tenés un 30% menos de capacidad de compra que hace dos años«, grafica un periodista boliviano. A eso se suma la gasolina de mala calidad que arruinó motores en todo el país y los costos que debieron afrontar miles de familias para reparar sus vehículos. Y encima, la sensación de traición: Paz llegó al poder con votos del progresismo prometiendo un «capitalismo para todos» y terminó eliminando el impuesto a las grandes fortunas y rodeándose del establishment agroindustrial de Santa Cruz.
El impacto regional y la preocupación argentina
La crisis boliviana no es un asunto exclusivamente interno. Los bloqueos que mantienen sitiada La Paz ya causaron pérdidas que superan los 500 millones de dólares, según estimaciones del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, con un impacto directo sobre exportadores, transportistas y el turismo. Las pérdidas diarias se calculan en torno a los 50 millones de dólares.
Para la Argentina, la inestabilidad en Bolivia tiene consecuencias concretas. El vínculo energético entre ambos países —históricamente dependiente del gas boliviano— ya atravesaba tensiones antes de esta crisis. El acuerdo para construir una línea de transmisión eléctrica entre los dos países, firmado el año pasado, hoy está en un limbo ante la parálisis institucional del gobierno de Paz. Los proyectos de infraestructura regional, incluyendo corredores ferroviarios bioceánicos que atraviesan territorio boliviano, también están en riesgo.
La pregunta que empieza a circular en cancillerías y cámaras empresariales de la región es cuánto tiempo puede sostenerse un gobierno que no logra reabrir el diálogo con los sectores movilizados, cuya capital permanece sitiada y cuya economía se hunde. Voces de analistas bolivianos ya hablan abiertamente de la posibilidad de un adelantamiento electoral antes de fin de año. Por ahora, el gobierno de Paz descarta cualquier salida anticipada. Pero Bolivia lleva tres semanas ardiendo, y el fuego todavía no tiene fecha de extinción.
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