Durante abril de 2026, y en función de la economía actual de los grupos familiares, el acceso a la Canasta Básica Alimentaria dejó de estar garantizado para una mayoría de los hogares, expone un informe económico y social elaborado por el Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE). Según los datos relevados, el 56,8% afirmó que no pudo cubrir plenamente sus necesidades alimentarias, reflejando un escenario de fuerte deterioro en las condiciones de subsistencia.
En la misma línea, el impacto de la falta de ingresos se traduce en recortes concretos en la alimentación diaria. El 52,8% de las personas indicó que, por falta de recursos, algún integrante del hogar dejó de desayunar, almorzar, merendar o cenar durante el mes. Apenas el 47,2% aseguró no haber atravesado este tipo de situaciones.
La dificultad para sostener el consumo básico también queda en evidencia en el creciente uso de financiamiento para comprar alimentos. Solo el 11% de los hogares logró evitar endeudarse, mientras que el resto debió recurrir a distintas alternativas: 39,6% compró al fiado, 37,9% utilizó tarjeta de crédito y 10,5% pidió dinero prestado.
Estos indicadores configuran un escenario donde el acceso a la alimentación deja de depender de los ingresos corrientes y pasa a sostenerse, cada vez más, en el crédito y la asistencia pública, consolidando una dinámica de alta fragilidad social estructural.
Inflación, salarios y alimentos: una combinación crítica
El contexto macroeconómico refuerza esta tendencia. En lo que va de 2026, el Instituto indicó que la inflación acumulada alcanza el 12,1%, mientras que el incremento de la Canasta Básica Alimentaria ya llegó al 13,9%. En términos interanuales, los precios subieron 32,1%, frente a un alza del 34,5% en los alimentos.
Lejos de representar una mejora, la desaceleración en el ritmo de aumento de precios responde principalmente a una contracción de la demanda, producto del deterioro del poder adquisitivo. En este escenario, la persistencia inflacionaria combinada con la caída del salario real impacta de manera directa sobre los hogares, especialmente en los sectores de ingresos bajos y medios, limitando severamente su capacidad de consumo.
Umbrales de pobreza e indigencia en alza
Para abril de 2026, se estimó que una familia tipo necesitó $1.876.722 para no ser pobre y al menos $1.029.591 para no caer en la indigencia. Estos valores reflejan el encarecimiento sostenido de las condiciones mínimas de vida.
Los resultados de la encuesta de hogares profundizan el diagnóstico:
- 56,8% no logró cubrir la Canasta Básica Alimentaria.
- Entre quienes sí lo hicieron, 71,4% recurrió a asistencia estatal.
- 11,4% redujo su ingesta a una sola comida diaria o atravesó situaciones de hambre.
- 21,2% solicitó alimentos o ayuda económica
- 21,5% se quedó sin alimentos en algún momento del mes
- 32,1% sintió hambre sin poder satisfacerlo.
- 52,8% redujo la cantidad de comidas, eliminando principalmente la cena.
- 88% financió alimentos.
Este último dato resulta especialmente alarmante porque el financiamiento del consumo básico comienza a mostrar signos de saturación, con tarjetas al límite, aumento de pagos mínimos y sistemas de fiado con altos niveles de morosidad e incobrabilidad.
Menos consumo, más endeudamiento
La desaceleración inflacionaria convive con tres fenómenos centrales:
- Fuerte caída del consumo
- Deterioro sostenido del ingreso real
- Incremento del endeudamiento para cubrir necesidades básicas
En este contexto, abril de 2026 consolida una tendencia preocupante: la aparente estabilidad de precios no responde a una recuperación económica, sino a una retracción del consumo por la incapacidad de poder acceder a los alimentos.
La economía atraviesa así un escenario en el que, aunque algunos indicadores nominales muestran cierta moderación, el poder de compra se deteriora y la crisis social se profundiza.
Sin una recomposición del ingreso real y una reactivación del mercado interno, cualquier mejora en los indicadores inflacionarios difícilmente se traduzca en una mejora concreta en la calidad de vida de la población.
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