El conflicto por el Fondo Estímulo Productivo (FEP) en el Ministerio de Producción del Chaco sumó un nuevo capítulo. La Justicia declaró “arbitraria e infundada” la rebaja aplicada por el Gobierno provincial y ordenó restituir los montos a los trabajadores, en medio de crecientes cuestionamientos políticos y gremiales.
La Justicia anuló la rebaja del fondo
Un fallo judicial determinó que la reducción del FEP, un adicional clave en los ingresos del personal, fue aplicada de manera irregular y sin sustento legal suficiente. En ese marco, la resolución ordenó restituir los valores originales y frenar los descuentos, dando lugar al reclamo de los trabajadores.
Según se desprende de la decisión, la medida oficial implicó una modificación unilateral del salario, lo que vulnera principios básicos del derecho laboral. El fondo, que representa una porción significativa de los ingresos, no puede ser reducido sin una normativa clara que lo respalde.
El conflicto impacta en cientos de trabajadores, tanto activos como jubilados, quienes denunciaron pérdidas de hasta el 80% o 90% de sus ingresos. Esta situación generó protestas, malestar y un clima de fuerte tensión dentro del organismo.
“Se puso un límite expreso”
En paralelo al fallo judicial, el diputado provincial Santiago Pérez Pons se pronunció en apoyo a los trabajadores y consideró que la resolución marca un punto de inflexión en el conflicto.
El exministro de Hacienda sostuvo que “se puso un límite expreso” a una decisión que calificó como injusta y perjudicial para los empleados del área productiva. En esa línea, remarcó que el recorte afectó directamente la calidad de vida de las familias.
Además, el legislador insistió en que el FEP forma parte del salario y no puede ser tratado como un concepto discrecional. Desde su perspectiva, cualquier reducción sin respaldo legal constituye una vulneración de derechos laborales.
Las declaraciones también reflejan el trasfondo político del conflicto, en un escenario donde la oposición busca capitalizar el descontento social generado por las medidas de ajuste.
Un conflicto que sigue abierto
Pese al fallo favorable para los trabajadores, el conflicto aún no está resuelto. La decisión judicial tiene carácter preliminar y resta una definición de fondo sobre la legalidad del recorte.
En este contexto, los empleados continúan en estado de alerta y no descartan profundizar las medidas de fuerza hasta que se garantice el pago completo del fondo. La incertidumbre persiste ante posibles apelaciones del Ejecutivo.
El caso pone en evidencia no solo una disputa salarial, sino también un escenario de creciente conflictividad laboral en el sector público chaqueño. La combinación de recortes, decisiones cuestionadas y fallos adversos configura un panorama complejo.
A medida que avance el proceso judicial, el desenlace será clave para definir el futuro del Fondo Estímulo Productivo y el alcance de las políticas salariales en la provincia.
