El juicio oral por la denominada causa Cuadernos atraviesa uno de sus momentos más delicados desde su inicio. En las últimas semanas, al menos 27 imputados —entre empresarios y exfuncionarios— denunciaron haber sufrido presiones y coacciones para involucrar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros exintegrantes del Gobierno nacional. Las revelaciones encendieron alarmas sobre la validez de las pruebas y el proceso judicial en sí.
Las declaraciones apuntan directamente al accionar del fiscal Carlos Stornelli y del fallecido exjuez Claudio Bonadio, señalados por los imputados como responsables de presuntas presiones para obtener testimonios incriminatorios. En este contexto, el Tribunal Oral Federal 7 (TOF7) resolvió suspender la transmisión en vivo de las audiencias, una medida que generó cuestionamientos tanto de las defensas como de sectores de la propia fiscalía.
Arrepentidos que ahora se desdicen
Uno de los ejes más controvertidos del juicio es el rol de los «imputados colaboradores». Figuras centrales como Oscar Centeno y Ernesto Clarens —cuyos relatos fueron fundamentales para sostener la acusación— optaron por no declarar en esta etapa del proceso. Su silencio deja a las defensas sin posibilidad de contrainterrogarlos, lo que pone en jaque el derecho a defensa.
A esto se suma un dato aún más sensible: varios empresarios reconocieron haber mentido en sus declaraciones iniciales para evitar la cárcel. Algunos incluso dejaron constancia ante escribanos de que declararían falsamente bajo presión. Otros denunciaron amenazas directas, detenciones “ejemplificadoras” y situaciones de humillación pública como mecanismos de coerción.
Testimonios que desnudan irregularidades
Las audiencias recientes dejaron al descubierto relatos coincidentes sobre supuestas prácticas irregulares en la etapa de instrucción. Empresarios como Mario Rovella, Oscar Sansiseña o Daniel Pitón aseguraron que admitieron hechos inexistentes bajo presión psicológica. En la misma línea, el empresario Gerardo Ferreyra relató que se le ofrecía recuperar la libertad si “colaboraba”, mientras que quienes se negaban a declarar en el sentido esperado permanecían detenidos.
También hubo cuestionamientos desde el ámbito político. El exsecretario de Obras Públicas José López aseguró no haber visto nunca a Cristina Kirchner ni a Julio De Vido liderar una asociación ilícita. Otros exfuncionarios denunciaron intentos de forzar confesiones y presiones incluso sobre sus familias.
Un juicio con interrogantes abiertos
El desarrollo del juicio deja una serie de preguntas sin resolver: ¿pueden sostenerse las acusaciones si quienes las impulsaron ahora guardan silencio? ¿Qué valor probatorio tienen las declaraciones obtenidas bajo presunta coacción? ¿Existen otras pruebas independientes que respalden la causa?
Las defensas insisten en que la imposibilidad de contrainterrogar a los arrepentidos vulnera garantías básicas del debido proceso. En paralelo, reclaman que se investiguen las denuncias de aprietes y se revisen los beneficios otorgados a los imputados colaboradores que hoy se niegan a declarar.
El abogado de la expresidenta, Carlos Beraldi, presentó un extenso escrito en el que recopila los testimonios sobre irregularidades y solicita nuevas medidas de prueba. Entre ellas, identificar a agentes de fuerzas de seguridad involucrados en traslados de detenidos, convocar a escribanos que certificaron declaraciones bajo presión y analizar posibles vínculos entre actores judiciales y empresarios.
Mientras tanto, el tribunal deberá definir si mantiene la decisión de restringir la difusión de las audiencias y cómo abordar un proceso que, lejos de consolidarse, parece cada vez más atravesado por cuestionamientos estructurales.
Con más de 600 testigos previstos, el juicio recién comienza a desplegar su etapa más extensa. Pero las denuncias recientes ya instalaron una sombra sobre la causa: la de un proceso cuya legitimidad es puesta en duda incluso por quienes, en su momento, contribuyeron a sostenerlo.
Fuente: Página 12
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