Mientras el Gobierno nacional exhibe el superávit fiscal como uno de los principales logros de gestión, un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sostiene que una parte sustancial de ese equilibrio de las cuentas públicas se construyó sobre el deterioro de los ingresos de los jubilados. Lejos de la promesa de recuperación del poder adquisitivo, el estudio concluye que la política previsional de Javier Milei consolidó un piso históricamente bajo para los haberes y bloqueó cualquier posibilidad de recomposición real en el corto plazo.
La investigación apunta directamente contra el DNU 274/2024, mediante el cual el Gobierno reemplazó la fórmula de movilidad jubilatoria vigente por un esquema de actualización mensual atado a la inflación. Según CEPA, la medida permitió recuperar parcialmente el derrumbe provocado por la devaluación y la aceleración inflacionaria de los primeros meses de gestión, pero sólo después de que los haberes sufrieran una de las mayores licuaciones de las últimas décadas.
Los números son contundentes. Las jubilaciones mínimas que perciben bono continúan casi 20% por debajo del poder de compra que tenían al finalizar el gobierno anterior. Incluso los haberes sin bono todavía se encuentran por debajo de los niveles previos a la llegada de Milei a la Casa Rosada. Para CEPA, esto desarma uno de los principales argumentos oficiales: que las jubilaciones le ganaron a la inflación.
El caso del bono compensatorio expone con claridad la lógica del ajuste. Congelado en $70.000 desde marzo de 2024, perdió gran parte de su capacidad de compra mientras los precios continuaron aumentando. El informe calcula que, si hubiera acompañado la evolución de los haberes, hoy debería rondar los $210.000. La diferencia equivale a casi $140.000 mensuales menos para millones de jubilados que cobran la mínima.
La situación resulta todavía más polémica porque, según el estudio, el Gobierno eliminó la fórmula anterior justo cuando comenzaba a resultar favorable para los beneficiarios. Con una inflación en descenso, el mecanismo derogado hubiera otorgado incrementos superiores durante gran parte de 2025 y 2026. De hecho, la jubilación mínima alcanzaría actualmente los $490.621, más de un 21% por encima de los $403.327 que efectivamente perciben quienes cobran bajo el esquema vigente.
La conclusión del informe es contundente: el cambio de fórmula no respondió únicamente a criterios técnicos, sino a una decisión política orientada a reducir el gasto previsional. La propia evaluación del Fondo Monetario Internacional, citada por CEPA, reconoce que la modificación de la indexación contribuyó a moderar el gasto en jubilaciones. A este escenario se suma el congelamiento del bono, el veto presidencial a las leyes que buscaban recomponer los haberes y la eliminación de la moratoria previsional. La combinación de estas medidas configura, según el estudio, una de las reformas previsionales más regresivas de los últimos años.
Las consecuencias ya se observan en el acceso a la jubilación. Tras el fin de la moratoria, nueve de cada diez mujeres y ocho de cada diez hombres que alcanzan la edad de retiro no reúnen los 30 años de aportes requeridos y quedan relegados a la PUAM, una prestación equivalente al 80% de la jubilación mínima y con menos derechos que una jubilación ordinaria.
Mientras el Gobierno celebra el ordenamiento fiscal, el informe plantea una pregunta incómoda: cuánto del equilibrio de las cuentas públicas se explica por la pérdida de ingresos de quienes ya habían sido golpeados por años de deterioro económico. Para CEPA, la respuesta es clara: las jubilaciones dejaron de ser una herramienta de protección social para convertirse en una de las principales variables del ajuste.
Fuente: Centro de Economía Política Argentina (CEPA)
ADEMÁS EN NEA HOY:
DNI con chip electrónico: quiénes deben renovarlo, cuánto cuesta y cuáles son las nuevas funciones
El Gobierno reglamentó el Fondo de Asistencia Laboral que modifica el esquema de indemnizaciones
