Hay una lógica que el gobierno de Javier Milei parece sostener con convicción: si el ajuste generó daños, la solución es más ajuste. El Jefe de Gabinete Manuel Adorni trasladó recientemente a los ministros una instrucción del ministro de Economía Luis Caputo: recortar un 20% adicional en gastos de capital. La medida no llega sobre terreno virgen. Según el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), a marzo de 2026 la Administración Pública Nacional ya ejecutó un 30% menos de gasto real en comparación con el mismo período de 2023. El nuevo tijerazo se aplicaría, entonces, sobre lo que queda de un Estado que ya fue vaciado.
La Dirección Nacional de Vialidad sufrió una caída del 80% en su presupuesto. El 70% de los caminos nacionales está deteriorado, según denunció la Federación del Personal de Vialidad Nacional. Los programas de Construcción de Túneles y Puentes, Desarrollo de Obra Pública y Vivienda y Urbanismo registran caídas de entre el 97% y el 99%. No se trata de ineficiencia burocrática reducida: se trata de paralización total de funciones que hacen a la vida concreta de millones de argentinos.
El nuevo recorte del 20% no se aplica sobre privilegios
La educación pública es otro frente abierto. El Fondo Nacional de Incentivo Docente, creado para nivelar salarios entre provincias, fue eliminado: su ejecución cayó al 100% de retroceso. El programa Conectar Igualdad corrió la misma suerte. La infraestructura edilicia escolar registra un recorte del 96%. Las acciones de formación docente bajaron un 93%. No es un ajuste quirúrgico: es el desmantelamiento de la arquitectura que sostenía la igualdad educativa en el país.
“MILEI NO TIENE EQUILIBRIO FISCAL: TIENE GASTO REPRIMIDO”
-“Milei está una situación mala y está en una encerrona que no sé cómo puede salir de ahí” pic.twitter.com/TyGbFomLWa
— Revolución Popular (@RPN_Oficial) April 22, 2026
En salud, los hospitales nacionales registran caídas generalizadas. El Hospital Nacional en Salud Mental Laura Bonaparte perdió el 52% de su presupuesto real. El programa de Acceso a Medicamentos —el Remediar— cayó un 53,5%, dejando a miles de pacientes de la atención primaria sin cobertura. Los programas de Prevención de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles y de Atención Sanitaria en el Territorio muestran ejecuciones cercanas a cero. Un Estado que no vacuna, no medica ni atiende no es un Estado austero: es un Estado ausente.
La paradoja central del momento político es que el gobierno presenta el nuevo ajuste como la respuesta a los problemas que el ajuste anterior generó. Cuando la inflación deja de enmascarar el deterioro del poder adquisitivo, los salarios quedan expuestos en toda su insuficiencia. Frente a eso, el gobierno no propone construcción: propone más recorte. La lógica es circular y, para quienes la padecen, agotadora.
El gasto en inteligencia creció un 35% en términos reales
Los sectores más vulnerables son también los que menos margen tienen para absorber nuevos impactos. La Pensión Universal para el Adulto Mayor bajó un 41,5%, en un contexto donde el haber no cubre necesidades básicas. Las transferencias al PAMI cayeron un 30% real, afectando la atención de jubilados cuyo médico de cabecera cobra apenas 2.100 pesos por paciente. Los comedores comunitarios y merenderos registran una caída del 69% en su financiamiento. Según la Universidad Católica Argentina, seis de cada diez niños son pobres y tres de cada diez no acceden a alimentación regular. Sobre esa realidad se proyecta el nuevo tijerazo.
Mientras las partidas sociales, educativas y sanitarias se desploman, la Secretaría de Inteligencia del Estado vio crecer su ejecución un 35% en términos reales respecto a 2023. El pago de servicios de la deuda externa concentra el 13% del gasto total. El Estado que emerge de este esquema no es más eficiente: es distinto en sus prioridades. Gasta menos en quienes más necesita proteger y más en quienes le permiten controlar.
El debate sobre si la «motosierra» era necesaria quedó en otro tiempo político. Hoy la pregunta urgente es cuánto puede resistir lo que queda. Porque aplicar un 20% más de recorte sobre infraestructura ya paralizada, sobre hospitales al límite, sobre programas de primera infancia sin fondos, no es un ajuste: es el epílogo de un Estado que renunció a su función social. Y las consecuencias de esa renuncia no se miden en planillas de Excel, sino en comedores desbordados, rutas rotas y una generación entera que crece sin red.
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