Familiares, asociaciones y profesionales del sector de discapacidad llevaron a cabo este miércoles un masiva marcha frente al Ministerio de Salud en contra del ajuste, los recortes y la nueva ley impulsada por el Gobierno, que introduce cambios en la legislación vigente cuya aplicación es esquivada por el Gobierno, el cual busca modificar el financiamiento de las prestaciones para que las personas solo puedan tener una pensión en caso de no poder trabajar, excluyéndolas de tratamientos y eliminando derechos de trabajadores.«Mis hijas están sin terapia, no tienen nada», aseguró a un medio periodístico una madre afectada. El Gobierno pretende que las personas con discapacidad trabajen o no cobren la pensión por discapacidad, que más allá de la escasa suma de dinero habilita la posibilidad de recibir tratamientos.
El nuevo proyecto, titulado «Contra el fraude de pensiones por invalidez», ya fue enviado por el Ejecutivo a la Cámara Alta para intentar comenzar con el habitual tratamiento legislativo. En caso de lograr su aprobación, se modificará la actual Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N°27.793.
De forma regresiva, el proyecto establece la «incompatibilidad absoluta» de las pensiones con cualquier trabajo formal o inscripción en regímenes laborales. Así que las personas con discapacidad que trabajen de forma registrada perderán su pensión, la cual apenas supera los $300 mil. Además de eliminar los programas de inclusión de las personas con discapacidad como a la promoción de programas de reconocimiento de empresas.
Los destinatarios deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales. De no hacerlo, la pensión sería suspendida de forma automática.
La norma contempla que «el incumplimiento de los plazos y requisitos del reempadronamiento dará lugar a la suspensión y posterior baja del beneficio».
Aún cumpliendo ese paso, la información proporcionada será fiscalizada a partir de un cruce de datos con ANSES, ARCA, SINTyS y otros organismos públicos. Ante casos dudosos, suspenderán igual la pensión de forma «preventiva».
El nuevo sistema fija el monto de la pensión no contributiva en el 70% del haber mínimo jubilatorio, pero elimina la posibilidad que tiene el Ejecutivo para otorgar aumentos en concepto de invalidez laboral y de zona geográfica desfavorable.
Marchas en el NEA
En Resistencia, una protesta se concentró en la Plaza 25 de Mayo los manifestantes expusieron una serie de problemas que afectan de manera directa a personas con discapacidad y a quienes trabajan en el sector. Entre los principales puntos señalados figuran las dificultades en el acceso a pensiones, la reducción de beneficios vinculados al transporte, como la tarjeta SUBE, y los atrasos en los pagos de obras sociales.
“Necesitan apoyos para una vida autónoma y oportunidades laborales. No puede no haber compatibilidad entre una pensión y un empleo formal”, se denunció.
En Corrientes se organizó una marcha a realizarse durante la noche, en la plaza 25 de mayo, pasadas las 20h.
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