La consigna de que el «excel cierre a como dé lugar» entró en una nueva fase de presión sobre las carteras ministeriales. Recientemente, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, trasladó a los ministros una instrucción directa proveniente de Luis Caputo: recortar un 20% adicional sus fondos destinados a gastos de capital, que refieren a bienes, transferencias y todo lo referido a una inversión real directa. Si bien desde la Casa Rosada intentan minimizar el impacto calificándolo como un reajuste operativo, los datos del último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que hizo una comparativa de la ejecución presupuestaria de marzo del 2026 con el del 2023, revelan que este pedido se monta sobre un ajuste que afecta directamente la estructura básica del Estado.
A marzo de 2026, la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional (APN) muestra una caída real del gasto total del 30% en comparación con el mismo período de 2023. Lejos de ser un ahorro burocrático, el recorte se ha ensañado con áreas sensibles mientras prioriza otros destinos: la inversión en servicios esenciales se desploma y el pago de la deuda externa ya concentra el 13% del gasto total y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) registró un incremento real del 35% en su ejecución.
Rutas en abandono y obra pública paralizada
Uno de los sectores más golpeados es el de infraestructura. Los gastos de capital que ahora buscan podarse un 20% más —y que refieren a la compra de maquinaria y obras que mejoran la capacidad instalada del país— ya vienen de un proceso de desinversión terminal.
Según el CEPA, la Dirección Nacional de Vialidad sufrió una disminución del 80,3% en su presupuesto respecto a marzo de 2023. Este desfinanciamiento tiene un correlato visible: la Federación del Personal de Vialidad Nacional denunció que el 70% de los caminos nacionales se encuentra deteriorado por falta de mantenimiento.
El informe detalla una parálisis casi total en programas clave de infraestructura:
- Construcción de Túneles y Puentes: -99,3%.
- Desarrollo de Obra Pública: -97,8%.
- Rutas Nuevas y Pavimentación: -91,8%.
- Vivienda y Urbanismo: -99,3%.
- Agua Potable y Alcantarillado: -95,2%.
El golpe a la educación y la salud pública
En materia educativa, el ajuste se ensaña con la infraestructura y la formación. La partida de Infraestructura y Equipamiento evidencia un recorte del 96%, afectando directamente la creación y mantenimiento de escuelas. A esto se suma la caída del 93,3% en acciones de formación docente y la virtual eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (-100%) y el Fortalecimiento Edilicio en Jardines de Infantes.
La salud no queda exenta de la «motosierra». Los hospitales nacionales registran caídas generalizadas en su ejecución que ponen en riesgo la atención sanitaria:
- Hospital Nacional en Salud Mental Laura Bonaparte: -52,2%.
- Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer: -47,9%.
- Hospital Nacional «Dr. Ramón Carrillo»: -38,9%.
- Superintendencia de Servicios de Salud: -61,4%.
Incluso programas vitales como el Remediar (Acceso a Medicamentos e Insumos) presentan una baja del 53,5%, dejando a miles de ciudadanos sin cobertura en la atención primaria y con una parálisis total que, se advierte, ocurrirá pronto.
Desamparo social y asfixia a las provincias
El recorte también alcanza a los sectores más vulnerables de la tercera edad. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se redujo un 41,5%, en un contexto donde el haber de $374.255 no cubre necesidades básicas. Asimismo, las transferencias al PAMI muestran una caída del 30% en términos reales, impactando en la atención de los jubilados: las farmacias no pueden pagar a los medicamentos por la falta de pagos y los médicos de cabecera apenas cobran $2.100 pesos mensuales por paciente.
Por último, el Gobierno Nacional ha profundizado la asfixia financiera a los distritos locales. Las transferencias por Asistencia Financiera a Provincias y Municipios cayeron un 98,9%, mientras que la Cooperación y Asistencia Técnica a Municipios retrocedió un 97,5%. Esta retirada del Estado Nacional no solo desarticula políticas locales, sino que traslada una crisis de financiamiento a gobernadores e intendentes que ya no cuentan con recursos para sostener la demanda social en aumento.
Frente a este escenario, el nuevo pedido de ajuste del 20% en gastos de capital parece ser el tiro de gracia para lo poco que queda de la inversión pública nacional en Argentina.
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