Con el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado hoy por el INDEC, que arrojó un aumento del 3,4% en marzo, resulta inevitable recordar que se utilizó la fórmula cuya actualización fue suspendida a comienzos de año. De haberse aplicado la nueva metodología, la inflación no solo habría sido mayor, sino que el impacto más significativo se observa en la medición acumulada desde la asunción de Javier Milei: 46,4% más.
Con la publicación de un nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) por parte del INDEC, correspondiente a la inflación de marzo, resurgen las dudas sobre cuánto reflejan estos datos la realidad económica. La polémica en torno a la suspensión de la nueva metodología de medición vuelve a estar en el centro del debate.
En este contexto, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señaló que, de haberse aplicado la fórmula actualizada, los resultados habrían sido más elevados, tanto en términos mensuales como en el acumulado desde diciembre de 2023 hasta marzo de 2026.
Según el informe, con la metodología vigente —denominada “IPC Caputo” en alusión al ministro de Economía— la inflación acumulada en ese período alcanza el 293,4%. Sin embargo, utilizando la fórmula suspendida, el índice habría trepado al 339,4%, lo que implica una diferencia de 46,4 puntos porcentuales. Esta brecha, advierten, responde principalmente a la subestimación del impacto de los servicios y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.
En particular, la nueva metodología otorga mayor peso a rubros como Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Transporte; y Educación. En contrapartida, Alimentos y bebidas —que en marzo se movió en línea con la inflación general del 3,4%— pierde incidencia, con una reducción de 0,13 puntos porcentuales en su ponderación.
Para dimensionar el impacto de estos cambios, el CEPA detalla la evolución de algunos rubros desde la asunción de Milei hasta marzo de 2026:
- Vivienda: 9,4% con el IPC actual vs. 14,5% con la nueva fórmula.
- Educación: 2,8% vs. 5,2%.
- Comunicación: 2,2% vs. 3,1%.
- Bienes y servicios varios: 3,6% vs. 4,3%.
- Transporte: 11,0% vs. 14,3%.
En paralelo, los salarios también muestran diferencias significativas. En enero de 2026 (último dato disponible), los salarios registrados del sector público y privado acumulan una caída del 7,9% respecto de noviembre de 2023. Sin embargo, al ajustar con la metodología suspendida, la pérdida del poder adquisitivo asciende al 17,1%.
En la misma línea, el impacto sobre los jubilados resulta aún más crítico. Entre enero y marzo de 2026, las jubilaciones mínimas —percibidas por más del 60% de los beneficiarios— registraron una caída real del 3,8% según la inflación oficial, en comparación con el trimestre septiembre-noviembre de 2023. No obstante, al considerar la inflación bajo la nueva fórmula, la pérdida se eleva al 13,1%.
Estos datos refuerzan la hipótesis de que las desregulaciones, la quita de subsidios en servicios o la aplicación del impuesto al combustible —políticas que continúan vigentes— tuvo efectos más profundos de los que refleja el índice oficial. En consecuencia, la pérdida del poder adquisitivo habría sido considerablemente mayor a la admitida por el Gobierno, que sostiene un discurso de desaceleración inflacionaria y reducción de la pobreza.
El IPC tampoco trajo alivio al Gobierno
Aun utilizando la metodología actual, los datos tampoco resultaron favorables para la gestión de Javier Milei y Luis Caputo. El INDEC informó una inflación del 3,4% en marzo de 2026, superior a la de febrero y en línea con una tendencia ascendente que se observa desde junio de 2025 —con la excepción de julio y agosto, cuando el índice se mantuvo en 1,9%.
De haberse aplicado la nueva fórmula, la inflación de marzo habría sido levemente mayor (3,5%). Sin embargo, incluso con la medición vigente, las proyecciones oficiales quedaron desactualizadas. El Gobierno había estimado una inflación anual del 10,1% para 2026, cifra que prácticamente se alcanzó en el primer trimestre: el acumulado enero-marzo ya llega al 9,4%, o al 10,1% si se considera la metodología alternativa.
En este escenario, la discusión sobre cómo se mide la inflación deja de ser un debate técnico para convertirse en una cuestión política de fondo. La diferencia entre una y otra metodología no solo modifica porcentajes: redefine el alcance real del ajuste, el impacto sobre los ingresos y la lectura general de la economía. Mientras el Gobierno busca consolidar un relato de estabilización, los datos alternativos advierten que detrás de esa aparente calma persiste un deterioro más profundo en las condiciones de vida de la población.
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