Un informe del Centro de Economía Política Argentina advierte sobre los riesgos de las actuales decisiones en materia energética y productiva, en un contexto donde el Gobierno combina apertura al capital privado en sectores estratégicos con un fuerte incremento del costo de abastecimiento. En ese marco, se inscribe la propuesta para reactivar la planta de uranio de Dioxitek en Formosa.
El Ejecutivo recibió una iniciativa de la firma estadounidense Nano Energy para invertir más de 230 millones de dólares y finalizar una obra paralizada desde 2014. El proyecto busca encuadrarse dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y contempla la producción de dióxido de uranio para abastecer a las centrales Atucha y Embalse, además de una segunda etapa orientada a la exportación de hexafloruro de uranio.
Aunque Dioxitek mantendría la propiedad formal de la planta y del terreno, el esquema prevé la cesión de su uso a una nueva sociedad integrada con el socio extranjero mediante un usufructo. En la práctica, esto implica un cambio sustancial en el control: la empresa estatal quedaría limitada a un rol de arrendadora, mientras la operación y la comercialización pasarían a manos privadas. Frente a ese escenario, la salida propuesta es incorporar un socio privado con el objetivo de exportar la producción.
El planteo reabre el debate sobre el rol del Estado en sectores estratégicos. Si bien no se trata de una privatización formal, el esquema presenta rasgos de una cesión de control que recuerda experiencias anteriores: activos públicos que permanecen en manos estatales, pero cuya explotación queda en manos privadas.
Importar gas, el otro frente crítico
El informe del CEPA también pone el foco en el costo de la importación de gas natural licuado (GNL) para el próximo invierno. Según los datos conocidos, el país deberá desembolsar unos 1.210 millones de dólares para la compra de 20 barcos. De ese total, 990 millones corresponden al precio del gas —calculado en base al valor internacional del mercado TTF— y 220,95 millones a comisiones de comercialización. La cifra refleja un fuerte incremento respecto de alternativas locales.
En comparación con el precio del Plan Gas de la gestión anterior, de 3,55 dólares por MMBTU, el sobrecosto supera los 1.000 millones de dólares. La combinación de precios internacionales elevados y la falta de infraestructura propia genera así un impacto significativo en las cuentas energéticas.
El contraste con obras inconclusas resulta evidente. La ampliación del Gasoducto Perito Moreno (etapa 2) y la reversión del Gasoducto Norte requerían una inversión total de aproximadamente 1.410 millones de dólares, un monto similar al que hoy se destina a una sola operación de importación. Ambos proyectos estaban orientados a incrementar la capacidad de transporte de gas local y reducir la dependencia de importaciones. De acuerdo con estimaciones previas, la inversión podría haberse amortizado en menos de dos años.
Sin embargo, la falta de avance en estas obras obliga a afrontar ahora un gasto elevado en divisas. El resultado es una ecuación que el informe sintetiza con claridad: la ausencia de inversión en infraestructura termina siendo más costosa que su ejecución.
Tanto el caso de Dioxitek como la importación de GNL reflejan tensiones en la política energética actual. Por un lado, la búsqueda de financiamiento externo para reactivar proyectos; por otro, el aumento del costo de abastecimiento ante la falta de desarrollo propio. En ese contexto, el informe del CEPA plantea una advertencia: las decisiones que implican ceder control o postergar inversiones pueden tener consecuencias económicas y estratégicas de largo plazo, más allá de los beneficios inmediatos que se busquen alcanzar.
Fuente: Centro de Economía Política Argentina (CEPA)
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