El sitio «Cuánto Deben» destapó una polémica que, si bien es relativizada por el Gobierno de Javier Milei deja numerosos interrogantes. En el caso de Formosa, la atención se centra en el senador Francisco Paoltroni, quien hasta enero acumuló créditos por $304.307.000. La pregunta es inevitable: ¿cómo logró acceder a ese nivel de financiamiento teniendo embargos judiciales y condenas por multas impagas? La respuesta que surge con mayor fuerza es que fue beneficiado como parte de una nueva casta política del gobierno de Javier Milei.
Paoltroni sostuvo que la mayor parte de esos créditos proviene de un préstamo hipotecario de $270.000.000 otorgado por el Banco Ciudad para adquirir una vivienda en la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de evitar gastos de alquiler cuando debe sesionar en el Congreso. Aseguró que los ingresos que respaldan los $304.307.000 provienen de su actividad empresarial. La explicación genera dudas. Según la información disponible en la página del Banco Ciudad, el monto máximo al que se puede acceder mediante un crédito hipotecario es de $100.000.000, una cifra que es superada ampliamente por el monto otorgado a Paoltroni. A esto se suma que el préstamo debe destinarse a la compra de la primera vivienda familiar, cumplimiento que en este caso también resulta poco claro, ya que, según el propio Senador aclaró en sus redes sociales, se trataría de su segunda vivienda.
Solo por el monto, resulta evidente que se trata de créditos de características excepcionales, inaccesibles para la mayoría.
Además, el volumen de deuda creció de manera significativa tras la asunción de Javier Milei. Entre noviembre y diciembre de 2024, Paoltroni pasó de registrar una deuda de $720.000 —correspondiente exclusivamente al BBVA Banco Francés, entidad con la que operaba desde enero de 2023— a alcanzar los $225.621.000 tras incorporar financiamiento del Banco Ciudad.
El senador no explicó si su patrimonio creció al punto de acceder a créditos 313 veces superiores de un mes a otro. En cuanto a su actividad privada la duda surge si se considera que en noviembre de 2025 fue embargado por la emisión de cheques al Banco Nación que luego habrían sido desconocidos. Pese a ello, los montos consignados en el sitio “Cuánto Deben” continuaron en aumento. Además de los embargos, registra multas impagas por desmontes ilegales por $59 millones.
El crecimiento patrimonial de Paoltroni también es cuestionado: pasó de poseer 141 cabezas de ganado a más de 3.000 con “fuertes versiones” sobre presuntas maniobras de comercialización irregular de hacienda.
También fue vinculado a la empresa Agrofeld, allanada por contrabando de cigarrillos. Si bien nunca se refirió públicamente al tema, en agosto de 2025 fue visto en las afueras de sus oficinas en la localidad de El Colorado. Según el intendente Mario Brignole, Paoltroni tenía allí una oficina, lo que refuerza la existencia de un vínculo comercial.
Un 2026 con nuevos créditos
En enero de este año, además del Banco Ciudad y el BBVA, tomó $3.480.000 de Credicuotas Consumos y $138.000 de Mercado Pago, lo que eleva el total adeudado a $304.307.000. Pese a contar con ese volumen de financiamiento, nunca regularizó las multas por desmontes ilegales que pesan en su contra.
El caso de Paoltroni no aparece como un hecho aislado. Por el contrario, se inscribe en un contexto más amplio en el que distintos funcionarios y legisladores libertarios habrían accedido a condiciones crediticias favorables que no están disponibles para la mayoría de la población y que, en muchos casos, tampoco logran justificar.
Un ejemplo es el de Lorena Villaverde, diputada nacional de La Libertad Avanza, quien accedió a un crédito del Banco Nación pese a tener un embargo judicial y estar procesada en una causa. Según denunció su par Esteban Paulón, el préstamo habría sido rechazado inicialmente en la sede de Cipolletti, pero luego aprobado tras una intervención desde la casa central por un monto de hasta $300.000.000.
Este caso se suma a la denuncia presentada por la diputada Mónica Frade, de la Coalición Cívica, quien solicitó a la Justicia investigar el otorgamiento de créditos hipotecarios del Banco Nación a funcionarios y legisladores cercanos al gobierno de Javier Milei. Los montos involucrados irían desde los $100.000.000 hasta más de $500.000.000 en créditos hipotecarios—equivalentes en algunos casos a unos 350.000 dólares— y la presentación busca determinar si existieron condiciones preferenciales o un relajamiento de los requisitos habituales.
En este contexto, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) impulsa una iniciativa para que más de 1.000 delegados y afiliados soliciten créditos en el Banco Nación durante esta semana en todo el país, con el objetivo de acceder a las mismas condiciones que, según denuncian, se habrían otorgado a allegados de La Libertad Avanza.
En el plano político, el caso vuelve a poner en discusión los criterios con los que ciertos dirigentes acceden a financiamiento millonario mientras a la mayoría se le niega, así como la coherencia entre el discurso público y las prácticas privadas.
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