La fiscal de Estado de Formosa, Stella Maris Zabala, salió al cruce de las versiones que indicaban que la Justicia habría frenado la ejecución de la condena contra Francisco Paoltroni, y aseguró que la información es incorrecta y genera confusión en la opinión pública.
Según explicó la funcionaria, el fallo judicial que obliga al legislador a pagar más de 101 millones de pesos por desmontes ilegales continúa plenamente vigente, al igual que el embargo sobre sus haberes. Lo único que ocurrió, detalló, fue la concesión de un recurso de apelación, un procedimiento habitual dentro del proceso judicial.
Un proceso que continúa y una condena firme
En ese sentido, Zabala remarcó: “La apelación no modifica la situación de fondo ni implica una reversión del fallo judicial. No hay ningún cambio en la condena«. Además agregó que incluso la Fiscalía de Estado aún no fue formalmente notificada de esta instancia, lo que evidencia que el expediente sigue su curso normal.
La causa se originó tras una sanción administrativa por desmonte ilegal que, al no ser abonada, derivó en una ejecución judicial impulsada por el Estado provincial. En primera instancia, la Justicia rechazó los planteos de la defensa de Paoltroni —incluyendo el intento de ampararse en sus fueros parlamentarios— y confirmó la multa millonaria.
Desde la Fiscalía de Estado subrayan que la utilización de recursos judiciales forma parte del derecho de cualquier ciudadano. Sin embargo, también advierten que esto no debería ser interpretado como un triunfo judicial ni como un freno efectivo a la condena vigente.
Fueros bajo la lupa: no frenan la condena ni las obligaciones judiciales
En este punto, el planteo deja entrever una tensión: mientras el proceso sigue su curso, algunos sectores instalan la idea de que la situación del senador cambió sustancialmente, cuando en los hechos la deuda continúa vigente y acumulando intereses.
Otro de los ejes centrales abordados por Zabala fue el intento del senador de utilizar la inmunidad parlamentaria como argumento para frenar la ejecución de la multa. Sobre esto, fue categórica al señalar que ese recurso no aplica en este tipo de casos.
“La inmunidad parlamentaria protege la función legislativa, no el incumplimiento de obligaciones personales”, explicó, marcando un límite claro entre la actividad política y la responsabilidad individual frente a sanciones administrativas o judiciales.
Entre lo judicial y lo político
La funcionaria incluso advirtió que una interpretación más amplia de los fueros podría generar un precedente problemático, habilitando a que cargos públicos se utilicen como resguardo frente a obligaciones legales.
Aunque desde el entorno de Paoltroni se impulsaron versiones que relativizan el alcance de la condena, desde el Gobierno provincial insisten en que el proceso no tiene connotaciones políticas, sino que responde a la aplicación de normativas ambientales vigentes.
No obstante, el caso expone cómo una causa judicial puede trasladarse al terreno discursivo, donde las interpretaciones buscan incidir en la percepción pública.
Por ahora, la condena sigue firme y el caso pasa a instancias superiores. Mientras tanto, la obligación económica persiste y el proceso judicial continúa abierto.
Fuente: Agenfor
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