Mientras el gobierno de Javier Milei sostenía que el Banco de la Nación Argentina debía privatizarse por ser una carga para el Estado, varios de sus funcionarios y legisladores más cercanos resolvían silenciosamente su situación habitacional con préstamos millonarios de esa misma entidad. La contradicción no es menor, y el monto total involucrado tampoco: al menos nueve dirigentes libertarios concentraron créditos por más de 2.500 millones de pesos.
Los datos son públicos. Surgieron de la Central de Deudores del Banco Central y fueron procesados por la plataforma ¿Cuánto Deben?, desarrollada por el programador Andrés Snitcofsky. A partir de ese cruce, la imagen que emerge es la de una selecta lista de funcionarios y legisladores que, con el discurso antiestatal en la boca, encontraron en el banco público su mejor aliado financiero.
El tema de los créditos hipotecarios del Banco Nación otorgados a funcionarios de Milei merece bastante atención: en algunos casos podrían implicar delitos graves, y en otros expone la hipocresía de quienes critican la banca pública mientras la aprovechan para su beneficio.
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— Itai Hagman (@ItaiHagman) April 4, 2026
Los nombres y los números
Entre los casos más llamativos figura Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía Luis Caputo, con un crédito de 475 millones de pesos otorgado en febrero de 2025. Le sigue Federico Furiase, actual secretario de Finanzas, con 367 millones del Nación y otros 100 millones del Banco Ciudad. El director del BCRA Pedro Inchauspe aparece con un préstamo cercano a los 510 millones, el más alto del listado.
También figuran Emiliano Mongilardi, director de YPF, con más de 309 millones; Juan Pablo Carreira —conocido en redes como «Juan Doe»—, director de Comunicación Digital de Presidencia, con 112 millones; y el exjefe de Gabinete de Capital Humano, Leandro Massaccesi, quien fue despedido por la ministra Sandra Pettovello justamente cuando este asunto se hizo público, con 420 millones.
Entre los legisladores aparecen Santiago Santurio (340 millones), Mariano Campero (322 millones), Alejandro Bongiovanni (255 millones) y Lorena Villaverde (225 millones), esta última con el agravante de que, según trascendió, el banco había rechazado su solicitud inicialmente y fue aprobada por intervención directa del entonces presidente del BNA, Daniel Tillard.
Una aritmética que no cierra
El Banco Nación fijó un monto máximo de 260.000 UVAs para sus créditos hipotecarios, equivalentes a poco más de 483 millones de pesos al valor actual. Para acceder a esos montos, los requisitos crediticios exigen ingresos que superen ampliamente los 10 millones de pesos mensuales —con un codeudor de ingresos similares—, dado que la cuota no puede representar más del 25% del salario. Eso significa cuotas mensuales que, en varios de estos casos, superarían los 5 millones de pesos.
El problema es que varios de los beneficiados ocupan cargos de designación política: directores de organismos, secretarios de Estado, funcionarios de confianza del Poder Ejecutivo. Son posiciones que, por definición, pueden durar lo que dure el gobierno que los nombró. En el mejor de los escenarios —incluyendo una eventual reelección de Milei—, estaríamos hablando de seis años más de estabilidad laboral. Comprometer una hipoteca a 20 o 30 años sobre esa base es, cuanto menos, una apuesta arriesgada… a menos que alguien haya facilitado condiciones que no estaban disponibles para el resto de los argentinos.
Las preguntas que quedan abiertas
La oposición no tardó en reaccionar. El diputado Esteban Paulón presentó un pedido de informes solicitando detalles sobre las condiciones de otorgamiento, evaluaciones de riesgo y posibles excepciones. La diputada Mónica Frade, de la Coalición Cívica, fue más lejos y presentó una denuncia penal por posible negociación incompatible con la función pública, abuso de autoridad y administración fraudulenta.
Desde el Banco Nación, la respuesta fue institucional: el proceso es «homogéneo, sin excepciones» y completamente digitalizado. Pero la misma entidad reconoció la existencia de líneas diferenciales para empleados estatales, que no aplican a los tomadores mencionados.
Lo que queda expuesto no requiere demasiados rodeos: el mismo espacio político que prometió privatizar el Banco Nación, que cuestionó durante años el rol de la banca pública y que pidió a los argentinos ajustarse el cinturón, aparece como el principal usuario —y beneficiario— de sus condiciones más favorables. La Justicia deberá determinar si hubo irregularidades. Pero la pregunta política ya está en el aire, y es difícil de ignorar: ¿por qué el Estado que querían destruir fue lo primero que usaron cuando necesitaron ayuda?
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