La política energética impulsada por el Gobierno de Javier Milei basada en la eliminación de subsidios a la luz y el incremento de los precios mayoristas, generó un impacto sin precedentes en todo el país, perjudicando directamente a la economía de los hogares formoseños. Según los datos relevados, los usuarios de ingresos bajos y medios fueron los más castigados por el ajuste, registrando aumentos tarifarios del 2.374% y 1.862%, respectivamente, entre noviembre de 2023 y marzo de 2026.
Esta evolución responde a una “unificación de precios estacionales” que eliminó las diferencias según la capacidad económica de los usuarios y profundizó la desigualdad. Mientras que los hogares de ingresos altos partían de un costo de $22.571 en 2023, al inicio de la gestión de Javier Milei los sectores más vulnerables abonaban $2.976,32 y los de ingresos medios $3.752. En la actualidad, los tres niveles pagan un valor unificado de $73.625 y los de mayor capacidad económica solo tuvieron un incremento de 226%.
El trasfondo del tarifazo: los costos mayoristas también se dispararon
El fuerte incremento en las facturas también responde al traslado de costos fijados por el Gobierno nacional. En el caso de REFSA, la estructura de costos del sistema evidenció subas calificadas como “brutales”.
El cargo por potencia, un componente fijo mensual, registró un aumento del 9.906%: el valor por MW pasó de unos $80.000 a fines de 2023 a más de $8.005.215 en marzo de 2026, multiplicándose por más de 99 veces. Si se toma en cuenta el aumento en el Precio Medio Residencial se puede observar que este incremento fue mayormente absorbido por los usuarios de ingresos bajos y medios.
A esto se suma el impacto en el transporte y la infraestructura, ya que el costo de abastecer de energía a la provincia también se disparó: el subtotal por transporte y mantenimiento saltó de aproximadamente $26,4 millones a más de $1.828 millones, lo que representa un incremento del 6.825% en el mismo período.
El escenario macroeconómico derivado de estos ajustes fomenta la inflación y genera un «estrés financiero» que golpea directamente el bienestar social. Entre las consecuencias inmediatas se reporta una pérdida significativa del poder adquisitivo en los hogares, un incremento de la presión económica generalizada y una notable disminución en el consumo local y la actividad comercial.
Ante este complejo panorama, el Gobierno de Formosa mantiene una política de contención a través del subsidio al Valor Agregado de Distribución (VAD), único componente donde la jurisdicción provincial tiene potestad, mientras que la generación, potencia y transporte son regulados por Nación. Es decir, la Provincia absorbe parte de los costos operativos para evitar que el impacto final en el bolsillo del usuario sea aún más devastador. Si bien el subsidio provincial busca ser una barrera de contención, el ajuste sin precedentes aplicado por la Nación generó una transformación sistémica del mercado que busca el aplanamiento social a costa de los sectores más vulnerables.
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