El Gobierno de Javier Milei quedó nuevamente en el centro de la polémica tras retirar acreditaciones a periodistas que cubrían habitualmente la Casa Rosada y el Congreso, en una decisión que fue interpretada por sectores del periodismo como un intento de disciplinar a medios críticos.
La medida, aplicada en las últimas horas, afecta a trabajadores de prensa de medios como Ámbito Financiero, El Destape, Tiempo Argentino y La Patriada. Entre los periodistas alcanzados por la decisión se encuentran Liliana Franco, Jonatan Heguier, Javier Slucki, Tatiana Scorciapino y Fabián Waldman, quienes se desempeñaban con normalidad en la cobertura diaria hasta la aplicación de las restricciones.
Según denunciaron, la medida se implementó sin explicaciones formales ni procedimientos claros, lo que generó cuestionamientos sobre la transparencia y la legalidad del accionar oficial.
‼️ «Cada vez que se están por renovar las acreditaciones en Casa Rosada o hay un problema en las conferencias de prensa, el gobierno busca una excusa para desacreditar a alguien»
🗣️ En su descargo, @JonHeguier afirmó: «Estaba cantado que esto iba a suceder, que iban a echar… pic.twitter.com/EkhT6b3c0m
— El Destape 1070 (@eldestape_radio) April 7, 2026
Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires advirtieron que el Gobierno «intenta silenciar al periodismo crítico» mediante la exclusión de profesionales que desarrollaban su tarea con normalidad. El gremio enmarcó lo ocurrido en un contexto más amplio de confrontación sostenida entre el oficialismo y la prensa, caracterizado por descalificaciones públicas, limitaciones al acceso a la información y una creciente tensión institucional.
Entre los casos señalados, la periodista Tatiana Scorciapino relató que se le negó el ingreso tras ser identificada en una lista sin que mediara una notificación previa. Episodios similares fueron reportados por otros cronistas, lo que refuerza la percepción de arbitrariedad en la aplicación de la medida.
El argumento oficial remite a una investigación impulsada por la Secretaría de Inteligencia de Estado sobre una presunta red de desinformación conocida como «La Compañía», que habría operado en el país con vínculos extranjeros. Sin embargo, organizaciones periodísticas advierten que no se puede utilizar una investigación de este tipo como fundamento para restringir el trabajo de la prensa sin pruebas públicas ni garantías.
CENSURA EN CASA ROSADA
Tal como advertimos, el Gobierno intenta silenciar al periodismo crítico y no permite el ingreso a varios acreditados.
¡Exigimos que las y los compañeros puedan trabajar con normalidad! https://t.co/S2Dzcyez4I— SiPreBA – Sindicato de Prensa de Buenos Aires (@sipreba) April 6, 2026
Un patrón de confrontación con los medios
La decisión se suma a una serie de medidas previas que marcaron la relación entre el Gobierno de Milei y el periodismo. En 2025, el Ejecutivo impulsó cambios en las conferencias de prensa en la Casa Rosada, incluyendo mecanismos para limitar intervenciones de periodistas, lo que ya había generado rechazo en el sector.
Más recientemente, la creación de una oficina oficial destinada a «desmentir» informaciones periodísticas fue interpretada por analistas como un intento del Estado de posicionarse como árbitro de la verdad, en detrimento del rol independiente de los medios.
En este contexto, especialistas advierten sobre la consolidación de una lógica que combina la estigmatización del periodismo crítico con políticas concretas de restricción. El resultado, señalan, es un escenario en el que se favorece a medios afines mientras se dificulta el acceso de voces disidentes a espacios clave de información. Organizaciones periodísticas advierten que limitar el ingreso de cronistas no solo afecta a los profesionales directamente involucrados, sino también al derecho de la sociedad a estar informada.
La discusión, que ya comenzó a escalar en ámbitos sindicales y políticos, podría derivar en presentaciones formales para exigir explicaciones al Ejecutivo y garantizar criterios claros, públicos y no discriminatorios en la asignación de acreditaciones. Mientras tanto, el episodio deja planteada una tensión abierta entre el Gobierno y el periodismo, con impacto directo en la calidad del debate democrático.
Con información de El Plural
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