La controversia por los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios del Gobierno sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones del Ministro de Economía, Luis Caputo, y la decisión de la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, de apartar a uno de su Jefe de Gabinete. Caputo afirmó en una entrevista televisiva que «no hay nada ilegal ni inmoral» en el acceso de funcionarios a estos préstamos y aseguró que él mismo incentivó a miembros del Gobierno a solicitarlos. «Yo le digo a todo el mundo: vayan a tomar créditos hipotecarios», expresó, al tiempo que sostuvo que se trata de «una oportunidad única» y que los beneficiarios no recibieron ventajas diferenciales.
El caso expone una contradicción política más que jurídica. Caputo insiste en que los préstamos fueron otorgados en condiciones normales y sin privilegios, en línea con el argumento de que los funcionarios cobran sus sueldos en el banco. Sin embargo, el despido de Leandro Massaccesi tras acceder a un crédito por más de 400 millones de pesos sugiere que, al menos dentro del propio oficialismo, no todos consideran que se trate de una práctica aceptable.
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Ahí es donde el discurso oficial empieza a tensarse. Porque no se trata solo de legalidad, sino de legitimidad. En ese contexto, Pettovello decidió apartar a Massaccesi, por ende, su reacción implica reconocer que hay un problema de fondo, incluso si no configura delito.
La contradicción se vuelve aún más evidente cuando se observa quiénes accedieron a estos créditos. Funcionarios del área económica, como Federico Furiase o Felipe Núñez, no solo forman parte del Gobierno, sino que además orbitan espacios de decisión que tienen influencia directa o indirecta sobre el sistema financiero. Esto alimenta la sospecha de un posible conflicto de intereses: no es lo mismo un ciudadano común que un funcionario con capacidad de incidencia.
En ese marco, la denuncia presentada por la diputada Mónica Frade, que apunta a posibles casos de tráfico de influencias y fallas en la evaluación de la capacidad de repago, agrega otra capa de complejidad. Incluso si la operatoria fuera formalmente correcta, queda abierta la duda sobre si se respetaron los criterios de prudencia que deberían regir en una entidad pública.
Pero el punto más delicado no está en los tribunales, sino en la coherencia política. El Gobierno que llegó con un discurso contra «la casta» y contra los privilegios del Estado enfrenta ahora una situación en la que varios de sus propios dirigentes aparecen beneficiados por el mismo sistema que cuestionaban. Y frente a eso, las respuestas no son uniformes. Por un lado, Caputo relativiza, justifica y hasta promueve el acceso a estos créditos. Por el otro, Pettovello sanciona. Dos lecturas opuestas dentro de una misma administración. Dos formas de entender el ejercicio del poder.
La pregunta, entonces, ya no es solo si hubo ilegalidad. Es si el Gobierno puede sostener un discurso de austeridad y equidad mientras tolera —o incluso alienta— prácticas que, como mínimo, generan sospechas de privilegio. Y sobre todo, si puede explicar por qué, en un mismo gabinete, lo que para algunos es «normal», para otros es motivo de despido.
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