Un informe elaborado por el Diputado nacional Guillermo Michel sobre la recaudación y coparticipación en el primer trimestre de 2026 pone sobre la mesa un dato contundente: las provincias perdieron, en términos reales, alrededor de $1,1 billones. La cifra describe una tensión fiscal creciente. En ese contexto, el informe señala que la caída de los recursos coparticipables está vinculada principalmente al deterioro de la actividad económica —con impacto directo en la recaudación del IVA local— y a cambios normativos, como la derogación de la suspensión de los certificados de exclusión en la percepción aduanera del IVA.
De acuerdo con el relevamiento, apenas el 32% de los $50,6 billones recaudados fue transferido a las provincias mediante el régimen de coparticipación. En términos reales, esto implicó una caída del 6,3% interanual, acumulando ocho meses consecutivos de retroceso. La consecuencia directa es una fuerte presión sobre las cuentas provinciales, que enfrentan dificultades para sostener gastos corrientes y compromisos financieros.
La merma en el IVA no es un dato aislado: refleja una caída en el consumo cotidiano. Menores ventas en comercios, menor circulación de dinero y un poder adquisitivo debilitado impactan de lleno en este impuesto, uno de los principales componentes de la coparticipación. En otras palabras, cuando baja el IVA, lo que está en retroceso es la actividad económica del día a día: menos compras en supermercados, menos movimiento en el comercio y un consumo más restringido.
Menos recursos y más discrecionalidad
Frente a esta caída inédita en los recursos transferidos a las provincias, el Gobierno avanzó con el Decreto 219, que habilita adelantos de fondos por hasta $400.000 millones. En sus considerandos, el decreto de Nación señala las dificultades que atraviesan algunas provincias para «atender financieramente los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de su presupuesto de gastos y la amortización de deudas». Sin embargo, el informe del diputado advierte que esta herramienta «no es universal» y deja afuera a varias provincias.
Coparticipación: las provincias perdieron -$1,1 billones en el primer trimestre del 2026 y el Gobierno activa adelantos financieros a algunas provincias
1. En el primer trimestre de 2026 el total de los recursos tributarios alcanzó los $50,6 billones. Solo el 32% de ese… pic.twitter.com/F6Fsfxrmph
— Guillermo Michel (@MichelGuilleOK) April 4, 2026
El decreto establece un esquema de asistencia selectivo: no todas las provincias están habilitadas a acceder a los anticipos. El anticipo alcanza únicamente a Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán, a las que se suma Entre Ríos, que ya había recibido fondos previamente a través del Decreto 922/25.
En cuanto a los montos, el informe advierte que la asignación carece de criterios claros y queda sujeta a decisiones discrecionales. El total destinado a estos anticipos tiene un tope de $400.000 millones para el conjunto de las provincias incluidas. Además, estos fondos deben ser reintegrados dentro del mismo ejercicio fiscal y devengan una tasa de interés del 15% anual. En la práctica, esto implica que las provincias no solo reciben menos recursos, sino que además deben endeudarse para compensar esa caída.
Un sistema en tensión
Más allá de la coyuntura, el informe vuelve a poner en evidencia las debilidades estructurales del esquema de coparticipación definido por la Ley de Coparticipación Federal 23.548, que combina transferencias automáticas con mecanismos discrecionales como los Aportes del Tesoro Nacional. En contextos de crisis, esta combinación amplifica las tensiones entre Nación y provincias, especialmente cuando la distribución de fondos extraordinarios carece de criterios transparentes.
En este contexto, el debate vuelve a poner el foco en un punto sensible del federalismo argentino: la equidad en la distribución de los recursos. Con provincias que ven caer sus ingresos en términos reales y una asistencia nacional que no alcanza a todas por igual, crecen los cuestionamientos sobre los criterios utilizados para asignar fondos en medio de la crisis.
Mientras tanto, la combinación de menor recaudación, mayor dependencia financiera y mecanismos discrecionales de ayuda profundiza la incertidumbre en las administraciones provinciales. Sin reglas claras y previsibles, el riesgo es que la coparticipación pierda su función de garantizar un reparto equitativo de los recursos y quede cada vez más condicionada por decisiones discrecionales del oficialismo nacional.
Fuente: informe elaborado por el Diputado nacional Guillermo Michel.
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