La Comisión conjunta de Economía y Economías Regionales de la Cámara de Diputados, presididas por Julia Strada y Luis Basterra respectivamente, convocó a una reunión informativa en la que productores, trabajadores y especialistas del sector yerbatero expusieron la profunda crisis que atraviesa la actividad. La jornada puso en evidencia que el sector yerbatero es un caso testigo del modelo de desregulación y abandono del gobierno nacional.
La presidenta de la Comisión de Economía Julia Strada señaló al finalizar la misma la necesidad de que desde la política no se queden únicamente con los marcos teóricos, sino que se apunte a resolver problemas concretos: «La realidad que hoy trajeron requiere nuestra intervención urgente. Tendremos distintas miradas, pero requiere nuestra intervención urgente. Por eso, esta comisión convocó hoy a los diputados de todos los partidos, a los tareferos, a los productores, a otros diputados de provincias, a que pudieran contar la realidad”.
Luego añadió: «Tres años después la desregulación con esas leyes tienen resultados concretos, tienen personas, productores, tareferos, que vienen a relatar los impactos en la vida cotidiana de esas ideas que se tradujeron en decretos y en leyes. Y me parece que nuestra responsabilidad política, como diputados y diputadas, es trabajar sobre la realidad, ya no solo sobre los marcos teóricos, sino sobre la realidad”.
Por último, reafirmó el pedido para que desde el oficialismo habiliten el debate: «Fíjense que no les pido que firmen dictamen conmigo, tampoco les pido que firmen nuestros proyectos, les pido que abran el debate. Esta casa de la democracia es para eso».
El presidente de la comisión de Economías regionales, Luis Basterra celebró la reunión: “Destacamos la participación de cada uno de los presentes en esta comisión. Seguramente encontremos puntos de coincidencia y puntos en donde debatiremos. Nosotros estamos convencidos que hay otra forma de llegar y de generar posicionamiento de un producto como la yerba que es con con inclusión y desarrollo y no exclusión como viene pasando. Los esfuerzos tienen que estar hechos de manera conjunta”.
El también diputado Oscar Herrera Ahuad dijo: «El artículo 42 de la Constitución Nacional dice que las autoridades deben proveer a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de mercado y al control del monopolio naturales y legales. El mandato constitucional es la base legal para prevenir los abusos de posición dominante en la economía”.
La reunión se desarrolló en un escenario de crisis estructural para el sector: precio del kilo de hoja verde por debajo del costo de producción, imposibilidad de fijar precios de referencia tras el desmantelamiento del INYM, concentración del mercado, recorte del programa IDER como único financiamiento disponible para pequeños productores y cooperativas, y un éxodo laboral creciente hacia Brasil.
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En su intervención, Ángel Ozeñuk, productor yerbatero y referente de los productores autoconvocados de la zona norte de Misiones (San Vicente, Misiones) remarcó: «Por el 2023, un productor necesitaba para comprar 1 litro de gasoil 2kg de hoja verde, hoy en la actualidad el productor necesita 11 kg y medio para 1 litro de gasoil: le pido a las industrias que me digan cómo quieren que sobreviva un productor en la chacra, como quieren que sobreviva la familia yerbatera».
El caso del sector yerbatero constituye un caso testigo de lo que sucede con la desregulación llevada a cabo por Javier Milei. El DNU 70/2023 llevó a la eliminación de la fijación del precio de la yerba colocando a los productores en una situación de profunda vulnerabilidad. Hoy los productores yerbateros cobran $220 por kg de hoja verde, un valor que representa apenas el 13,1% del precio de góndola, el peor registro desde 2019.
La situación es tal que, según el propio INYM, el costo de producir un kilogramo de hoja verde asciende a $424 —sin contemplar impuestos ni rentabilidad—, lo que implica una pérdida mínima de $204 por cada kilogramo cosechado, equivalente al 92,7% de lo que efectivamente recibe el productor. Y esto se agrava por la forma en que cobran: apenas el 50% al momento de entrega, y el resto en cuotas a 30, 60, 90 y hasta 120 días, en un contexto de creciente aumento de cheques rechazados.
La brecha entre lo que recibe el productor y lo que paga el consumidor final nunca fue tan grande: en términos reales, al productor le pagan un 66,6% menos por kg de hoja verde que lo que correspondería si el precio hubiera seguido la inflación desde diciembre de 2023. Sin previsibilidad de precios y sin garantías mínimas para cubrir costos, miles de productores y trabajadores rurales de Misiones están optando por el éxodo laboral hacia Brasil.
Fuente: CEPA
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